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URÍA & MENÉNDEZ |
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La información contenida en esta Circular es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico A informaçao contida nesta Circular é de carácter geral e nao constitui assessoramento jurídico. |
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CIRCULAR MEDIO AMBIENTECIRCULAR DE DIREITO DO AMBIENTEAVISO: Con efectos a partir del presente número, y para prestar un mejor servicio a clientes y amigos, la Circular de Medio Ambiente de Uría & Menéndez incluirá dos novedades: una breve reseña de las Sentencias más novedosas en materia ambiental, y las novedades legislativas y jurisprudenciales más importantes en materia ambiental de Portugal.
AVISO: Com efeitos a partir do presente, e com o objectivo de prestar um melhor serviço a clientes e amigos, a Circular de Direito do Ambiente da Uría & Menéndez passará a incluir duas novidades: uma breve resenha das santenças mais inovadoras em matéria ambiental e as novidades legislativas e jurisprudenciais em matéria ambiental em Portugal.
E S P A Ñ A NORMATIVA ESTATAL Suelos contaminados.Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. BOE de 18 de enero de 2005 (Más información). Asignación individual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.Resolución de 26 de enero de 2005 de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de enero de 2005, por la que se aprueba la asignación individual de derechos de emisión a las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. BOE de 28 de enero de 2005 (Más información). Acceso a la información en materia ambiental.Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca). BOE de 16 de febrero de 2005 (Más información). Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. BOE de 26 de febrero de 2005 (Más información). Prevención y control integrados de la contaminación.Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. BOE de 10 de marzo de 2005 (Más información). NORMATIVA AUTONÓMICA País Vasco. Suelos contaminados.Ley 1/2005, de 4 de febrero, de protección del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, previniendo la alteración de sus características químicas derivada de acciones de origen antrópico. BOPV de 16 de febrero de 2005 (Más información). Cataluña. Prevención y control integrados de la contaminación.Decreto 50/2005, de 29 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 4/2004, de 1 de julio, reguladora del proceso de adecuación de las actividades existentes a la Ley 3/1998 de 27 de febrero, y de modificación del Decreto 220/2001, de gestión de las deyecciones ganaderas. D.O.G.C de 31 de marzo de 2005 (Más información). Comunidad Foral de Navarra. Protección ambiental.Ley Foral 4/2005, de 24 de marzo, de intervención para la protección ambiental. B.O.N de 1 de abril de 2005 (Más información). JURISPRUDENCIA Responsabilidad por vertidos. Aznalcóllar.Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 22 de noviembre de 2004 (Más información). Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Anulación Parcial del Plan Gestor de Residuos Especiales de Navarra.Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 19 de julio de 2004 (Más información). Contaminación acústica. Intimidad personal y familiar e inviolabilidad del domicilio.Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 18 de febrero de 2005 (Más información). P O R T U G A L LEGISLAÇÃO Conservação dos Habitats Naturais e da Flora e Fauna Selvagens - Protecção das Aves SelvagensDecreto-Lei n. 49/2005, de 24 de Fevereiro (I Série-A) (Mais informação). Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão relativo ao Período de 2005-2007Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2005, de 3 de Março, publicada no Diário da República n.º 44, de 3 de Março (I Série-B) (Mais informação). Gases com Efeito de Estufa. Programa de Monitorização e Avaliação do Plano Nacional para as Alterações ClimáticasResolução do Conselho de Ministros n.º 59/2005, de 13 de Janeiro, publicada no Diário da República n.º 47, de 8 de Março (I Série-B) (Mais informação). Criação de um Sistema Nacional de Inventário de Emissões por Fontes e Remoção por Sumidouros de Poluentes AtmosféricosResolução do Conselho de Ministros n.º 68/2005, de 13 de Janeiro, publicada no Diário da República n.º 54, de 17 de Março (I Série-B) (Mais informação). Limitação da Colocação no Mercado e da Utilização de algumas Substâncias e Preparações PerigosasDecreto-Lei n.º 72/2005, de 18 de Março (I-Série-A) (Mais informação). JURISPRUDÊNCIA Associação de Defesa do Ambiente - Caducidade da Classificação do Parque Natural da ArrábidaAcórdão do Supremo Tribunal Administrativo (STA) de 17 de Fevereiro de 2005 (Mais informação). Loteamento - Parque Natural da Ria FormosaAcórdão do Supremo Tribunal Administrativo (STA) de 9 de Fevereiro de 2005 (Mais informação). Licenciamento de uma Construção - Reserva Ecológica Nacional (REN) - Decisão Extemporânea da Delegação Regional do Ministério do Ambiente e Recursos NaturaisAcórdão do Supremo Tribunal Administrativo (STA) de 9 de Fevereiro de 2005 (Mais informação). |
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E S P A Ñ A
NORMATIVA ESTATAL
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. BOE de 18 de enero de 2005.
En aplicación de los artículos 27 y 28 de la Ley 10/1998, de Residuos, el Real Decreto 9/2005 tiene por objeto establecer una relación de actividades susceptibles de causar contaminación en el suelo, así como adoptar los criterios y estándares necesarios para poder declarar un suelo como contaminado.
El Real Decreto 9/2005 dedica especial atención a la obligación de ciertas personas y entidades a suministrar información a las autoridades competentes en lo que pueda referirse a la contaminación de suelos. Así, los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo estarán obligados a remitir al órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el Anexo II del Real Decreto 9/2005.
Examinado el informe preliminar de situación, la Comunidad Autónoma correspondiente podrá recabar del titular de la actividad o del propietario del suelo informes complementarios más detallados, datos o análisis que permitan evaluar el grado de contaminación del suelo, que en todo caso deberá realizarse de acuerdo con los criterios y estándares que se establecen en el propio Real Decreto.
Por otro lado, los titulares de las actividades potencialmente contaminantes estarán también obligados a remitir periódicamente informes de situación -cuyo contenido y periodicidad serán determinados por las Comunidades Autónomas-, particularmente en los supuestos de establecimiento, ampliación y clausura de la actividad.
Además, los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante estarán obligados a presentar un informe de situación cuando se solicite una licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente de las actividades potencialmente contaminantes o que suponga un cambio de uso del suelo.
Por último, y respecto de los suelos en los que concurra alguna de las circunstancias del Anexo IV, se realizará una valoración detallada de los riesgos que puedan suponer para la salud humana o los ecosistemas. Tras realizar la valoración de riesgos, el titular de la actividad o, en su caso, el titular del suelo, pondrá dicha valoración en conocimiento del órgano competente de la Comunidad Autónoma, a los efectos de su declaración o no como suelo contaminado.
Tomando en consideración la información recibida, así como otras fuentes de información disponibles, la Comunidad Autónoma declarará, en su caso, un suelo como contaminado para los correspondientes usos atendiendo a los criterios expuestos en el Anexo III. La declaración de un suelo como contaminado obligará a la realización de las actuaciones necesarias para proceder a su recuperación ambiental en los términos y plazos dictados por el órgano competente. Los suelos contaminados perderán esta condición cuando se realicen en ellos actuaciones de descontaminación que, en función de los diferentes usos, garanticen que aquellos han dejado de suponer un riesgo inadmisible para el objeto de protección designado, salud humana o ecosistemas. En todo caso, un suelo dejará de tener la condición de contaminado para un determinado uso una vez exista y sea firme la resolución administrativa que así lo declare, previa comprobación de la efectividad de las actuaciones de recuperación practicadas.
Por último, hay que tener en cuenta que, de conformidad con el Real Decreto 9/2005, los propietarios de fincas en las que se haya realizado alguna actividad potencialmente contaminante estarán obligados a declarar tal circunstancia en las escrituras públicas que documenten la transmisión de derechos sobre aquéllas. La existencia de tal declaración se hará constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de la inscripción a que tal transmisión dé lugar.
La resolución administrativa por la que se declare el suelo contaminado se hará constar en el folio de la finca o fincas registrales a que afecte, por medio de nota extendida al margen de la última inscripción de dominio. La nota marginal de declaración de suelo contaminado se cancelará en virtud de una certificación expedida por la Administración competente, en la que se incorpore la resolución administrativa de desclasificación.
Resolución de 26 de enero de 2005 de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de enero de 2005, por la que se aprueba la asignación individual de derechos de emisión a las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. BOE de 28 de enero de 2005.
De conformidad con el Real Decreto-Ley 5/2004, por la presente Resolución se acuerda la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de enero de 2005, por el que se aprueba definitivamente la asignación individual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (Plan Nacional de Asignación 2005-2007).
Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca). BOE de 16 de febrero de 2005.
El 25 de julio de 1998, el Plenipotenciario de España firmó en Aarhus (Dinamarca) el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, adoptado en el mismo lugar y fecha.
El Convenio de Aarhus tiene como objetivo fundamental hacer efectivo el principio de rendición de cuentas y transparencia en la toma de decisiones en materia de medio ambiente. Para ello, regula el derecho de acceso a la información en materia ambiental (sujetos legitimados, limitaciones, procedimiento, etc.), así como el derecho de participación ciudadana en la toma de decisiones en materias relacionadas con el medio ambiente.
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. BOE de 26 de febrero de 2005.
Con los objetivos de reducir la cantidad de residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos y mejorar su gestión, así como de reducir la peligrosidad de sus componentes y fomentar la reutilización de los aparatos, se aprobó la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que se transpone al ordenamiento jurídico español mediante el presente Real Decreto 208/2005.
El Real Decreto 208/2005 tiene por objeto mejorar el comportamiento ambiental de todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, tales como los productores, distribuidores, usuarios, y en particular, la de aquellos agentes directamente implicados en la gestión de los residuos derivados de estos aparatos.
El Real Decreto 208/2005 se aplica a todos los aparatos eléctricos y electrónicos que figuran en las categorías indicadas en su Anexo I, y se excluyen los que formen parte de otro tipo de aparatos no incluidos en su ámbito de aplicación, así como los equipos destinados a fines específicamente militares.
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. BOE de 10 de marzo de 2005.
La disposición final primera de la Ley 9/2005, incorpora una modificación al artículo 22 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, que supone la eliminación de la imposición de límites de emisión propia de la autorización ambiental integrada, en lo que se refiere a emisiones de dióxido de carbono (CO2).
NORMATIVA AUTONÓMICA
Ley 1/2005, de 4 de febrero, de protección del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, previniendo la alteración de sus características químicas derivada de acciones de origen antrópico. BOPV de 16 de febrero de 2005.
La Ley 10/1998, de residuos (posteriormente desarrollado por el Real Decreto 9/2005), así como la Ley 3/1998, de protección general del medio ambiente del País Vasco, sentaron las primeras bases para establecer un régimen de protección del suelo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Con el objeto de dar desarrollo aquellas normas, se fija como objetivo de la Ley 1/2005, la protección del suelo de esta Comunidad Autónoma y la prevención de su contaminación derivada de acciones antrópicas, y se establece, asimismo, el régimen aplicable a los suelos contaminados y alterados existentes en dicho ámbito territorial, en aras de preservar el medio ambiente y la salud de las personas.
Decreto 50/2005, de 29 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 4/2004, de 1 de julio, reguladora del proceso de adecuación de las actividades existentes a la Ley 3/1998 de 27 de febrero, y de modificación del Decreto 220/2001, de gestión de las deyecciones ganaderas. D.O.G.C de 31 de marzo de 2005.
En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional de la Ley 4/2004, de 1 de julio, reguladora del proceso de adecuación de las actividades con incidencia ambiental a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental, el Decreto 50/2005 aprueba un programa escalonado de adecuación a la citada Ley 3/1998, que figura en su Anexo 1.
El Decreto 50/2005 también desarrolla y concreta aquellas disposiciones de la Ley 3/1998 que lo requieren, a fin y efecto de facilitar su aplicación. Así, se concreta de forma detallada cuáles son las actividades sujetas al proceso de adecuación, la documentación que hay que presentar a la Administración, el procedimiento administrativo aplicable y los entes y órganos de gestión que son competentes. En el Anexo 2 del Decreto 50/2005 se establecen los requisitos y procedimiento de acreditación de las unidades técnicas de verificación ambiental encargadas de verificar los documentos de evaluación ambiental que se tienen que adjuntar a la solicitud de autorización ambiental y de licencia ambiental.
Finalmente, mediante Disposiciones Adicionales se modifican determinados preceptos del Decreto 220/2001, de 1 de agosto, de gestión de las deyecciones ganaderas, con la finalidad de que el sistema de intervención administrativa aplicable a las actividades agrícolas y ganaderas se armonice con los sistemas de prevención y control regulados en la Ley 3/1998.
Ley Foral 4/2005, de 24 de marzo, de intervención para la protección ambiental. B.O.N de 1 de abril de 2005.
La Ley Foral 4/2005 tiene por objeto regular las distintas formas de intervención administrativa de las Administraciones públicas de Navarra para la prevención, reducción y el control de la contaminación y el impacto ambiental sobre la atmósfera, el agua, el suelo, así como sobre la biodiversidad, de determinadas actividades, públicas o privadas, como medio de alcanzar la máxima protección posible del medio ambiente en su conjunto.
Quedan sujetos a la Ley Foral 4/2005 los planes, programas, proyectos y actividades, de titularidad pública o privada, incluidos en alguno de sus anejos, que en su concepción, puesta en marcha o ejecución sean susceptibles de alterar las condiciones del medio ambiente o de producir riesgos sobre afecciones para el medio ambiente o la seguridad o salud de las personas y sus bienes.
Así, la Ley Foral 4/2005 regula distintos tipos de control ambiental previo de determinadas actividades, según su mayor o menor incidencia en el medio ambiente. En dichas formas de intervención cabe distinguir las autorizatorias y las de informe o evaluación. Las primeras consisten en dos tipos de autorizaciones de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (la autorización ambiental integrada y la autorización de afecciones ambientales), y en una licencia municipal de actividad clasificada, complementadas todas ellas con la correspondiente autorización o licencia de apertura o puesta en marcha de la actividad. Entre las segundas destacan la evaluación de impacto ambiental de proyectos y la evaluación ambiental estratégica de planes y programas.
Por último, cabe resaltar que la Ley Foral 4/2005 deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma y, en particular:
a) Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de actividades clasificadas para la protección del medio ambiente.
b) Ley Foral 13/1994, de 20 de septiembre, de gestión de los residuos especiales.
c) Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de control de actividades clasificadas para la protección del medio ambiente.
d) Decreto Foral 229/1993, de 19 de julio, por el que se regulan los estudios de planes y proyectos de obras a realizar en el medio natural.
e) Decreto Foral 580/1995, de 4 de diciembre, de asignación de funciones relativas a la evaluación de impacto ambiental.
JURISPRUDENCIA
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 22 de noviembre de 2004.
La rotura de un dique de una balsa de almacenamiento de residuos mineros tuvo como consecuencia el vertido incontrolado de sustancias altamente contaminante al dominio público hidráulico, que obligó a la Administración Pública a iniciar una urgente tarea de limpieza que, sin embargo, no evitó completamente la producción de daños al medio ambiente.
El Tribunal Supremo considera que la empresa titular de la explotación de la balsa no puede exonerarse de la responsabilidad por el suceso amparándose en la defectuosa redacción del proyecto técnico por parte de terceras empresas. La empresa titular de la explotación es responsable, tanto de la elección de las empresas redactoras del proyecto, como de la vigilancia de los elementos de control de la balsa. Ante un elemento de riesgo, tiene la responsabilidad de establecer los medios de control y supervisión, y de emplearlos efectivamente.
Considerando, pues, responsable del vertido a la empresa titular de la explotación, el Tribunal Supremo distingue los gastos que la explotadora tiene que asumir en concepto de “reposición de las cosas a su estado anterior”, que se corresponden con las tareas de limpieza y contención del vertido, de aquellos otros en concepto de indemnización, a los que tiene que hacer frente por aquellos daños efectivamente causados, que no pudieron se atajados.
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 19 de julio de 2004.
El caso que se plantea en esta sentencia es el de la conformidad a derecho del Plan Gestor de Residuos Especiales de Navarra, aprobado por el Parlamento de dicha Comunidad Foral. En el Plan Gestor, se dispone específicamente la ubicación de una planta depuradora de aguas residuales en el que no se cumplían las exigencias de distancia mínima establecidas por el artículo 4 del Decreto 2414/1961, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (el “raminp”). La cuestión que se plantea pues, es resolver sobre la aplicabilidad en Navarra de este Reglamento.
El Tribunal considera -manteniendo el criterio establecido por la misma Sala en su sentencia de 1 de abril de 2004-, que el artículo 4 del raminp engarza con el título competencial en materia de medio ambiente de artículo 149.1.23ª, por lo que lo considera normativa de carácter básico. En consecuencia, el distanciamiento del raminp en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra exigiría que la normativa propia de esta Comunidad Foral haya sustituido aquella por otra cuya potencialidad protectora no sea menor.
Al no haber aprobado la Comunidad Foral de Navarra normativa alguna en sustitución del raminp, en los términos antes referidos, falla el Tribunal Supremo declarando contrarias a Derecho, las disposiciones del Plan Gestor de Residuos Especiales de Navarra que prevén la planta depuradora de aguas residuales a una distancia inferior a los dos mil metros del núcleo de población más cercano que establece el raminp.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 18 de febrero de 2005.
En el presente caso se impugnaba la resolución del Director General de Obras Públicas de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno de La Rioja que denegaba la retirada de las bandas sonoras existentes en la carretera LR-250 a su paso por la localidad de Villamediana de Iregua, a la altura de la vivienda del actor.
El Tribunal considera probado que desde la instalación de las bandas sonoras en la carretera (con la finalidad de disminuir la velocidad de los vehículos a su paso por ese tramo), el nivel de ruido derivado de la incesante circulación existente en el punto donde se encuentran las bandas es superior al permitido por la Ordenanza de Villamediana de Iregua, que sirve como punto de referencia, ocasionando una contaminación acústica que, si bien no pone en peligro la salud del actor o de su familia, si que les priva del derecho de disfrute de su domicilio, impidiendo el normal desarrollo de su intimidad personal y familiar, de acuerdo con los usos sociales existentes en la actualidad, por lo que se aprecia la infracción del derecho fundamental reconocido en el artículo 18.2. de la Constitución.
Esta sentencia supone de nuevo, como afirma el propio Tribunal, la aplicación de la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que señala que, en determinados casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales, aún cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar, privándola del disfrute de su domicilio, en los términos del artículo 8.1 del Convenio de Roma.
P O R T U G A L
LEGISLAÇÃO
Decreto-Lei n. 49/2005, de 24 de Fevereiro (I Série-A).
O presente Decreto-Lei dá nova redacção aos artigos 1.º a 22.º e 24.º a 26.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, que procedeu à transposição para a ordem jurídica portuguesa da Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril, relativa à conservação das aves selvagens (Directiva Aves) e da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (Directiva Habitats).
O diploma visa contribuir para assegurar a biodiversidade, através da conservação ou do restabelecimento dos habitats naturais e da flora e da fauna selvagens num estado de conservação favorável, de protecção, gestão e controlo das espécies, bem como da regulamentação da sua exploração.
Os objectivos referidos no parágrafo anterior são aplicados tendo em conta as exigências ecológicas, económicas, sociais, culturais e científicas, bem como as particularidades regionais e locais.
Para prosseguir os objectivos definidos, o diploma prevê uma rede ecológica de âmbito europeu - REDE NATURA 2000, que compreende as áreas classificadas como “zona especial de conservação” (ZEC) - definida como um “sítio de importância comunitária no território nacional em que são aplicadas as medidas necessárias para a manutenção ou restabelecimento do estado de conservação favorável dos habitats naturais ou das populações das espécies para as quais o sítio é designado” - e as áreas classificadas como “zona de protecção especial” (ZPE) - entendida como uma “área de importância comunitária no território nacional em que são aplicadas as medidas necessárias para a manutenção ou restabelecimento do estado de conservação das populações de aves selvagens inscritas no anexo A-I e dos seus habitats, bem como das espécies de aves migratórias não referidas neste anexo e cuja ocorrência no território nacional seja regular”.
A classificação de ZEC depende de prévia aprovação da lista de sítios de importância comunitária, pelos órgãos competentes da União Europeia, com base na lista nacional de sítios e segundo o procedimento previsto na Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio. A classificação de ZPE reveste a forma de decreto regulamentar e abrange as áreas que contêm os territórios mais apropriados, em número e extensão, para a protecção das espécies de aves constantes no anexo A-I, bem como das espécies de aves migratórias não incluídas no referido anexo e cuja ocorrência no território nacional português seja regular.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2005, de 3 de Março, publicada no Diário da República n.º 44, de 3 de Março (I Série-B).
Aprova o Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão (PNALE) relativo ao período de 2005-2007 e define a metodologia e os critérios de atribuição de licenças de emissão de gases com efeito de estufa (GEE) às instalações situadas em território nacional que se conformem com a definição constante da alínea g) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 233/2004, de 14 de Dezembro, que determina que por “nova instalação” se deve entender a instalação que desenvolva uma ou mais das actividades constantes do Anexo I que, após a notificação à Comissão do PNALE, tenha obtido um título ou uma actualização do título de emissão de gases com efeito de estufa na sequência da alteração da natureza ou do funcionamento ou de ampliação da instalação.
O diploma fixa em 114,48 Mt CO2 o total de licenças de emissão a atribuir às instalações no período de 2005 a 2007.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2005, de 13 de Janeiro, publicada no Diário da República n.º 47, de 8 de Março (I Série-B).
Ao abrigo do Protocolo de Quioto, a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros podem cumprir os respectivos compromissos em conjunto. Assim, estabeleceu-se uma meta de redução global de 8% das emissões de GEE (gases com efeito de estufa) para a Comunidade Europeia, tendo-se definido, ao abrigo do compromisso comunitário de partilha de responsabilidades, metas diferenciadas para cada um dos Estados-Membros.
Portugal assumiu o compromisso de limitar o aumento das suas emissões de gases com efeito de estufa em 27%, no período 2008-2012, relativamente aos valores de 1990.
Para atingir aquele objectivo, Portugal aprovou um conjunto de medidas, consubstanciado no Plano Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC, 2004).
Pretende-se, agora, com o presente Programa de Monitorização e Avaliação do PNAC, assegurar, através do conjunto de indicadores de execução, eficácia e cumprimento, o conhecimento do seu previsível impacte no balanço nacional de emissões de GEE. Tal informação permitirá identificar, em tempo útil, lacunas e ineficiências e respectivas causas na execução de políticas e medidas por parte dos agentes envolvidos.
Para além da componente operacional, o Programa de Monitorização e Avaliação do PNAC estabelece uma relação institucional entre diversas entidades, públicas e privadas, prestadoras de informação essencial para a monitorização de políticas e medidas, divulgando-a a diversos níveis de acesso.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2005, de 13 de Janeiro, publicada no Diário da República n.º 54, de 17 de Março (I Série-B).
O estabelecimento do adequado enquadramento legal e institucional que suporte a elaboração anual do Inventário Nacional de Emissões Antropogénicas por Fontes e Remoção por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos (INERPA) é uma demonstração da determinação do Estado Português em honrar os seus compromissos internacionais (designadamente, ao nível comunitário) no âmbito da protecção, controlo e gestão da qualidade do ar ambiente e das obrigações decorrentes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC) e do Protocolo de Quioto (PQ).
Pretende-se, assim, a criação de um sistema fidedigno que assegure a transparência, a coerência, a comparabilidade, a exaustividade e o rigor do INERPA.
O estabelecimento de um Sistema Nacional de Inventário, obrigatório a partir de 2007 em cumprimento do artigo 5.1 do PQ, é, pois, um ponto-chave da política de combate às alterações climáticas, uma vez que é com base no inventário de emissões e em projecções baseadas nos dados para ele recolhidos que se calculam metas, se podem consistentemente estimar esforços de redução, e se monitoriza e verifica o respectivo cumprimento.
Embora as obrigações decorrentes da CQNUAC e do Protocolo de Quioto sejam as únicas a exigir o estabelecimento de um Sistema Nacional que garanta a elaboração do Inventário Nacional de Emissões Antropogénicas por Fontes e Remoção por Sumidouros de Gases com Efeito de Estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, com directrizes bem definidas, considera-se que o seu enquadramento legal e institucional deve ser alargado à elaboração de um inventário nacional de emissões antropogénicas por fontes e remoção por sumidouros dos poluentes atmosféricos, permitindo, assim, não só um reforço na qualidade da informação, mas também uma optimização de recursos humanos e materiais atribuídos para a elaboração do inventário.
Decreto-Lei n.º 72/2005, de 18 de Março (I-Série-A).
O presente Decreto-Lei transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Directiva n.º 2003/53/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera pela vigésima sexta vez a Directiva n.º 76/769/CEE, do Conselho, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas.
As alterações agora introduzidas respeitam à limitação da comercialização e da utilização de nonilfenol, etoxilados de nonilfenol e cimento contendo crómio VI.
JURISPRUDÊNCIA
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (STA) de 17 de Fevereiro de 2005.
Uma Associação de Defesa do Ambiente intentou acção para reconhecimento de direito ou interesse legítimo contra o Conselho de Ministros, pedindo que fosse reconhecida a caducidade da classificação do Parque Natural da Arrábida, alegando que teria caducado a classificação como Parque Natural, face à não aprovação do respectivo Plano de Ordenamento que deveria ter sido elaborado no prazo de 3 anos contados da data da publicação do Decreto Regulamentar n.º 23/98, de 14 de Outubro, o que não aconteceu. Defendeu, assim, a manifesta caducidade da classificação do Parque Natural e, consequentemente, a falta de protecção de toda a área por ele abrangida.
Por sentença, foi julgada procedente a questão dilatória da ilegitimidade da Autora na acção e, assim, absolvido o Réu da instância.
Em sede de recurso, considerou o STA que, no caso em análise, o direito a reconhecer seria a caducidade da classificação do Parque Natural da Arrábida, pretendendo a Autora proteger o direito de propriedade dos proprietários de terrenos situados na sua área de intervenção.
Analisados os Estatutos da Autora, concluiu-se que esta era uma associação especialmente criada para a defesa do ambiente e do património ambiental. Contudo, o que a Autora peticionava era claramente contrário ao seu objecto social, ou seja, a Autora vinha pedir que fosse declarada a caducidade da classificação do Parque Natural. Ora, nos Estatutos da Autora estava consagrada a defesa do ambiente e não a sua desprotecção, que seria, em última análise, o resultado que se obteria, se, a final, viesse a ser julgada procedente a pretensão da Autora.
Alegava a Autora que “peticionou o reconhecimento da caducidade da classificação do Parque Natural da Arrábida, não com o intuito de proteger os proprietários dos terrenos situados no parque, mas por forma a promover o correcto ordenamento do território da Serra da Arrábida”. Todavia, como salientou o STA, são os alegados direitos e expectativas legítimas desses proprietários que a Autora invocava para fundamentar o pedido formulado.
Assim, concluiu o STA que, e “independentemente de qualquer consideração ou apreciação sobre a questão que é objecto do pedido”, a Autora não era titular do direito cujo reconhecimento é peticionado, não obtendo qualquer utilidade imediata da eventual procedência da acção.
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (STA) de 9 de Fevereiro de 2005.
O Decreto-Lei n.º 289/73, de 6 de Junho que regulava “a intervenção das autoridades administrativas responsáveis nas operações de loteamento”, previamente à apresentação do “pedido de loteamento” propriamente dito, concedia aos interessados a faculdade de “requerer à Câmara Municipal da situação do prédio informação sobre a possibilidade de realizar as operações previstas neste diploma e seus condicionamentos”. Sendo favorável a decisão da Câmara sobre o pedido de viabilidade do loteamento, então o interessado dispunha do prazo de um ano a contar da data em que essa decisão camarária lhe fora comunicada para “apresentar o respectivo pedido de loteamento” sob pena de a decisão sobre o pedido de informação caducar.
Encontrando-se o prédio onde o interessado pretendia executar o loteamento em questão parcialmente inserido na área do Parque Natural da Ria Formosa, cujos limites se encontram definidos pelo Decreto-Lei n.º 373/87, de 9 de Dezembro, previamente à aprovação do loteamento tinha a Câmara Municipal de consultar o Director do Parque.
Tendo a Comissão de Coordenação da Região do Algarve (CCRA) e no que respeita ao loteamento em questão após consulta que era obrigatória informado a Câmara Municipal que o loteamento pretendido “mereceu parecer desfavorável, uma vez que se localiza na Zona de Reserva Natural, de acordo com o Zonamento a que se refere o nº 3 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 373/87, de 9 de Dezembro, que cria o Parque Natural da Ria Formosa, sendo estabelecida a interdição, nomeadamente do loteamento naquela área”, esse parecer desfavorável emitido pela CCRA tinha carácter vinculativo por se ter fundado em condicionamento legal.
Cominando o artigo 65.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 400/84 a “nulidade” dos actos das Câmaras Municipais respeitantes a operações de loteamento quando não sejam precedidos da audiência das entidades que devam ser consultadas bem como “quando não sejam conformes com qualquer dos respectivos pareceres vinculativos”, como aconteceu na situação em apreço, dado ter a Câmara Municipal aprovado o loteamento através de deliberação que contrariou aquele parecer vinculativo da CCRA, está essa deliberação inquinada de vício determinante da sua nulidade nos termos daquele preceito.
Por outra via, não tendo a deliberação que aprovou o loteamento respeitado a consulta do Director do Parque, nunca esse loteamento poderia ser legalmente executado, por o acto licenciador não poder produzir qualquer efeito.
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (STA) de 9 de Fevereiro de 2005.
Enquanto o Regime da Reserva Ecológica Nacional, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Julho e revisto pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março não estiver delimitado, os pedidos de licenciamentos de obras nos locais que previsivelmente as irão integrar serão apreciados de acordo com o regime transitório previsto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 93/90, nos termos do qual a Câmara Municipal, recebido o projecto, tem de o remeter, imediatamente, à Delegação Regional do Ministério do Ambiente e Recursos Naturais (DRMARN) para que esta se pronuncie sobre ele e, sendo o mesmo conforme os requisitos legais, o aprove expressamente no prazo de 60 dias, a contar da recepção do projecto, valendo o silêncio desta entidade, no prazo legal, como aprovação da construção.
O STA, através do presente acórdão, trata da questão de saber qual a natureza dos actos proferidos pelas autoridades a quem a lei confere poder de intervenção nos procedimentos administrativos destinados ao licenciamento de obras particulares, para que se possa pronunciar sobre a questão de saber se, mesmo tardia, como foi o caso, a decisão de não aprovação do projecto proferida pela DRMARN é revogatória do seu anterior indeferimento tácito e, porque assim, se poderá servir de fundamento à decisão de indeferimento da Câmara Municipal.
O STA considera que, sub judice, está um verdadeiro acto administrativo, obrigatório e vinculativo, definidor da situação jurídica dos requerentes que, sendo lesivo, é imediatamente recorrível.
Deste modo, e tendo essa pronúncia sido desfavorável, a falta de impugnação desse acto expresso determina a sua consolidação definitiva na ordem jurídica, ainda que este seja extemporâneo. E, porque assim, a Câmara Municipal terá de decidir o pedido de acordo com esse parecer negativo.
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