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La información contenida en esta Circular es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico |
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LEGISLACIÓNMarítimo Seguridad marítima Reglamento (CE) núm. 884/2005, de 10 junio, de la Comisión, que fija los procedimientos para las inspecciones de la Comisión en el ámbito de la protección marítima (DOUE L 148, de 11 de junio de 2005). Regula los procedimientos que la Comisión utilizará en las inspecciones que efectúe para vigilar la aplicación del Reglamento (CE) nº 725/2004 en cada Estado miembro y en las instalaciones portuarias y las compañías pertinentes. Prescribe que las inspecciones que examinan los sistemas de control de calidad y medidas y estructuras de protección marina nacionales, se desarrollarán de manera transparente, eficaz, armonizada y coherente. Las inspecciones se realizarán por los inspectores de la Comisión, empleados de la Comisión o la Agencia Europea de Seguridad Marítima, o por inspectores nacionales a los que la Comisión ha encomendado participar en sus inspecciones. Los Estados miembros garantizarán que los inspectores de la Comisión tengan acceso a toda documentación pertinente en materia de protección marítima cuando lo soliciten. Los Estados miembros se esforzarán en poner a disposición de la Comisión inspectores nacionales capaces de participar en las inspecciones de ésta, incluidas las fases preparatoria y de presentación de informes, pero los inspectores nacionales no participarán en las inspecciones que la Comisión lleve a cabo en el Estado miembro en que estén empleados. Sociedade de Classificação de Navios Decisão da Comissão de 18 de Abril de 2005 relativa à prorrogação do reconhecimento da “RINAVE- Registro Internacional Naval, SA” como sociedade de classificação de navios para Portugal. A Comissão das Comunidades Europeias adoptou a decisão de conceder o reconhecimento limitado, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 4º da Directiva 2000/491/CE, às sociedades de classificação de navios que cumprissem determinados critérios. A RINAVE - Registro Internacional Naval, SA foi reconhecida, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 4º da Directiva 2000/491/CE, como uma sociedade de classificação de navios para Portugal por um período de três anos. Através desta Decisão, a Comissão vem prorrogar o reconhecimento limitado da RINAVE por mais três anos a contar da data da sua adopção, circunscrita a Portugal. Ferrocarril Condiciones laborales Directiva 2005/47/CE del Consejo de 18 de julio de 2005 relativa al acuerdo entre la Comunidad de Ferrocarriles Europeos (CER) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (EFT) sobre determinados aspecto de las condiciones de trabajo de los trabajadores móviles que realizan servicios de interoperatividad transfronteriza en el sector ferroviario (DOUE L 195, de 27 de julio de 2005). Al amparo de las excepciones que pueden establecerse en relación con la aplicación de determinados preceptos de la Directiva 2003/88/CE respecto de aquellos trabajadores del sector ferroviario cuyo tiempo de trabajo se desarrolla a bordo de trenes, la Directiva tiene por objeto aplicar el Acuerdo celebrado el 27 de enero de 2004 entre la Comunidad de Ferrocarriles Europeos (CER) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (EFT) sobre determinados aspecto de las condiciones de trabajo de los trabajadores móviles que realizan servicios de interoperatividad transfronteriza. Esta Directiva, cuyo plazo de transposición se demora hasta julio de 2008, prevé, asimismo, que los Estados miembros adopten el régimen de sanciones aplicables a las infracciones de las normas que la transpongan. ESPAÑA Marítimo Titulaciones marítimas Real Decreto 652/2005, de 7 de junio, sobre títulos profesionales marítimos, que modifica el Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre de 2000, que regula el nivel mínimo de formación en profesiones marítimas (BOE número 143, de 16 de junio de 2005). Este Real Decreto tiene como finalidad incorporar al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 2003/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, por lo que se hace necesaria la modificación del Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre. Las modificaciones consisten en la introducción de normas generales sobre reconocimiento de títulos profesionales expedidos por otros estados y normas específicas sobre reconocimiento de títulos profesionales expedidos por Estados miembros de la Unión Europea y por estados no miembros de la Unión Europea. Asimismo, se establecen nuevas directrices sobre los acuerdos entre los estados parte para permitir el reconocimiento de títulos conforme a lo estipulado en la regla I/10 del Convenio STCW. Orden FOM/1839/2005, de 10 de junio, que modifica la Orden de 21 de junio de 2001, sobre tarjetas profesionales de la Marina Mercante (BOE número 144, de 17 junio de 2005). Su finalidad es la de incorporar al ordenamiento jurídico nacional algunos aspectos de la Directiva 2003/103/CE, en particular, el procedimiento de reconocimiento en España de los títulos profesionales expedidos por las autoridades marítimas de los Estados miembros de la Unión Europea. La Orden establece que la Dirección General de la Marina Mercante podrá reconocer directamente los títulos profesionales expedidos por un Estado de la Unión Europea. Dicho reconocimiento se formalizará mediante la expedición de la tarjeta profesional de marina mercante, cuyo modelo figura en Anexo a la Orden comentada, y contendrá las mismas atribuciones y limitaciones del respectivo título profesional en cuanto a las condiciones de arqueo del buque, potencia propulsora, zona de navegación o de cualquier otra naturaleza, y por el mismo plazo de validez que el título a reconocer. Tanto el interesado como la compañía naviera, habrán de solicitar el reconocimiento del título a la Dirección General de la Marina Mercante, aportando una serie de documentación. Puertos Ley 6/2005, de 1 de julio, de Modificación de la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (B.O. Región de Murcia de 19 julio 2005, núm. 164). La Ley introduce determinadas modificaciones en la Ley 3/996, de 16 de mayo, de Puertos de la Región de Murcia por la que se estableció una normativa específica y propia, en materia de puertos de refugio, deportivos y todos aquellos que no desarrollen actividades comerciales. Las modificaciones van especialmente destinadas a mejorar las expectativas y necesidades de los destinatarios del servicio portuario, y concretamente del sector pesquero y de la náutica deportiva. Incide la Ley en aspectos concretos como la ordenación de los usos en las zonas de servicio de los puertos, zonas deportivas portuarias de uso náutico-deportivo e instalaciones náutico-deportivas o la regulación del procedimiento para la adjudicación de las concesiones y autorizaciones. Por último, la Ley introduce, determinadas modificaciones consecuencia de la promulgación de la Ley 23/2003, de 23 de mayo, Reguladora del Contrato de Concesión de Obra Pública, a fin de regular el contrato de concesión de obra pública. Ley 10/2005, de 21 junio, de Puertos de las Islas Baleares (BO. Illes Balears 2 julio 2005, núm. 100). La Ley aparece como la primera disposición legal de la Comunidad Balear que prevé un tratamiento completo de los puertos de competencia autonómica. Hasta ahora, la materia sólo había sido objeto de atención parcial en las Directrices de Ordenación Territorial, en diversos instrumentos de planificación sectorial y en algunas disposiciones reglamentarias. El objeto de la Ley consiste, pues, en la ordenación de los puertos y de las instalaciones portuarias y marítimas de competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, así como también regular la planificación, la construcción, la organización, la gestión, el régimen económico financiero y el de policía administrativa. Como objetivos fundamentales de la Ley se destacan: a) establecer el régimen jurídico de los puertos y de las instalaciones portuarias y marítimas; b) armonizar el sistema portuario con la planificación territorial y urbanística y la preservación del litoral; c) asegurar la protección y la defensa del dominio público portuario de titularidad autonómica; d) regular las actividades que se desarrollan en el ámbito portuario, garantizando a los usuarios una prestación adecuada de los servicios portuarios de acuerdo con criterios de calidad; y, e) introducir un régimen específico de infracciones y sanciones en las materias reguladas en esta Ley. Aéreo Inspección aeronáutica Orden FOM/2140/2005, de 27 de junio, por la que se regulan los encargos a realizar por la Sociedad Estatal de Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, S.A. para la ejecución de actuaciones materiales propias de la inspección aeronáutica (BOE número 160, de 6 de julio de 2005). Esta disposición, que constituye el punto de partida de la normativa de desarrollo de la Ley de Seguridad Aérea en materia de inspección aeronáutica, regula las actuaciones materiales de inspección que SENASA puede ejecutar, en todo caso, bajo la supervisión de la Dirección General de Aviación Civil. Tales actuaciones podrán ser solicitadas, previa resolución administrativa, bien por el Ministerio de Fomento o bien directamente por los agentes del sector aeronáutico interesados. La norma dispone, además, que SENASA asume la plena responsabilidad por el contenido de la documentación que produzca como consecuencia de las actuaciones materiales que lleve a cabo. PORTUGAL Marítimo Concessão marítima Decreto-Lei n.º145/2005, de 26 de Agosto que altera o Decreto-Lei n.º 35.570, de 1 de Abril de 1946,relativo à concessão do direito de ocupação de uma parcela de terreno incluída no domínio público marítimo. Este Decreto-Lei alarga o objecto da concessão conferida pela Junta Autónoma dos Portos do Norte (actualmente Instituto Portuário dos Transportes Marítimos) à sociedade Estaleiros Navais de Viana do Castelo, Lda. (actualmente Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A.), do direito de ocupação de uma parcela de terreno incluída no domínio público marítimo, com a superfície de 35.296 m2. O objecto desta concessão, cujo destino era o exercício exclusivo da indústria de construção e reparação de navios é, assim, alargado, no sentido de permitir que a área concessionada possa ser parcialmente utilizada para a instalação de um estabelecimento industrial para o fabrico de componentes aerogeradores eólicos, justificando-se esta alteração pela estreita complementaridade entre as duas actividades industrias, a rentabilização de uma área desaproveitada, o equilíbrio económico da concessão e os potenciais reflexos económicos adjacentes. Ratificação de Convenção Aviso n.º 275/2005 relativo à ratificação da Convenção sobre o Direito Relativo à Utilização dos Cursos de Água Internacionais para Fins Diversos da Navegação. Dá-se publicidade ao depósito do instrumento de ratificação por parte do Governo da República Portuguesa, a 22 de Junho de 2005, da Convenção sobre o Direito Relativo à Utilização dos Cursos de Água Internacionais para Fins Diversos da Navegação, assinada em Nova Iorque a 21 de Maio de 1997. A Convenção, aprovada pelo Decreto n.º 16/2005, publicada no Diário da República, 1ª série-A, n.º 44, de 3 de Março de 2005, entrará em vigor no 19º dia seguinte à data do depósito do 35º instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. Aéreo Aviação Civil. Participação de ocorrências a bordo das aeronaves Regulamento interno n.º 6/2005, de 24 de Junho - Modelo de participação de ocorrências a bordo das aeronaves com passageiros desordeiros, emitido pelo Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P. (Diário da República, II Série, n.º 120, de 24 de Junho de 2005). Este Regulamento interno foi já anulado pelo Aviso n.º 6776/2005 (2ª Série), de 18 de Julho, tendo então sido aprovado pelo Instituto Nacional de Aviação Civil o Regulamento n.º 50/2005, de 18 de Julho. Aviso n.º 6776/2005 (2ª Série), emitido pelo Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P. (Diário da República, II Série, n.º 136, de 18 de Julho de 2005). Visto ter havido um lapso na publicação inserida no Diário da República, II Série, n.º 120, de 24 de Junho de 2005, o Instituto Nacional de Aviação Civil ordenou a anulação do Regulamento interno n.º 6/2005, de 24 de Junho. Regulamento n.º 50/2005, de 18 de Julho - Modelo de participação de ocorrências a bordo das aeronaves com passageiros desordeiros, emitido pelo Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P. (Diário da República, II Série, n.º 136, de 18 de Julho de 2005). Na sequência da anulação do Regulamento interno n.º 6/2005, de 24 de Junho, pelo Aviso n.º 6776/2005, o Instituto Nacional de Aviação Civil aprovou o presente regulamento, cujos propósitos e fundamento legal constituem uma reprodução do diploma anulado. Assim, este Regulamento foi publicado na sequência da 33ª assembleia geral da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), realizada em 2001, que aprovou um projecto de legislação tipo, relativo a infracções praticadas por passageiros desordeiros, a ser adoptado por todos os Estados Contratantes. Tendo o Regulamento (CE) n.º 2320/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, estabelecido regras comuns no domínio da segurança da aviação civil, o Decreto-Lei n.º 254/2003, de 18 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 208/2004, de 19 de Agosto, veio evidenciar as constantes e crescentes preocupações com o problema da segurança da aviação civil, assim dando execução à mencionada deliberação da assembleia geral da OACI. Dada a necessidade de existência de uma participação da ocorrência ao Instituto Nacional de Aviação Civil para que este instituto, em cumprimento do disposto no art. 7º do Decreto-Lei n.º 254/2003, de 18 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 208/2004, de 19 de Agosto, possa instaurar e instruir os processos de contra-ordenação e proceder à aplicação das respectivas coimas, e considerando a importância da uniformização destes procedimentos, este Regulamento veio aprovar o modelo de participação, nas versões portuguesas e inglesa, a ser utilizado pelas companhias aéreas. Transporte Rodoviário Transporte Internacional Rodoviário de Passageiros e Mercadorias Decreto n.º 19/2005 relativo à aprovação pelo Governo do Acordo sobre Transportes Internacionais Rodoviários de Passageiros e Mercadorias celebrado entre a República Portuguesa e a Ucrânia. O Governo aprova este Acordo que visa regular e facilitar os transportes rodoviários entre Portugal e a Ucrânia, atendendo à necessidade de promover a colaboração no sector no quadro da economia de mercado e ao desejo de contribuir e promover o desenvolvimento do comércio e das relações económicas entre os dois países. Através deste Acordo, estabelece-se o regime das necessárias autorizações prévias para o transporte de passageiros e de mercadorias entre os dois Países, isentando-se de tal necessidade determinados serviços de transporte. Define-se igualmente o regime fiscal e aduaneiro aplicável em virtude do mesmo. Veículos a Motor. Pesos e dimensões máximos autorizados para os veículos em circulação Decreto-Lei n.º 99/2005, de 21 de Junho: transpõe para o direito interno a Directiva n.º 2002/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Fevereiro, que altera a Directiva n.º 96/53/CE, do Conselho, de 25 de Julho, aprova um novo regulamento que fixa os pesos e as dimensões máximos autorizados para os veículos em circulação e vem regulamentar o n.º 1 do art. 57º e o n.º 3 do art. 114º do Código da Estrada. Este Decreto-Lei aprova o Regulamento que fixa os Pesos e as Dimensões Máximos Autorizados para os Veículos em Circulação (veículos a motor e seus reboques), transpondo para o ordenamento jurídico português a Directiva acima referida. Na referência às dimensões máximas dos veículos para efeitos de circulação, refere-se concretamente o comprimento, largura e altura máximos dos veículos. Apontam-se quais os dispositivos não tomados em consideração na medição das dimensões e os pesos brutos máximos dos veículos para efeitos de circulação. Estabelece que indicações deverão figurar na placa de dimensões. Veículos a Motor. Tarifas das inspecções e reinspecções. Portaria n.º 572-A/2005, de 30 de Junho, dos Ministérios da Administração Interna e da Economia e da Inovação. Procede à actualização, em consequência da alteração da taxa do imposto de IVA de 19% para 21%, dos montantes das tarifas das inspecções e reinspecções dos veículos a motor, seus reboques e semi-reboques e das tarifas pela emissão de segunda via da ficha de inspecção, constantes do anexo da Portaria n.º 1468/2004, de 20 de Dezembro. Veículos a Motor. Montagem de empilhadores à retaguarda. Despacho n.º 14 714/2005 (2.ª série) - Direcção Geral de Viação - Ministério da Administração Interna. Regula a montagem de empilhadores à retaguarda, em veículos das categorias europeias N3 e O4. A montagem de empilhadores especialmente concebidos para serem transportados à retaguarda, em veículos das referidas categorias, deverá constar do documento de identificação do veículo em anotações especiais, através da anotação «C/ empilhador amov.», seguida do número de identificação do empilhador. Enuncia os elementos que deverão acompanhar os pedidos de aprovação da montagem de empilhadores amovíveis, a serem apresentados nos serviços regionais da Direcção Geral de Viação. De entre esses elementos são destacados os elementos que integram a especificação técnica da montagem do empilhador. Veículos a Motor. Livrete Despacho n.º 14 715/2005 (2.ª série) - Direcção Geral de Viação - Ministério da Administração Interna. Aprova o modelo de guia de substituição do livrete. O modelo aprovado passa a ser emitido por via informática, devendo apresentar a identificação completa do veículo e ser validado através da aposição de carimbo ou selo branco em uso nos serviços. Ferroviário Transportes Ferroviários. COTIF Aviso relativo à alteração da Convenção relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários. A 7 de Abril de 2005, tornou-se público que o Governo da República Portuguesa depositou a carta de aprovação do Protocolo de 3 de Junho de 1999 que altera a Convenção relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários (COTIF), de 9 de Maio de 1980. O Protocolo foi aprovado pelo Decreto n.º 3/2004. Transportes Ferroviários. Concessão serviço de transporte ferroviário eixo norte-sul Decreto-Lei n.º 78/2005 relativo à concessão da exploração do serviço de transporte ferroviário de passageiros do eixo norte-sul à Sociedade FERTAGUS - Travessia do Tejo, Transportes, S.A. Na sequência do concurso publico internacional regulado pela portaria n.º 565-A/97, de 28 de Julho, conforme o despacho conjunto n.º 731/98, dos Ministros das Finanças e do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território foi atribuída a concessão da exploração do serviço de transporte ferroviário de passageiros do eixo norte-sul à sociedade FERTAGUS - Travessia do Tejo, Transportes, S.A. O Estado na qualidade de concedente, e a sociedade FERTAGUS - Travessia do Tejo, Transportes, S.A., na qualidade de concessionário, revelaram disponibilidade para renegociar global e integralmente o contrato devido ao reduzido volume de tráfego previsto para o período inicial (final do ano 1999 até 2002). Neste contexto, este Decreto-Lei 78/2005 estabelece as bases revistas da concessão da exploração do serviço de transporte ferroviário de passageiros do eixo norte-sul, identificando as obrigações do concessionário e garantindo condições de qualidade, comodidade, rapidez e segurança. O contrato de concessão vigora até 31 de Dezembro de 2010, podendo ser prorrogado por um período adicional de nove anos. Transportes Ferroviários. Licenças Regulamento n.º 42/2005, aprovado pelo Conselho de Administração sobre os procedimentos necessários para obtenção de licenças para o exercício da actividade de prestação de serviços de transporte ferroviário. O Regulamento n.º 42/2005 estabelece, ao abrigo do disposto no n.º 5 do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 270/2003, de 28 de Outubro, os procedimentos necessários para obtenção de licenças para o exercício da actividade de prestação de serviços de transporte ferroviário, bem como as metodologias a adoptar na avaliação do cumprimento dos requisitos relativos a demonstração da cobertura de responsabilidade civil a que se refere o art. 8º do mesmo diploma legal. O seu âmbito de aplicação estende-se às empresas estabelecidas em Portugal que pretendem prestar serviços de transporte ferroviário no território nacional ou noutros estados membros da União Europeia, dispondo ainda sobre o reconhecimento a nível nacional de licenças emitidas noutros estados membros da União Europeia. JURISPRUDENCIA ESPAÑA Marítimo Prescripción de acciones Sentencia de la Sala lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de febrero de 2005 [JUR 2005\118657]. Conforme a la citada sentencia, y en el ámbito de un transporte marítimo internacional en régimen de conocimiento de embarque, el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de repetición que compete al transitario (que ha indemnizado al perjudicado) contra el porteador marítimo es el establecido en artículo 952 del Código de Comercio, es decir, un año desde la entrega. Responsabilidad del transitario Sentencia de la Sala lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de abril de 2005 [JUR 2005\124113]. Se resuelven en la sentencia ahora comentada diversas cuestiones de indudable interés jurídico. Así, en primer lugar, se declara que, interesada por la transitaria demandada en su calidad de porteador contractual la intervención forzosa en el procedimiento de la naviera efectivamente causante de los daños, en su calidad de porteador efectivo, no procede estimar tal solicitud por no estar expresamente contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, y en aplicación de las normas reguladoras del transporte marítimo internacional en régimen de conocimiento de embarque, se resuelve que la omisión de reservas en el conocimiento de embarque no constituye requisito de procedibilidad. Por tanto, su ausencia no determina el decaimiento de la acción de reclamación, sino que el efecto no es otro que el establecimiento de la presunción iuris tantum de que las mercancías fueron entregadas por el porteador en la forma consignada en el conocimiento de embarque. Finalmente, y por lo que respecta a la responsabilidad en que pudiera incurrir el transitario, se declara que puede ser variada atendiendo a los compromisos contraídos frente al cargador, y según haya asumido o no como propia la obligación de transportar. Transporte por carretera Seguro de transporte Sentencia de la Sala lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de enero de 2005 [JUR 2005\54735]. La citada resolución admite al igual que lo hiciera la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2002, que el seguro de daños a la mercancía suscrito por el porteador terrestre opera, en realidad, como un seguro de responsabilidad civil a los efectos, por parte de los perjudicados, del ejercicio de la acción directa. Sin embargo, ello no justifica que la aseguradora pueda limitar la indemnización aseguraticia a los límites de responsabilidad del porteador establecidos legalmente, máxime cuando la reclamación se contrae al ámbito interno contractual entre asegurado y aseguradora. Sentencia de la Sala lo Civil de la Audiencia Provincial de Navarra de 15 de marzo de 2005 [JUR 2005\105284]. La citada resolución dispone que, toda vez que el artículo 3 del Convenio CMR extiende la responsabilidad del transportista a aquella directamente imputable a todas las otras personas a cuyo servicio recurra para la ejecución del transportes, no procede el ejercicio de la acción subrogatoria establecida en el artículo 43 de la Ley del Contrato de Seguro contra dichas otras personas. Es decir, que el asegurador del transportista asegurado no podría ejercitar tal acción de recobro contra aquellos transportistas cuyos actos comprometan la responsabilidad del asegurado ex artículo 3 del Convenio CMR no obstante reconocerse al propio asegurado la facultad de ejercitar la correspondiente acción de repetición al amparo del artículo 1904 del Código Civil. Sentencia de la Sala lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de marzo de 2005 [JUR 2005\125233]. Resuelve la Sala en esta sentencia que la cláusula de exclusión de cobertura, establecida en la póliza, para el supuesto en que se transportaren mercancías peligrosas constituye una cláusula delimitadora del riesgo asegurado y no, por contra, como limitativa de los derechos del asegurado. Distinción que ha sido analizada, entre otras, en las Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de mayo y 16 de octubre de 2000, 22 de febrero de 2001 y 26 de enero de 2004. Reclamación contra el porteador contractual Sentencia de la Sala lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de abril de 2005 [JUR 2005\129361]. La referida resolución declara que el transportista efectivo causante del daño indemnizado, carece de acción de repetición contra el agente de transporte o transitario que contrató la ejecución del transporte con dicho porteador efectivo. Y fundamenta tal resolución, sin duda intachable, en la aplicación de las normas que, sobre el transporte sucesivo, se recogen en el Convenio CMR, pese a reconocer que no nos hayamos, en tal supuesto, ante un transporte sucesivo. Existe, no obstante, como reconoce la resolución judicial, una identidad de rezón que justifica la aplicación de la ley especial sobre la común o general. Transporte multimodal Régimen jurídico aplicable Sentencia de la Sala lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de abril de 2005 [JUR 2005\114691]. Señala la sentencia ahora comentada que el contrato de transporte multimodal constituye un contrato único para el transporte de mercancías por, al menos, dos modos de transporte. Se caracteriza esencial y sustancialmente por el hecho de integrar los diversos modos de transporte en una única relación obligacional. Consecuencia de esta caracterización es la autonomía y la especialidad del transporte multimodal dentro del tipo contractual del transporte. No se trata, pues, de una yuxtaposición o combinación de medios, vehículos o prestaciones unimodales. El transporte multimodal tiene una sustantividad propia y diversa de los demás transportes unimodales y debe reconocérsele la misma especialidad que a éstos dentro del tipo contractual genérico del transporte. El principal problema que suscita el contrato de transporte multimodal es, precisamente, dada su caracterización y sustantividad propia, el relativo a la normativa que le ha de ser de aplicación, pues no existe ninguna norma en el Derecho español que discipline específicamente el contrato de transporte multimodal. Y tampoco existe en nuestro Derecho una regulación general apropiada del contrato de transporte. Y no resulta admisible segmentar las diversas fases para aplicar a cada una de ellas la disciplina propia del correspondiente modo de transporte, pues ello no se adecua a la naturaleza del contrato de transporte multimodal, que no es una mera yuxtaposición de prestaciones de transporte unimodal, y descuida, además, la esencia de la figura que es la integración de los diversos modos de transporte en una obligación única. Y tampoco resulta admisible aplicar a todo el contrato la regulación propia de uno de los modos de transporte utilizados. Por consiguiente, concluye la sentencia estudiada, la única solución viable es acudir a la analogía, con base en ello, derivar principios generales de la regulación uniforme de los diversos modos de transporte previstos en el Código Civil y en el Código de Comercio para aplicarlos al contrato de transporte multimodal, que, en todo caso, habrá de regirse principalmente por las propias reglas contractuales establecidas por las partes.
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