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1. INTRODUCCIÓN
El 16 de marzo de 2013 se ha publicado el Real Decreto-ley 5/2013, de
15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral
de los trabajadores de mayor edad y promover un envejecimiento activo
(el “RDL 5/2013”), con el objetivo de dar continuidad a las
reformas y propuestas iniciadas en el año 2011 relativas a la adaptación
del sistema de pensiones a la esperanza de vida. Así, la norma se
postula como un medio de promoción de un envejecimiento activo y de la
lucha contra la discriminación por edad.
El RDL 5/2013 introduce en el ordenamiento jurídico vigente la
recomendación número 12 del Informe del Pacto de Toledo aprobado por el
Pleno del Congreso de los Diputados el 25 de enero de 2011, consistente
en: (i) conceder una mayor relevancia a la carrera de cotización del
trabajador para favorecer la aproximación de la edad real de jubilación
a la edad legal de acceso a la jubilación; (ii) reservar la jubilación
anticipada a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de
cotización; y (iii) facilitar la coexistencia entre el salario y la
percepción de una prestación de jubilación.
Por otra parte, con la intención de abordar de forma integral el
envejecimiento activo, el RDL 5/2013 incorpora medidas de lucha contra
la discriminación por razón de edad en el mercado de trabajo. En este
sentido, la presente norma realiza una exhaustiva regulación del régimen
de aportaciones de las empresas con beneficios que realicen despidos de
trabajadores mayores de cincuenta años.
Sin perjuicio de lo anterior, esta norma también contiene ciertas
disposiciones de interés en procedimientos de inaplicación de convenios
en comunidades autónomas y en despidos colectivos en empresas del sector
público y entidades de crédito participadas o apoyadas por el FROB.
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2. NOVEDADES MÁS DESTACABLES DEL RDL 5/2013
2.1 Compatibilidad de la percepción de la pensión
de jubilación y los rendimientos del trabajo
El Capítulo I del RDL 5/2013 (arts. 1 al 4) regula la compatibilidad
entre el trabajo y la pensión de jubilación. De acuerdo con la
Exposición de Motivos, esta medida busca “favorecer el alargamiento de
la vida activa, reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad
Social, y aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de
estos trabajadores.”
En primer lugar, la compatibilidad entre trabajo y pensión regulada
en el RDL 5/2013 es aplicable a todos los regímenes del sistema de la
Seguridad Social, con excepción del de clases pasivas, y sin perjuicio
del régimen jurídico previsto para otras modalidades de compatibilidad
entre pensión y trabajo.
En concreto, el RDL 5/2013 prevé la posibilidad de ser pensionista
activo (compatibilizando el trabajo y la percepción de la pensión por
jubilación en su modalidad contributiva) siempre que se cumplan con los
siguientes requisitos: (i) el acceso a la pensión deberá haber tenido
lugar una vez cumplida la edad legal de jubilación; y, (ii) se deberá
haber alcanzado el 100% de la base reguladora de la pensión.
En relación con lo anterior, el trabajador podrá realizar una
actividad por cuenta propia o ajena, a tiempo completo o parcial, que
compatibilizará con la percepción del 50% de la pensión de jubilación
correspondiente, manteniendo durante todo el periodo la consideración de
pensionista a todos los efectos. Tras el periodo de actividad, se
restablecerá el pago íntegro de la pensión por jubilación.
A nivel contributivo, los empresarios y trabajadores únicamente
cotizaran por incapacidad temporal y por contingencias profesionales.
Sin embargo, el RDL 5/2013 introduce una cotización especial de
“solidaridad”, no computable para las prestaciones, del 8% (6% a cargo
de la empresa y 2% a cargo del trabajador en caso de trabajo por cuenta
ajena).
Finalmente, la disposición adicional primera del RDL 5/2013 establece
que las empresas en las que se compatibilice la prestación de servicios
con el disfrute de la pensión de jubilación no podrán haber adoptado
decisiones extintivas improcedentes en los seis meses anteriores a dicha
compatibilidad, siempre que las extinciones se hayan producido a partir
de la entrada en vigor del RDL 5/2013 y para la cobertura de aquellos
puestos de trabajo del mismo grupo que los afectados por la extinción.
Asimismo, el RDL 5/2013 impone un deber de mantenimiento del empleo
durante la vigencia del contrato del pensionista de jubilación.
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2.2 Jubilación anticipada
El RDL 5/2013 mantiene la clasificación de la jubilación anticipada
prevista en la Ley 27/2011 (forzosa, cuando el cese en el trabajo deriva
de una causa no imputable al trabajador, y voluntaria, si es
consecuencia de su voluntad), pero incrementa gradualmente la edad
mínima de acceso a fin de dotarlas de coherencia con la actual
regulación de la jubilación.
En concreto, la edad de jubilación anticipada forzosa se elevará
progresivamente de los 61 años actuales hasta los 63 años en 2027, y la
de jubilación anticipada voluntaria pasará de 63 años a 65 años en el
mismo período.
|
Requisitos |
J. Anticipada Forzosa |
J. Anticipada Voluntaria |
|
Edad mínima de acceso |
Progresivamente hasta los 63 años
de edad |
Progresivamente hasta los 65 de
edad |
|
Periodo mínimo de cotización |
33 años |
35 años |
Al mismo tiempo, y como se expone a continuación, se incrementan los
coeficientes reductores.
A. Jubilación Anticipada Forzosa
La pensión será objeto de reducción mediante la aplicación de los
siguientes coeficientes, por cada trimestre o fracción de trimestre que,
en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la
edad legal de jubilación:
|
Periodo
de Cotización |
Coeficiente Reductor |
|
Inferior a 38 años y seis meses |
1,875% |
|
Entre 38 años y seis meses y 41
años y seis meses |
1,750% |
|
Entre 41 años y seis meses y 44
años y seis meses |
1,625% |
|
A partir de 44 años y seis meses |
1,500% |
B. Jubilación Anticipada Voluntaria
La pensión será objeto de reducción mediante la aplicación de los
siguientes coeficientes reductores, por cada trimestre o fracción de
trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador
para cumplir la edad legal de jubilación:
|
Periodo
de Cotización |
Coeficiente Reductor |
|
Inferior a 38 años y seis meses |
2,000% |
|
Entre 38 años y seis meses y 41
años y seis meses |
1,875% |
|
Entre 41 años y seis meses y 44
años y seis meses |
1,750% |
|
A partir de 44 años y seis meses |
1,625% |
Para determinar la edad legal de jubilación, tanto en la jubilación
anticipada forzosa como en la voluntaria se tomará en cuenta la que
hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante
el plazo existente entre el hecho causante y el cumplimiento de la edad
de jubilación. El cómputo de los periodos de cotización se realizará
tomando períodos completos, sin que se equipare a un periodo una
fracción del mismo.
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2.3 Jubilación parcial
La nueva regulación de la jubilación parcial procura fomentar el
relevo generacional e impedir su uso como mera vía de acceso a la
jubilación anticipada.
Por una parte, los trabajadores que hayan cumplido la edad de
jubilación y puedan causar derecho a la pensión, podrán jubilarse
parcialmente sin necesidad de la celebración simultánea de un contrato
de relevo. Sin embargo, a diferencia de la anterior regulación que
permitía reducciones de jornada de hasta el 75%, la nueva regulación
sólo contempla la reducción hasta el 50%.
Por otra parte y como en la regulación anterior, también se podrá
acceder a la jubilación parcial mediante la suscripción de un contrato
relevo. Sin embargo, el RDL 5/2013 ha introducido algunas modificaciones
en el régimen aplicable. Las más destacables son las siguientes:
(i) La introducción de una escala gradual para el acceso a la
jubilación parcial (que reemplaza el anterior requisito de “haber
cumplido la edad de 61 años”). En dicha escala, la edad de acceso
va desde los 61 años en 2013 (si se tienen 33 años y tres meses de
cotización) hasta los 63 años en 2027 (si se tienen 36 años y seis
meses de cotización).
(ii) La necesidad de acreditar un periodo de cotización mínimo de
33 años, ampliando en 3 años el previsto hasta la fecha de entrada en
vigor del RDL 5/2013.
(iii) El contrato de relevo que se suscriba a los efectos de la
jubilación parcial deberá ser indefinido, a tiempo completo y su
duración de al menos dos años adicionales al tiempo que reste al
trabajador afectado. Cabe destacar que el incumplimiento de estas
condiciones implicará la obligación del empresario de reintegrar la
pensión que haya recibido el pensionista a tiempo parcial.
(iv) La reducción máxima de la jornada se ha disminuido en un 10%
(pasando del 85% a un máximo del 75%).
Como es natural, el RDL 5/2013 ha dedicado parte de su articulado a
modificar la regulación del contrato de relevo [apartados 6 y 7 del
artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores (el “ET”)] a fin de
compatibilizarlo con la nueva regulación de la jubilación parcial.
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2.4. Aportaciones al tesoro de empresas con
beneficios que realicen despidos de personas mayores de cincuenta años
En el Capítulo IV del RDL 5/2013 se encuentran las medidas para
evitar la discriminación de trabajadores de más edad en despidos
colectivos (art. 10 del RDL 5/2013) realizados a partir del 1 de enero
de 2013. Este objetivo se traduce en la modificación de la disposición
adicional decimosexta de la Ley 27/2011 y del Real Decreto 1484/2012, de
29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las
empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a
trabajadores de cincuenta o más años (el “RD 1484/2012”).
Las principales modificaciones son: (i) el establecimiento de una
condición de existencia de una superior afectación de trabajadores
mayores de cincuenta años; y (ii) la existencia de beneficios en la
empresa o grupo de empresas en un período de cuatro años.
En desarrollo de lo anterior, ni la Ley 27/2011 ni el RD 1484/2012
establecían como condición específica que existiera una afectación
superior de trabajadores mayores de cincuenta años. Así, en la normativa
vigente hasta el momento, bastaba con que el despido colectivo afectara
a trabajadores mayores de cincuenta años y que existieran beneficios en
los dos ejercicios económicos anteriores para que se generara la
obligación de realizar las correspondientes aportaciones al tesoro.
Respecto a la superior afectación de trabajadores mayores de
cincuenta años, la norma establece que ésta existe en los supuestos en
los que se despide a un porcentaje superior de trabajadores mayores de
cincuenta años en relación con el porcentaje total de trabajadores de
esa edad existente en la empresa en el momento de iniciar un despido
colectivo.
Sin perjuicio de lo anterior, el RDL 5/2013 establece que habrán de
sumarse en el cómputo los trabajadores mayores de cincuenta años que
hayan visto extinguido su contrato en virtud de motivos no inherentes a
su persona, distintos de los previstos en el artículo 49.1. c) del ET,
que hayan tenido lugar en los tres años anteriores al despido colectivo
o en el año posterior a este.
Por otra parte, se ha modificado el periodo y el plazo durante el
cual la obtención de beneficios supondrá la obligación de realizar
aportaciones al tesoro. En este sentido, el requisito de que la empresa
o el grupo de empresas tengan beneficios se entiende cumplido cuando se
dan cualquiera de los siguientes supuestos:
a) la empresa o el grupo de empresas tiene beneficios en los dos
ejercicios económicos anteriores al año en que se inicia el despido
colectivo; o
b) la empresa o el grupo de empresas tiene beneficios durante dos
ejercicios económicos consecutivos en el periodo comprendido entre el
año anterior al inicio del procedimiento de despido colectivo y los
cuatro años posteriores al inicio del procedimiento de despido
colectivo.
El RDL 5/2013 reproduce la definición de beneficios que se encontraba
antes en el artículo 2 del RD 1484/2012. Así, se considera que una
empresa ha tenido beneficios cuando el resultado del ejercicio (definido
en los modelos de cuentas anuales de pérdidas y ganancias recogidas en
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
Plan General de Contabilidad) sea positivo.
En cuanto a la base de cálculo sobre de las aportaciones al tesoro,
esta se mantiene en los términos del artículo 3.1 del RD 1484/2012,
excepto en los relativo a los importes abonados por el Servicio Público
de Empleo Estatal, referidos a los conceptos de los trabajadores mayores
de cincuenta años que hayan visto extinguido su contrato en virtud de
motivos no inherentes a su persona, distintos de los previstos en el
artículo 49.1. c) del ET, que hayan tenido lugar en los tres años
anteriores al despido colectivo, incluyendo en esta nueva versión a las
extinciones que hayan sucedido en el año posterior a este.
El coeficiente que determinará la cantidad total que debe aportarse,
depende del porcentaje total de trabajadores mayores de cincuenta años
afectados, del porcentaje de beneficios sobre los ingresos y del número
de trabajadores total en la plantilla de la empresa.
En relación con el beneficio tomado en consideración para determinar
el coeficiente, éste ha sido desarrollado por el RDL 5/2013 en función
de si éste es el resultado de los dos ejercicios económicos previos al
despido colectivo o de dos ejercicios económicos consecutivo en el plazo
del año previo al inicio del procedimiento de despido colectivo y en los
cuatro años posteriores a este.
Asimismo, en relación con el deber de comunicación a la Autoridad
Laboral, el RDL 5/2013 introduce una previsión específica para los
supuestos en los que los beneficios se produzcan en el plazo del año
previo al inicio del procedimiento de despido colectivo y en los cuatro
años posteriores a este. La comunicación en este supuesto deberá
realizarse antes de que finalice el ejercicio inmediatamente posterior a
aquél en el que se cumpla el requisito de obtención de beneficios.
En desarrollo de lo anterior, el RDL 5/2013 establece una nueva
infracción grave en materia de relaciones laborales, en el artículo 8.18
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2000, consistente en no presentar, en
tiempo y forma, ante la Autoridad Laboral el certificado firmado por
persona con poder suficiente informando sobre el cumplimiento de los
requisitos que generan el deber de aportaciones al tesoro o presentar
información falsa o inexacta.
Se mantiene el deber de realizar aportaciones al tesoro en el caso de
que antes de iniciar el procedimiento de despido colectivo o la
extinción de contratos de trabajo sin voluntad del trabajador [excepto
en los supuestos del artículo 49.1. c) del ET], el empresario haya
aplicado una medida temporal de regulación de empleo conforme a lo
establecido en el artículo 47 del ET, siempre que no haya transcurrido
más de un año entre la finalización de la situación legal de desempleo
derivada de la aplicación de medidas temporales y la extinción de
contrato de cada trabajador. En este caso, se consideran trabajadores de
cincuenta años o más aquellos que, tuvieran esa edad en el momento en el
periodo previsto para la aplicación de las medidas temporales de empleo.
A efectos del deber de aportaciones al tesoro, se consideran
incluidos en el concepto de empresa los entes, organismos y entidades
que formen parte del sector público y no tengan la consideración de
Administración Pública.
El procedimiento para la liquidación y pago de la aportación
económica queda pendiente de desarrollo reglamentario.
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2.5 Mantenimiento del régimen de jubilación
vigente antes del 1 de enero de 2013 a trabajadores cuyo contrato se
extinga en virtud de despidos colectivos o que hayan accedido a la
jubilación parcial antes de esa fecha
La disposición final quinta del RDL 5/2013 modifica el régimen para
la aplicación de la regulación de la pensión de jubilación vigente antes
del 1 de enero de 2013 a las personas con relación laboral suspendida o
extinguida en virtud de expedientes de regulación de
empleo/procedimientos de despido colectivo, convenios/acuerdos
colectivos o procedimientos concursales pactados o acordados antes de
dicha fecha.
Hasta la entrada en vigor del RDL 5/2013 el artículo 4 del Real
Decreto 1716/2013 de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones
establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, que regula
la aplicación del régimen de jubilación vigente antes del 1 de enero de
2013 resultaba aplicable únicamente a: (i) los despidos colectivos que
se hubiesen producido antes del 2 de agosto de 2011; y (ii) las
jubilaciones parciales a las que se hubiese accedido antes del 2 de
agosto de 2011.
Tras el RDL 5/2013 se mantendrá el régimen vigente hasta el 1 de
enero de 2013 a las extinciones producidas como consecuencia de
expedientes de regulación de empleo/despidos colectivos,
convenios/acuerdos colectivos o la resolución del procedimiento
concursal aprobados con anterioridad al 1 de abril de 2013, con
independencia de que las extinciones se produzcan antes o después de esa
fecha. Para que dicha previsión resulte de aplicación deberá cumplirse
la condición de que los trabajadores afectados, los representantes
unitarios y sindicales o las empresas comuniquen y pongan a disposición
de las direcciones provinciales del Instituto Nacional de Seguridad
Social (el “INSS”) antes del 15 de abril de 2013 copia de los
documentos que justifican las extinciones.
Asimismo, la norma permite a las personas que hayan accedido a la
pensión de jubilación parcial con anterioridad al 1 de enero de 2013 y
las personas incorporadas a planes de jubilación parcial aprobados antes
de esa fecha aprobados por medio de convenios/acuerdos colectivos,
mantener la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de esa
fecha. En este sentido, la norma exige la comunicación al INSS antes del
15 de abril de 2013 de los planes de jubilación parcial recogidos en
convenios/acuerdos colectivos suscritos antes del 1 de abril de 2013,
con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se produzca
antes o después de esa fecha. Junto con la documentación se presentará
certificación de la empresa acreditativa de la identidad de trabajadores
incorporados al plan de jubilación antes del 1 de abril de 2013.
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2.6 Jubilación parcial de socios trabajadores de
cooperativas incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social como
asimilados a trabajadores por cuenta ajena
A partir de la entrada en vigor del RDL 5/2013 los socios
trabajadores o de trabajo de las cooperativas podrán acogerse a la
jubilación parcial del artículo 166.2 de la LGSS. Esta posibilidad se
encuentra condicionada a: (i) que los socios estén incluidos en el
sistema de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta
ajena; (ii) que reduzcan su jornada y derechos económicos en las
condiciones previstas en el artículo 12.6 del ET; y (iii) se cumplan los
requisitos establecidos en el artículo 166.2 de la LGSS.
Por otra parte, se aplicaran las condiciones del contrato de relevo
para los supuestos en que se contrate a un socio de duración determinada
o a un desempleado para la realización, en calidad de socio trabajador o
de socio de trabajo, de la jornada dejada vacante por el socio que se
jubila parcialmente.
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2.7 Competencia de la Comisión Consultiva Nacional
de Convenios Colectivos para la resolución de controversias en materia
de inaplicación de condiciones establecidas en convenios colectivos cuyo
ámbito de aplicación sea una sola comunidad autónoma
La disposición adicional sexta del RDL 5/2013 establece que la
Comisión Nacional de Convenios Colectivos (la “CNCC”) será
competente para conocer las solicitudes presentadas por las empresas y
los representantes legales de los trabajadores, para dar solución a las
discrepancias surgidas por falta de acuerdo sobre la inaplicación de las
condiciones de trabajo establecidas en un convenio colectivo, si dicha
inaplicación afecta a centros de trabajo situados en el territorio de
una sola comunidad autónoma, cuando en el plazo de tres meses desde la
entrada en vigor del RDL 5/2013 la comunidad autónoma donde se hallen
situado los centros de trabajo no haya creado un órgano tripartito
equivalente a la CNCC. La competencia de la CNCC en este caso durara
hasta que la comunidad autónoma establezca su propio órgano tripartito
equivalente a la CNCC.
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3. ENTRADA EN VIGOR
El RDL 5/2013 entró en vigor el día siguiente al de su publicación,
es decir, el 17 de marzo de 2013. Sin embargo, es importante no perder
de vista los regímenes transitorios previstos en la citada norma y, en
particular, las relativas a la pensión de jubilación como consecuencia
de la modificación del apartado 2 de la disposición final duodécima de
la Ley 27/2011.
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1.
INTRODUCCIÓN