Novedades legislativas

Resolución de 3 de mayo de 2022. En el régimen general de las sociedades de capital, la potencial revocabilidad del derecho de separación, una vez efectuada la declaración correspondiente, ha sido un tema discutido. A falta de un pronunciamiento específico de la Ley de Sociedades de Capital (artículos 346 a 349 y 353 a 359) sobre el momento en que se produce la pérdida de la condición de socio, un sector de la doctrina ha considerado que ese efecto tiene lugar en el mismo momento en que la sociedad recibe la declaración de voluntad dirigida a desvincularse de ella, mientras otro sector ha sostenido que la recepción del mensaje secesionista únicamente determina el inicio de un proceso que culminará con el reembolso al socio de su porción societaria, ocasión en la que tendrá lugar la baja efectiva como miembro de la compañía (en este sentido se han pronunciado las sentencias del Tribunal Supremo número 4/2021, de 15 de enero, 46/2021, de 2 de febrero, 64/2021, de 9 de febrero, y 102/2021, de 24 de febrero); pues bien, entre los partidarios de esta segunda postura, algunos autores han admitido la posibilidad de que el socio revoque su declaración durante el período que media hasta el cobro del valor de su participación.

Sin embargo, en el caso de las sociedades profesionales, la contingencia de abdicar de la comunicación inicialmente efectuada a la compañía aparece desechada en el propio texto de la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales, al establecer en su artículo 13.1 que la declaración será eficaz desde el momento en que se notifique a la sociedad (así lo ha confirmado la sentencia del Tribunal Supremo número 186/2014, de 14 de abril).

En consecuencia, la aposición de un término como determinación accesoria de la voluntad secesionista no puede comportar la autoconcesión de un período de desistimiento que permita revocar la decisión. Como se señaló en la Resolución de 7 de febrero de 2012, sobre la introducción estatutaria de un plazo de preaviso en la separación voluntaria de socios, el aplazamiento de la liquidación de la posición de socio no supone una contravención de la regla de eficacia inmediata de la notificación a la sociedad del ejercicio del derecho de separación. Por tanto, no pueden constituir una junta universal quienes, con anterioridad, merced a la comunicación a la sociedad del ejercicio del derecho de separación (artículo 13.1 de la Ley de Sociedades Profesionales), han perdido su condición de socios de la compañía. Se desestima el recurso y se confirma la calificación impugnada.

BOE 126/2022, publicado el 27 de mayo.

Resolución de 4 de mayo de 2022. El recurso trata de dilucidar si procede la inscripción de la constitución de sociedad de responsabilidad limitada cuando, existiendo aportación dineraria, se incorpora un certificado expedido por entidad de crédito del que resulta que el emisor es la propia entidad y del que resulta que ha sido firmado digitalmente por dicha entidad.

El registrador deniega la inscripción porque a su juicio no se identifica a persona física como autor de la certificación y porque siendo un documento electrónico impreso, carece de código seguro de verificación (CSV), o de firma electrónica que permita su validación, sin que resulte que el notario haya llevado comprobación alguna en relación a la existencia o autenticidad del documento.

La RDGSJyFP considera que si el certificado de depósito protocolizado en la escritura pública ha sido emitido digitalmente por la propia entidad de crédito no puede exigirse la identificación de una persona física como autor del mismo. Como pusiera de relieve la Resolución de 26 de abril de 2021, no cabe exigir para los documentos electrónicos un requisito de verificación de autenticidad que no se exige para los documentos en soporte papel. La Ley de Sociedades de Capital se limita a establecer un procedimiento de acreditación de la aportación dineraria ágil, sencillo, exento de formalidades y de mínimo contenido (artículo 62.1.3 junto al artículo 189.1 del Reglamento del Registro Mercantil). Se estima el recurso y se revoca la calificación anterior.

BOE 126/2022, publicado el 27 de mayo.

Resolución de 5 de mayo de 2022. Debe decidirse si es inscribible en el Registro Mercantil el nombramiento voluntario de auditor por parte de una sociedad no obligada a verificar sus cuentas anuales, decidido por un administrador mancomunado de la compañía en quien concurre, además, la condición de apoderado con facultades para formalizar todo tipo de contratos y para otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para el ejercicio de las facultades conferidas.

Sostiene el Registrador que la certificación de la decisión sobre el nombramiento debe ser expedida por los dos administradores mancomunados que integran el órgano de administración. Considera el recurrente, por el contrario, que el artículo 109 del Reglamento del Registro Mercantil dispone que, en caso de administración conjunta «será válida [sic] el acuerdo de aquel administrador que ostente el poder de representación».

La dirección general considera que la competencia para certificar los acuerdos sociales adoptados por los órganos colegiados corresponde conjuntamente a ambos administradores mancomunados, al igual que, de la misma forma, les incumbe también la de gestión para nombrar auditor voluntario de las cuentas anuales de la compañía, sin que tales atribuciones puedan verse alteradas por la existencia de un apoderamiento a favor de uno de los administradores para la realización de operaciones propias del tráfico mercantil. Se desestima el recurso y se conforma la calificación impugnada.

BOE 126/2022, publicado el 27 de mayo.

Orden ICT/474/2022, de 20 de mayo. Modifica el apartado 4 del artículo 7, los apartados 3 y 4 del artículo 8, la letra c del apartado 1 del artículo 11, el apartado 5 del artículo 15 y el apartado 2 del artículo 32. Añade un nuevo ordinal 10.º al artículo 18.2.f), todo ello de la Orden ICT/1117/2021, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y se procede a la convocatoria correspondiente al año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE 126/2022, publicado el 27 de mayo.

Corrección de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre. Advertidos errores en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 312, de 29 de diciembre de 2021, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones.

BOE 125/2022, publicadoa el 26 de mayo.

Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo. Aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal.

BOE 125/2022, publicadoa el 26 de mayo.

Real Decreto 392/2022, de 24 de mayo. Modifica los artículos 3, 5, 7 a 11 y 13 a 16. Añade el capítulo V, todo ello del Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el Real Decreto 1760/2007.

BOE 124/2022, publicado el 25 de mayo.

Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo. Modifica el anexo III del Real Decreto 665/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

BOE 124/2022, publicado el 25 de mayo.

Resolución de 19 de mayo de 2022. Establece la retribución para el año de gas 2023 de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de gas natural licuado, de transporte y de distribución de gas natural.

BOE 124/2022, publicado el 25 de mayo.

Resolución de 19 de mayo de 2022. Establece los peajes de acceso a las redes de transporte, redes locales y regasificación para el año de gas 2023.

BOE 124/2022, publicado el 25 de mayo.

Orden SND/459/2022, de 15 de mayo. Crea la oficina de asistencia en materia de registros del Ministerio de Sanidad. Deroga parcialmente la Orden SCO/2751/2006, por la que se crea el Registro Telemático del Ministerio de Sanidad y Consumo, en lo que se refiere al Ministerio de Sanidad, de acuerdo con las competencias atribuidas a este departamento en virtud de su normativa de estructura orgánica.

BOE 123/2022, publicado el 24 de mayo.

Orden IGD/460/2022, de 17 de mayo. Crea la oficina de asistencia en materia de registros del Ministerio de Igualdad.

BOE 123/2022, publicado el 24 de mayo.

Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2021. Estima el recurso contencioso-administrativo número 173/2020 contra el apartado segundo de la Orden SND/413/2020, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos.

BOE 123/2022, publicado el 24 de mayo.

Corrección de errores de la Resolución de 27 de abril de 2022. Advertido error en el texto de la Resolución sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 107, de 5 de mayo de 2022, se procede a su rectificación.

BOE 121/2022, publicado el 21 de mayo.

Orden INT/452/2022, de 20 de mayo. Modifica la letra k) del artículo 1.1 de la Orden INT/657/2020, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

BOE 121/2022, publicado el 21 de mayo.

Orden CSM/453/2022, de 13 de mayo. Crea la oficina de asistencia en materia de registros del Ministerio de Consumo. Queda sin efecto, en cuanto afecte al ámbito competencial del Ministerio de Consumo, la Orden SCO/2751/2006, por la que se crea el Registro Telemático del Ministerio de Sanidad y Consumo, para la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones y se establecen los requisitos generales para la tramitación telemática de determinados procedimientos.

BOE 121/2022, publicado el 21 de mayo.

Orden TES/443/2022, de 17 de mayo. Dicta las normas para la aplicación de las medidas laborales y de protección por desempleo previstas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil como consecuencia de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza.

BOE 120/2022, publicado el 20 de mayo.

Corrección de errores de la Orden ICT/426/2022, de 13 de mayo. Advertidos errores en la publicación de la Orden por la que se modifica la Orden ICT/209/2022, por la que se efectúa su convocatoria para 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 115, de 14 de mayo de 2022, se procede a su corrección.

BOE 120/2022, publicado el 20 de mayo.

Resolución de 12 de mayo de 2022. Ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2022, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.

BOE 119/2022, publicado el 19 de mayo.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2527-2022. Admite a trámite el recurso promovido contra el artículo 38, apartados 2.a) y 8; anexo I.3, inciso «Lobo (Canis lupus): al norte del río Duero»; anexo II.4.f) y anexo IV.2, inciso «Lobo (Canis lupus). 6.000 euros ambos sexos», de la Ley 4/2021 de caza y de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León.

BOE 119/2022, publicado el 19 de mayo.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2545-2022. Admite a trámite el recurso promovido contra el artículo tercero.Tres (modificación de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio)  y la disposición transitoria primera.4 (régimen transitorio en materia de recargos, reducción de sanciones, limitación de pagos en efectivo y transmisiones de determinados bienes) de la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

BOE 119/2022, publicado el 19 de mayo.

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5378-2021. Admite a trámite la cuestión planteada en relación con la Ley 18/2019, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias.

BOE 119/2022, publicado el 19 de mayo.

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1913-2022. Admite a trámite la cuestión planteada en relación con el artículo 6 bis, apartado 4 (procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica) de la Ley 11/1997, de Regulación del Sector Eléctrico Canario, conforme a su redacción en la Ley 2/2011, por la que se modifican la Ley 11/1997, de Regulación del Sector Público Canario y la Ley 19/2003, por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo de Canarias.

BOE 119/2022, publicado el 19 de mayo.

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2568-2022. Admite a trámite la cuestión planteada en relación con la disposición final vigésima (modificación de la Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social) de la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para 2022, por posible vulneración de los artículos 9.3, 66.2 y 134.2 de la Constitución.

BOE 119/2022, publicado el 19 de mayo.

Resolución de 6 de mayo de 2022. Establece procedimientos de control de la jornada laboral de conductores en el sector de transportes por carretera, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2020/1057.

BOE 119/2022, publicado el 19 de mayo.

Resolución de 5 de mayo de 2022. Establece el valor del índice global de ratios de 2022 de las empresas que realizan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y las actividades de transporte, regasificación, almacenamiento subterráneo y distribución de gas natural

BOE 119/2022, publicado el 19 de mayo.

Real Decreto 374/2022, de 17 de mayo. Acomete una serie de modificaciones concretas sobre la normativa nacional reguladora del paquete lácteo. Modifica los apartados 2 y 3 del artículo 4, los apartados 2 y 3 del artículo 5, el título y los apartados 1 y 5 del artículo 6, los apartados 3 y 4 del artículo 23, el apartado 1 del artículo 25 y los anexos I, III y IV del Real Decreto 95/2019, por el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y por el que se modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo, y el apartado 2 del artículo 6 bis y el anexo VI del Real Decreto 319/2015, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por los primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra.

Añade un nuevo apartado 5 en el artículo 3, un nuevo apartado 3 bis en el artículo 4, un nuevo apartado 2 bis en el artículo 5, un nuevo apartado 6 en el artículo 6, un nuevo apartado 3 bis en el artículo 7, un nuevo artículo 36 y un nuevo anexo I bis. Suprime el apartado 5 del artículo 23. Todo ello del Real Decreto 95/2019, por el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector, y por el que se modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo.

BOE 118/2022, publicado el 18 de mayo.

Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo. Crea el sistema de garantías de origen para los gases renovables, como el hidrógeno renovable, el biogás o el biometano, que permitirá a los comercializadores y consumidores diferenciarlos del gas de origen fósil. La norma también incorpora al ordenamiento jurídico interno los criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la normativa comunitaria para la biomasa sólida y el biogás, los biocarburantes y los biolíquidos para transporte, usos eléctricos, calefacción y refrigeración, así como los objetivos de penetración de los biocarburantes a partir del año 2023, que deberán alcanzar el 12% del consumo en 2026.

Incorpora parcialmente al ordenamiento jurídico nacional la Directiva (UE) 2018/2001, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

Modifica:

1. El segundo párrafo del artículo 2.3, el último párrafo del artículo 7, el artículo 8.2 y el apartado 1.c) de la disposición transitoria tercera del Real Decreto 413/2014 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

2. El artículo 2 y la disposición adicional primera del Real Decreto 1085/2015 de Fomento de los Biocarburantes.

3. El apartado a) del artículo 2, el apartado 4 del artículo 3 y el apartado e) del apartado 3 de la parte 1 y el apartado 1 de la parte 2 del anexo del Real Decreto 235/2018 por el que se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados.

4. El segundo párrafo del artículo 8.6 del Real Decreto 960/2020 por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica.

5. El apartado 1 del artículo 23 de la Orden TED/1161/2020 por la que se regula el primer mecanismo de subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el calendario indicativo para el periodo 2020-2025

Añade:

1. Un nuevo artículo 33 bis y la disposición transitoria decimoctava del Real Decreto 413/2014 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

2. Cuatro nuevos apartados en el artículo 2 del Real Decreto 235/2018 por el que se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados.

3. Un nuevo artículo 18 bis del Real Decreto 960/2020 por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica.

4. Un nuevo artículo 18 bis de la Orden TED/1161/2020 por la que se regula el primer mecanismo de subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el calendario indicativo para el periodo 2020-2025

Elimina los apartados 2, 3, 4 y 7 de la parte 2 del anexo del Real Decreto 235/2018 por el que se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados.

Deroga el Real Decreto 1597/2011 por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo.

BOE 118/2022, publicado el 18 de mayo.

Real Decreto 377/2022, de 17 de mayo. Amplía la tipología de beneficiarios del Real Decreto 477/2021,  por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y del Real Decreto 1124/2021, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica el apartado 3 del artículo 3, el apartado 3 del artículo 10, la letra a) del apartado 2 y los apartados 3 y 8 del artículo 11, la letra a) del apartado 2 del artículo 12, el apartado 4 del artículo 20, la introducción del anexo I, los apartados B, C y F del anexo AI.1, los apartados ii) y iii) de la letra a) del anexo AII.A2, los apartados 1 y 3 de la letra b) del anexo AII.A.3, el apartado 3 de la letra b) y a la letra l) del anexo AII.B y el anexo III del Real Decreto 477/2021 y los anexos I, III y IV del Real Decreto 1124/2021.

Añade un nuevo párrafo segundo en el apartado II del preámbulo y en el artículo 12 un nuevo apartado 5 del Real Decreto 477/2021.

BOE 118/2022, publicado el 18 de mayo.

Orden SND/437/2022, de 13 de mayo. Deja sin efecto la Orden SND/292/2021, por la que se establecen medidas de control sanitario a las personas procedentes de Francia que llegan a España por vía terrestre.

BOE 118/2022, publicado el 18 de mayo.

Sentencia del Tribunal Supremos de 28 de marzo de 2022. Declara inaplicables el régimen de financiación del bono social y el régimen de cofinanciación con las Administraciones Públicas de aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén en riesgo de exclusión social, establecidos en el artículo 1, apartado 3, del Real Decreto-ley 7/2016, que da nueva redacción apartado al artículo 45.4 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, e inaplicable también la disposición transitoria única del mismo Real Decreto-ley 7/2016, por resultar tales preceptos incompatibles con la Directiva 2009/72/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. Declara inaplicables y nulos los artículos 12 a 17 del Real Decreto 897/2017, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

BOE 116/2022, publicado el 16 de mayo.

Resolución de 29 de abril de 2022. Mediante la escritura que es objeto de la calificación impugnada formalizó un préstamo concedido por «Liberbank, S.A.» a una persona física, y en garantía del mismo se hipotecó una vivienda adquirida por el prestatario con cargo a dicho préstamo. Este título fue objeto de calificación registral negativa por entender del Registrador que el Notario debía hacer constar de forma expresa que él mismo había verificado el previo depósito por la entidad acreedora de las condiciones generales en dicho Registro especial, no siendo suficiente la manifestación de los interesados al respecto, o la advertencia del notario sobre la obligación de depositar. El recurso interpuesto por el Notario autorizante contra la referida calificación fue desestimado por esta Dirección General, en Resolución de 17 de junio de 2021, que concluyó lo siguiente: «(…) de los distintos términos empleados en la escritura en relación con la inscripción o depósito de las condiciones generales de la contratación resulta que se trata de manifestaciones de las partes contratantes sin que conste expresamente en dicha escritura que el notario haya realizado la comprobación de tal extremo. Ciertamente, en su escrito de interposición del recurso, el Notario manifiesta que lo ha hecho, pero se trata ésta de una manifestación que ahora no puede tenerse cuenta porque no resulta del documento presentado a inscripción. Por tanto, debe confirmarse la calificación». El mismo Notario autorizó un acta aclaratoria en la que, entre otros extremos -como es la recusación del Registrador-, expresa que la citada Resolución de 17 de junio de 2021 «añadió "... Ciertamente, en su escrito de interposición del recurso, el notario manifiesta que lo ha hecho, pero se trata ésta de una manifestación que ahora no puede tenerse cuenta porque no resulta del documento presentado a inscripción...". Es decir, desestima el recurso pues ahora no puede tenerse procedimentalmente en cuenta, pero declara que he reconocido haber verificado, lo que ha de tenerse en cuenta «después». Respecto de la cuestión sustantiva planteada, el Registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, las referidas manifestaciones contenidas en el acta aclaratoria adolecen de una ambigüedad tal que por ellas no puede saberse si, en documento auténtico como es un acta notarial, el notario autorizante afirma sin ningún género de dudas que verificó el depósito de las condiciones generales de la contratación, y con ello subsanar el repetido defecto. La Dirección General acuerda estimar el recurso y revocar la calificación impugnada. Señala que “En relación con la cuestión de fondo que es objeto de recurso, es indudable que del apartado tercero del acta aclaratoria presentada a calificación resulta inequívocamente que las manifestaciones vertidas por el notario en el anterior escrito de recurso, bre el hecho de haber comprobado él mismo que se han depositado las condiciones generales de la contratación en el referido registro especial, en tanto en cuanto son confirmadas en este título público, deben ser tenidas en cuenta como subsanación de la omisión padecida en la escritura objeto de tal aclaración. Por ello, el defecto invocado por el Rgistrador no puede ser mantenido.”

BOE 116/2022, publicado el 16 de mayo.

Resolución de 26 de abril de 2022. Mediante escritura otorgada el día 5 de agosto de 2021 se formalizó un préstamo hipotecario. En la cláusula financiera «Segunda. Amortización», después de expresar que la parte prestataria se obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo de 25 años («a partir del último día del actual período mensual natural»), se pactó lo siguiente: «(…) La primera de dichas cuotas deberá satisfacerse el último día del período mensual natural siguiente al de la fecha de esta escritura, es decir, el día treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno y la última el día del vencimiento del préstamo, es decir, el día treinta y uno de julio de dos mil cuarenta y seis». Esta escritura se inscribió el día 11 de octubre de 2021. Posteriormente, el 15 de noviembre de 2021, se extendió en la misma escritura una diligencia, otorgada tanto por el representante de la entidad prestamista como por el prestatario, por la que se modifica la referida cláusula financiera segunda, relativa a la amortización, quedando su redacción de la siguiente forma: «(…) La primera de dichas cuotas deberá satisfacerse el último día del período mensual natural siguiente al de la fecha de esta escritura, es decir, el día treinta de septiembre de dos mil veintiuno y la última el día del vencimiento del préstamo, es decir, el día treinta y uno de agosto de dos mil cuarenta y seis». Según la calificación impugnada y dado que el Registrador considera subsanado el defecto relativo a que la diligencia fue «realizada a instancia de una sola de las partes» se suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, conforme al artículo 153 del Reglamento Notarial, «los negocios jurídicos no pueden modificarse en su contenido por una mera diligencia, salvo que se trate de errores materiales, omisiones o defectos de forma, lo que no es el caso. Es por tanto necesaria una escritura de modificación en la que comparezcan todas las partes». El Notario recurrente alega que, en contra del criterio del Registrador (según el cual, inscrita una escritura, su subsanación ha de hacerse por otra escritura, pero no por diligencia en la escritura subsanada, salvo que se trate de errores materiales, omisiones, o defectos de forma a los que se refiere el citado artículo 153 del Reglamento Notarial), lo que el mencionado precepto reglamentario diferencia no son los casos en que una escritura puede subsanarse por diligencia y los que no, sino los casos en que la diligencia subsanatoria puede ser otorgada directamente por el notario (errores materiales, omisiones y defectos de forma), de aquellos otros en que han de otorgar la diligencia quienes fueron otorgantes de la escritura. La Dirección General acuerda estimar el recurso y revocar la calificación impugnada. Señala que “concurriendo en el caso analizado el consentimiento de los otorgantes (por haber considerado el notario autorizante que no se trataba de uno de los supuestos en los que puede realizar por sí solo la subsanación), ningún reparo formal puede oponerse a la diligencia subsanatoria objeto de la calificación impugnada.”

BOE 116/2022, publicado el 16 de mayo.

Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo. Establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista.

Modifica:

1. El artículo 7 del Real Decreto-ley 17/2021, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.

2. La disposición adicional novena del Real Decreto-ley 6/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

3. Los artículos 14 apartado 1, 14 bis apartados 4 y 5, 15 apartados 2 y 3 y 16 apartados 2 al 4 del Real Decreto 897/2017, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

4. El segundo párrafo del artículo 14.4 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico.

5. El artículo 22 apartados 3 y 4 del Real Decreto 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

6. El apartado 1 del artículo 31 de la Ley 12/2009, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria.

BOE 115/2022, publicado el 14 de mayo.

Orden ICT/426/2022, de 13 de mayo. Tiene por objeto ampliar el plazo de presentación de instancias para para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Modifica el artículo 18 de la Orden ICT/209/2022, por la que se efectúa su convocatoria para 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE 115/2022, publicado el 14 de mayo.

Orden INT/424/2022, de 13 de mayo. Modifica el párrafo tercero del artículo 1, el artículo 2 y la disposición final única de la Orden INT/657/2020, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

BOE 115/2022, publicado el 14 de mayo.

Orden SND/425/2022, de 13 de mayo. Establece medidas de control sanitario a las personas que llegan a España a través de los puestos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla.

BOE 115/2022, publicado el 14 de mayo.

Resolución de 6 de mayo de 2022. Establece la organización territorial del área de recursos humanos y gestión económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Queda sin efecto la Resolución de 9 de septiembre de 2014 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la estructura del área de recursos humanos y gestión económica de la organización territorial de la agencia.

BOE 114/2022, publicado el 13 de mayo.

Enmienda adoptada en Ginebra el 18 de octubre de 2019 al párrafo 1 del artículo 14 del Acuerdo europeo sobre trabajo de las tripulaciones de los vehículos que efectúen transporte internacionales por carretera (AETR), hecho en Ginebra el 1 de julio de 1970.

BOE 113/2022, publicado el 12 de mayo,

Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de abril de 2022. Declara inconstitucionales y nulos el artículo 14, el inciso «o, si procede, el importe de la renta del contrato de arrendamiento anterior» del artículo 16.1, el artículo 17 y el artículo 18 de la Ley del Parlamento de Cataluña 11/2020, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda que regulan el régimen de control y sancionador, tipifican como infracción leve la falta de constancia del importe de la renta del contrato de arrendamiento anterior y supeditan el acceso al proceso civil a la formulación de una oferta de alquiler social.

BOE 113/2022, publicado el 12 de mayo.

Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo. Reduce para el período impositivo 2021 los índices de rendimiento neto y se modifican los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

Modifica la instrucción 2.3.d) y 2.3.f)  para la aplicación de los signos, índices o módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del anexo I de la Orden HAP/1155/2020, por la que se desarrollan, para el año 2021, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE 112/2022, publicado el 11 de mayo.

Resolución de 10 de mayo de 2022. Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2022, por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Este primer tramo aprobado de 5.000 millones de euros, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial en colaboración con las entidades financieras, está dirigido a todos los autónomos y empresas de todos los sectores económicos afectados por los efectos económicos de la guerra de Rusia en Ucrania, con excepción del sector financiero y de seguros.

Los avales se destinarán a garantizar nuevas operaciones de financiación concedidas por las entidades financieras, y podrán solicitarlos hasta el 1 de diciembre de 2022 los autónomos y empresas que no se encuentren en situación de morosidad ni en procedimiento concursal a la fecha de firma de la operación, ni estén sujetos a sanciones por parte de la Unión Europea, ni tengan en el momento de solicitud del aval ningún proceso de ejecución de avales gestionados por el ICO.

BOE 112/2022, publicado el 11 de mayo.

Resolución de 26 de abril de 2022. Aprueba el modelo de declaración D-8 memoria anual relativa al desarrollo de la inversión en el exterior. Deroga la Resolución de 27 de julio de 2016, por la que se aprueban los modelos de declaración de inversiones exteriores cuando el obligado a declarar es el inversor o la empresa con participación extranjera y que sustituye a las anteriores resoluciones en esta materia, en lo relativo al modelo D-8, sus instrucciones de cumplimentación y las tablas de codificación aprobados por esta resolución.

BOE 112/2022, publicado el 11 de mayo.

Resolución de 8 de abril de 2022. Actualiza las directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19.

BOE 110/2022, publicado el 9 de mayo.

Orden TMA/404/2022, de 25 de abril. Regula aspectos del régimen de certificación de las entidades encargadas del mantenimiento de vehículos ferroviarios, se modifican los datos inscribibles en el Registro Especial Ferroviario del Reglamento del sector ferroviario, aprobado por Real Decreto 2387/2004, y se establece un régimen transitorio de homologación para los centros de mantenimiento de material rodante distinto de vagones de mercancías regulado en la Orden FOM/233/2006.

Modifica los datos inscribibles y la información que debe figurar, en la sección de centros de mantenimiento de material rodante correspondiente al artículo 137 de la Sección 8.ª del título V del Reglamento del sector ferroviario, aprobado por el Real Decreto 2387/2004.

Deroga, con efectos a partir del 16 de junio de 2025, la Orden FOM/233/2006, por la que se determina el régimen de homologación de los centros de material rodante y sus condiciones de funcionamiento y el título V. Personal responsable de control del mantenimiento de material rodante ferroviario de la Orden FOM/2872/2010, por la que se determinan las condiciones para la obtención de los títulos habilitantes que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la circulación, así como el régimen de los centros homologados de formación y de los de reconocimiento médico de dicho personal.

BOE 109/2022, publicado el 7 de mayo.

Resolución de 5 de mayo de 2022. Actualiza el anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017,  por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

BOE 109/2022, publicado el 7 de mayo.

Resolución de 29 de abril de 2022. Establece la planificación general de las actividades preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en sus planes de actividades del año 2022.

BOE 109/2022, publicado el 7 de mayo.

Orden PCM/399/2022, de 5 de mayo. Modifica el anexo IV del Real Decreto 219/2013, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

BOE 108/2022, publicado el 6 de mayo

Acuerdo de 21 de abril de 2022. Publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, relativo a la modificación de las normas de reparto de asuntos entre las secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, para el año 2022.

BOE 108/2022, publicado el 6 de mayo.

Resolución de 11 de abril de 2022. Se deniega la elevación a público de acuerdos sociales de una S.L. de cese de administradores, cambio del sistema de  representación y nombramiento de administrador único. El Registrador fundamenta su negativa a practicar la inscripción solicitada en que, a su juicio, la sociedad tiene objeto profesional («asesoramiento fiscal, contable y laboral a empresas») y, al no haberse adaptado a la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, dicha sociedad ha quedado disuelta de pleno derecho, habiendo quedado reflejado en la hoja registral, de modo que para inscribir tales decisiones sociales deberá presentarse, bien el acuerdo de liquidación de la sociedad, bien el acuerdo de reactivación de la sociedad y, simultáneamente, su adaptación a la citada Ley 2/2007, o bien la reactivación de la sociedad y, simultáneamente, la modificación del objeto social, suprimiendo las actividades profesionales que el mismo contiene.

Para la DGSJFP, la determinación de la existencia de la obligación de adaptación a la Ley 2/2007 requiere un análisis fáctico de la forma de ejercicio de la actividad social, ajeno a lo que pueda resultar de la escritura pública y de los asientos registrales, debe concluirse que, habida cuenta de las drásticas consecuencias que la cancelación registral comporta, y a falta de documento o asiento registral en el que conste objetiva y fehacientemente el carácter profesional de la sociedad de que se trate, no podrá el Registrador practicar el asiento de cancelación de la hoja registral de la sociedad sin observar las exigencias básicas de todo procedimiento y las derivadas el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, de las cuales resulta que el titular registral afectado por práctica del asiento, en este caso el de cancelación, cuando no conste su consentimiento auténtico, debe ser parte o tener, al menos legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante de ese especifico asiento.

La DGSJFP ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación del Registrador.

BOE 107/2022, publicado el 5 de mayo.

Resolución de 12 de abril de 2022. Se suspende la inscripción de cese de administrador único y nombramiento de nuevo administrador por considerar el Registrador que como pone de relieve la Resolución de la DGSJFP de 24 de septiembre de 2020, la inscripción de la escritura calificada exige que previamente se dilucide judicialmente la titularidad real de las acciones y la validez de una u otra de las Juntas reseñadas, pues se trata de cuestiones que no pueden ser decididas por el Registrador en el estrecho margen de la calificación registral.

Para la DGSJFP, debe considerarse fundada la decisión del Registrador de rechazar la inscripción del título objeto de recurso en tanto en cuanto se dilucide judicialmente la titularidad real de las participaciones y la validez de uno u otra junta contradictoria, habida cuenta de la imposibilidad de determinar en el plano estrictamente registral la nulidad de los acuerdos documentados en los documentos presentados en primer lugar.

BOE 107/2022, publicado el 5 de mayo.

Ley 8/2022, de 4 de mayo. Adapta la Ley 23/2011 de Depósito Legal a los continuos y rápidos cambios producidos en el sector editorial y adecua la norma a la regulación del depósito legal de las publicaciones en línea.

Modifica el apartado 3 del artículo 4, los artículos 5, 7 y 8, al apartado 2 del artículo 9, los apartados 3, 4 y 5 del artículo 10, el apartado 2 del artículo 11 y el capítulo IV de la Ley 23/2011 de Depósito Legal y la letra a) del artículo 3.1 y el artículo 18 de la Ley 1/2015 Reguladora de la Biblioteca Nacional de España. Añade la definición de «publicación en línea» en el artículo 3, dos nuevos apartados 3 y 4 en el artículo 9 y el artículo 10 bis de la Ley 23/2011, ya mencionada.

BOE 107/2022, publicado el 5 de mayo.

Resolución de 28 de abril de 2022. Ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

BOE 107/2022, publicado el 5 de mayo.

Resolución de 28 de abril de 2022. Ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2022, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación.

BOE 107/2022, publicado el 5 de mayo.

Resolución de 28 de abril de 2022. Ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

BOE 107/2022, publicado el 5 de mayo.

Resolución de 27 de abril de 2022. Hace públicas, para conocimiento general, las comunicaciones relativas a tratados internacionales multilaterales en los que España es parte, que se han recibido en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación desde la publicación anterior (BOE n.º 17, de 20 de enero de 2022) hasta el 22 de abril de 2022.

BOE 107/2022, publicado el 5 de mayo.

Resolución de 4 de mayo de 2022. Establece el procedimiento contable a seguir en las operaciones derivadas del procedimiento excepcional regulado en el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2022, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.

BOE 107/2022, publicado el 5 de mayo.

Orden TES/388/2022, de 29 de abril. Regula los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico de Apoderamientos del Fondo de Garantía Salarial, O.A., en el que se inscribirán los apoderamientos que de forma voluntaria se otorguen apud acta a favor de un tercero, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo para actuar en su nombre ante el Fondo de Garantía Salarial, O.A.

BOE 107/2022, publicado el 5 de mayo.

Real Decreto 310/2022, de 3 de mayo. Desarrolla parcialmente el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/373, por el que se establecen los requisitos comunes para los proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo/navegación aérea y otras funciones de la red de gestión del tránsito aéreo y su supervisión, por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 482/2008 y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 1034/2011, (UE) n.º 1035/2011 y (UE) n.º 2016/1377, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 677/2011, con el fin de regular el proceso aplicable para el diseño y el establecimiento o modificación de estructuras del espacio aéreo, así como para la aprobación de procedimientos civiles de vuelo.

BOE 107/2022, publicado el 5 de mayo.

Orden ETD/389/2022, de 29 de abril. Regula los tipos de cuentas de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos y del resto de entidades del sector público administrativo cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público, y se establece el régimen de autorización, apertura y utilización de dichas cuentas.

Deroga la Orden EHA/333/2006, por la que se establecen los supuestos en los que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas de situación de fondos del Tesoro Público fuera del Banco de España y la Orden EHA/4261/2004, por la que se aprueba el presupuesto monetario correspondiente al ejercicio 2005.

BOE 107/2022, publicado el 5 de mayo.

Resolución de 3 de mayo de 2022. Introduce una delegación en el ámbito de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución, en relación con la implementación por el Banco de España de las instrucciones de la Junta Única de Resolución (JUR) respecto de las decisiones de determinación del requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles de entidades de crédito significativas.

Modifica el apartado sexto. Añade una nueva letra d) al número 1 del apartado segundo. Suprime la letra d) del número 1 y el número 3 del apartado quinto, todo ello del Acuerdo de 10 de diciembre de 2019, de Aprobación del Régimen de Delegación de Competencias.

BOE 107/2022, publicado el 5 de mayo.

Resolución de 11 de abril de 2022. La Registradora suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario porque, a su juicio, no es congruente el juicio de suficiencia de las facultades del apoderado que realiza el notario con el contenido de la escritura calificada, pues siendo la escritura calificada de concesión de préstamo con garantía hipotecaria, las facultades transcritas hacen referencia a la firma de escrituras públicas y cancelación y préstamos. Añade que, por otra parte, según consta en el Registro Mercantil, que ha consultado, el representante no está facultado para aceptar solidariamente una operación de préstamo con garantía hipotecaria por importe de 266.000 euros, al superar el importe de 200.000 euros, tope máximo para su actuación solidaria.

La DGSJFP, confirma el criterio de la Registradora.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Resolución de 11 de abril de 2022. Se debate es si, tratándose de un ejercicio unilateral de opción de compra de una casa, es arbitraria o no la determinación de las cantidades que se imputan a cuenta del pago del precio, por razón de la deuda hipotecaria pendiente que grava la finca, y de la retención para «para satisfacer otras deudas y cargas de la finca».

La Registradora señala como defecto el siguiente: del precio, la cantidad de 26.259,02 euros, que equivale al capital aún no amortizado por razón de la hipoteca que grava la finca, pretende justificarse con la certificación que ahora se acompaña, de la que resulta que el préstamo «se encuentra reclamado judicialmente a través de procedimiento de ejecución hipotecaria 70/2020 del Juzgado de 1.ª Instrucción de Marín núm. 1. Se hace constar que el importe necesario para la cancelación total del préstamo a fecha diecisiete de diciembre del dos mil veinte asciende a treinta y tres mil, ciento cuarenta euros y dos céntimos (€ 33.140,02)». Por tanto, habiéndose retenido la cantidad de 26.259,02 euros, como la correspondiente al capital aún no amortizado por razón de la hipoteca que grava la finca, y resultando de la certificación ahora aportada que el importe necesario para la cancelación total del préstamo a fecha 17 de diciembre de 2020 asciende a 33.140,02 euros, el ejercicio de la opción de compra no se ajusta a los términos de la escritura en cuanto al pago del precio, ya que la cantidad retenida como capital no amortizado de la hipoteca no se corresponde con la certificación aportada. Igualmente, en cuanto a la cantidad de «doscientos cuarenta euros y noventa y ocho céntimos (€ 240,98) que los retiene la parte compradora a voluntad de la parte vendedora, para satisfacer otras deudas y cargas de la finca», y dado que no consta fehacientemente, por cuanto no ha comparecido en el otorgamiento, que esa sea la voluntad de la vendedora, en cuanto a dicha cantidad tampoco puede entenderse abonado el precio pactado.

La entidad recurrente alega que la compraventa deberá otorgarse libre de cargas; que consta pendiente de calificación una certificación de cargas de un procedimiento hipotecario por impago del préstamo hipotecario que grava la finca; que no se deja al arbitrio de uno de los otorgantes el cumplimiento del contrato; que si del resultado de los documentos acompañados a la escritura resulta que la finca responde de más deudas y cargas, no puede justificarse la denegación por el hecho de que los vendedores no manifiesten en el otorgamiento su voluntad sobre pago de las mismas; que el incumplimiento sistemático y obstructivo de los cedentes de la opción, de los pactos y condiciones de la opción de compra, no es óbice para el ejercicio de la misma; que no se expresan los fundamentos de derecho en los cuales se justifica la denegación o suspensión de la inscripción; que, al expresar cómo se paga el precio, se pacta que será satisfecho una vez deducidos determinados importes, lo que no queda al arbitrio del comprador pues la facultad que se atribuye convencionalmente al comprador se refiere propiamente a la cantidad que del precio ya fijado se paga en realidad, hechas las referidas deducciones; que, en definitiva, la limitación derivada de lo establecido en el artículo 1256 del Código Civil no tiene carácter absoluto, porque no puede excluirse la posibilidad de desistimiento unilateral de los contratos.

La DGSJFP estima el recurso y revoca la nota de la Registradora.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo. Regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), establecido en el artículo 156.2 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Actualiza el ENS y refuerza las capacidades de defensa frente a las ciberamenazas sobre el sector público y las entidades colaboradoras que suministran tecnologías y servicios al mismo.

El ENS establece la política de seguridad para la protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados a través de un planteamiento común de principios básicos, requisitos mínimos, medidas de protección y mecanismos de conformidad y monitorización para la administración pública, así como los proveedores tecnológicos del sector privado que colaboran con la administración.

Deroga el Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo. Establece las bases reguladoras, conforme a lo previsto en la normativa de la Unión Europea y nacional aplicable, del mecanismo de compensación de costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero, repercutidos en los precios de la electricidad, consecuencia de la aplicación del cuarto período del régimen europeo de comercio de derechos de emisión, para determinados sectores y subsectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono.

Con este decreto, España se adapta a las nuevas directrices aprobadas por la Comisión Europea para el periodo 2021-2030. El mecanismo recoge las nuevas reglas que se aplicarán hasta 2030, actualiza los sectores beneficiarios e incluye nuevas obligaciones.

Modifica el apartado 1 del artículo 11 y el apartado 2 del artículo 12 del Real Decreto 1106/2020, por el que se regula el estatuto de los consumidores electrointensivos.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Resolución de 26 de abril de 202. Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de abril de 2022, por el que se aprueba el Plan anual de política de empleo para 2022, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Orden HFP/379/2022, de 28 de abril. Aprueba los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondientes a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Real Decreto 308/2022, de 3 de mayo. Modifica el artículo 6 del Real Decreto 139/2020, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y los artículos 1, 16 y 17 del Real Decreto 645/2020, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Añade el artículo 18 al Real Decreto 645/20, ya referenciado.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo. Recoge que la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso, no podrá exceder de 75.000 euros. Además, el sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar límites mínimos para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas. Del mismo modo, excepcionalmente y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales realizados por el procurador de manera extraordinaria.

Modifica el artículo 2. Añade un párrafo segundo en el artículo 1, todo ello del Real Decreto 1373/2003, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Real Decreto 306/2022, de 3 de mayo. Amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes. Deroga el Real Decreto 255/2019 por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo. Aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal. Recoge las categorías, adquisición y pérdida de la condición de fiscal, la provisión de destinos, distinguiendo las plazas de designación directa del Fiscal General del Estado, la provisión de plazas de nombramiento discrecional y el procedimiento de concurso reglado, así como los artículos referidos a las situaciones administrativas en que pueden hallarse los miembros de la carrera fiscal. Deroga el Decreto 437/1969 por el que se aprueba el Reglamento orgánico del estatuto del Ministerio Fiscal.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Entrada en vigor del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea y sus Estados miembros firmado el 25 y el 30 de abril de 2007, hecho en Luxemburgo el 24 de junio de 2010.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo, hecho en Bruselas el 25 de abril de 2007 y en Washington el 30 de abril de 2007.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1972-2022. Acuerda admitir a trámite la cuestión planteada en relación con el artículo primero de la Ley 18/2019, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias, por posible vulneración del artículo 149.1.18 de la CE.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2238-2022. Admite a trámite el recurso promovido contra el inciso «este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación» del artículo 14.3 de la Ley del País Vasco 2/2021, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19. Suspende la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso (30 de marzo de 2022), para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Recursos de inconstitucionalidad n.º 2059-2022 y 2192-2022. Admite a trámite los recursos promovidos por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso y el Grupo Parlamentario VOX contra la disposición final primera de la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 que modifica la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Resolución de 25 de abril de 2022. Publica la relación de participantes directos en TARGET2-Banco de España, la relación de entidades participantes (directas y representadas) y las modificaciones de participación en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Resolución de 8 de abril de 2022.  Se deniega la inscripción de la facultad señalada con la letra a) conferida al apoderado nombrado D. T. M. R. ya que es contraria al mandado contenido en el artículo 25 de la Ley 8/2015 de Radio Televisión Madrid, por ser ley especial sobre la normativa general mercantil, y podría repercutir en un vacío de representación de la sociedad de darse el supuesto de ausencia o vacante en el puesto de director general o el sustituido por modificación legal de dicha norma por un administrador provisional, que actualmente consta inscrito y ejerce tales funciones.

La DGSJFP indica que si estamos ante un poder en sentido propio, con unas facultades representativas concebidas en términos generales –que no unas facultades generales– no concurre una vulneración indirecta de las reglas sobre nombramiento de un administrador provisional que cubriera la posible ausencia del director general, pues las facultades de aquél son mucho más limitadas, y en todo caso las ostenta como apoderado, no como órgano. Obviamente, como tal apoderamiento, el consejo de administración puede acordar su concesión, que se llevará a cabo mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública por la persona que tenga facultades para ello. Por lo demás, el consejo de administración puede apoderar, y en particular hacerlo en esos términos, condicionando el ejercicio de las facultades conferidas a que esté vacante el cargo de director general o el de administrador provisional. La DGSJFP concluye que para dar publicidad con las debidas garantías a la existencia de esas vacantes, como presupuesto de la eficacia del poder, ya está el mismo Registro Mercantil.

La DGSJFP ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación impugnada.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Resolución de 8 de abril de 2022. Se deniega la solicitud de revocación unilateral de un poder solicitada mediante instancia privada. El Registrador invoca en su calificación la carencia de potestad para revocar  unilateralmente un apoderamiento, negocio jurídico que compete al órgano de  administración, e invoca también el principio registral de rogación, impeditivo de las  actuaciones de oficio salvo en los casos previstos en la Ley y el Reglamento  hipotecarios. Cita en apoyo de su criterio los artículos 1, 6 y 40 de la Ley Hipotecaria y el artículo 353 del Reglamento Hipotecario.

La DGSJFP indica que en este expediente no se sustancia un debate sobre la posibilidad de revocación de un poder por voluntad de un solo administrador mancomunado cuando la condición de apoderado recae en su homólogo, y ni siquiera puede afirmarse que exista una controversia propiamente dicha sobre ese extremo, pues el registrador no se pronuncia sobre tal eventualidad. Para la DGSJFP, lo que indica el Registrador en su nota de calificación es que la competencia para revocar el poder corresponde al órgano de administración, que carece de autoridad para cancelar la oficio la inscripción del poder, y que la conducta que en la instancia privada se le solicita comportaría una vulneración del principio de rogación, máxima que, con carácter general, le conmina a actuar a instancia de parte, salvo en casos excepcionales normativamente especificados. Por lo demás, aun cuando la instancia cumpliera los requisitos referidos en cuanto a su contenido, habría de cumplir además las exigencias derivadas el principio de titulación pública recogido en los artículos 18.1 del Código de Comercio y 5.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

La DGSJFP ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación impugnada.

BOE 106/2022, publicado el 4 de mayo.

Resolución de 26 de abril de 2022. En la Resolución de 29 de marzo de 2022, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 11 de julio de 2014, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA), publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 82, de 6 de abril de 2022, se han detectado errores que proceden a subsanarse.

BOE 105/2022, publicado el 3 de mayo.

Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2022.  Declara la nulidad del artículo 1 párrafo octavo, que da nueva redacción al artículo 9-1.º del Reglamento de armas y la disposición final tercera del Real Decreto 726/2020, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993.

BOE 105/2022, publicado el 3 de mayo.

Orden ETD/374/2022, de 25 de abril. Tiene por objeto establecer el régimen de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros aplicable al seguro de responsabilidad civil por daños nucleares, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004 y en la Ley 12/2011, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.

BOE 104/2022, publicado el 2 de mayo.

Reforma del Reglamento del Senado. Tiene por objeto extender la posibilidad de realizar la votación electrónica remota a todos los asuntos incluidos en el orden del día y para cualquier tipo de votación. Modifica el artículo 92.3. Añade un apartado 4 al artículo 92 (pasando el actual  apartado 4 del artículo 92 a ser el apartado 5), todo ello del Reglamento del Senado. Deroga la norma supletoria de la Presidencia del Senado sobre la utilización del voto telemático como procedimiento extraordinario de votación de 30 de noviembre de 2021.

BOE 103/2022, publicado el 30 de abril.

Adenda a Acuerdo, de 11 de abril de 2022. Tiene por objeto actualizar el Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Sevilla el 3 de octubre de 2011.

BOE 103/2022, publicado el 30 de abril.

Orden INT/372/2022, de 29 de abril. Modifica la disposición final única de la Orden INT/657/2020, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

BOE 103/2022, publicado el 30 de abril.

Resolución de 20 de abril de 2022. Tiene por objeto publicar las normas de control de calidad interno, "Gestión de la calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorías de estados financieros" (NIGC1-ES), "Revisiones de la Calidad de los Encargos" (NIGC2-ES), y la Norma Técnica de Auditoría "Gestión de la calidad de una auditoría de estados financieros" [NIA-ES 220 (Revisada)]. Deroga la norma de control de calidad Interno de los auditores y sociedades de auditoría, publicada por Resolución de 26 de octubre de 2011, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y la Norma Técnica de Auditoría NIA-ES 220, resultado de la adaptación para su aplicación en España de la Norma Internacional de Auditoría 220 «Control de Calidad de la Auditoría de Estados Financieros», publicada por Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 15 de octubre de 2013.

BOE 103/2022, publicado el 30 de abril.