Novedades legislativas

Orden PCM/439/2021, de 5 de mayo. Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.

BOE 109/2021, publicado el 7 de mayo.

Resolución de 4 de mayo de 2021. Actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

BOE 108/2021, publicado el 6 de mayo.

Resolución de 13 de abril de 2021. Se deniega la inscripción de una escritura de constitución de una S.L. ya que a juicio del Registrador resulta contradictoria la referencia que se hace en el título del Artículo 8.º de los estatutos sociales en cuanto al modo de deliberar y adoptar acuerdos los órganos colegiados, al no figurar dichos órganos colegiados de entre los previstos en el artículo 6.º de los estatutos sociales.

La DGSJFP afirma que debe revocarse el defecto ya que en la escritura se han limitado a reproducir literalmente el modelo de estatutos-tipo, aprobado por el Real Decreto 421/2015, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada y no incluir dichos artículos ningún campo de los denominados como variables. La DGSJFP indica que incluso el mismo Registrador los ha acabado inscribiendo, cambiando el término «colegiados» por «sociales», cuando según la nota debería haberse redactado en singular, o haber incluido en el artículo 6 de la regulación del consejo de administración, en cuyo caso ya no se trataría de los estatutos-tipo, y en consecuencia no se podrían acoger a los beneficios del Real Decreto 421/2015, anteriormente mencionado.

BOE 107/2021, publicado el 5 de mayo.

Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo. Adopta medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Establece medidas de control sanitario de los pasajeros internacionales para prevenir la introducción de vectores de infección por el SARS-CoV-2 y sus variantes y prorroga medidas de carácter económico y social, que estaban condicionadas al tiempo de vigencia del estado de alarma. Además, contiene regulaciones que afectan al régimen de autorización o ratificación judicial de las medidas que hayan de adoptarse, cuando impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales.

Dispone una serie de medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal. Se suspende la obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios hasta el 31 de diciembre de 2021, la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual, y, durante el mismo período, o hasta la celebración de la junta correspondiente, se entenderán prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de los órganos de gobierno. También se permite que la junta pueda celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple.

También implanta una serie de medidas extraordinarias aplicables a situaciones de vulnerabilidad económica y social por las que prorrogan por un plazo de 3 meses, medidas adoptadas para dar cobertura a dichas situaciones. Así, se amplía hasta el 9 de agosto de 2021 la garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables. También se extiende esta prórroga a los perceptores del bono social.

Se extienden a 3 meses más las medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda, establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, referidas a la suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda. Se amplía la posibilidad de aplicar una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor a aquellos contratos cuyo vencimiento estuviese establecido entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de 2021.

También se prolonga, hasta esa fecha, la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y se amplían por ese mismo periodo los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Se extiende hasta el 9 de septiembre de 2021 el plazo para que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria, puedan presentar la solicitud de compensación.

Por otra parte, se recogen otras medidas extraordinarias de carácter socioeconómico. Se prorroga el plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015 de Sociedades Laborales y Participadas, de 36 meses a 24 meses y se minimizan los riesgos ante la pérdida de la calificación de sociedad laboral o ante su desaparición. Además, se flexibiliza de forma extraordinaria y para el periodo que resta de ejercicio presupuestario, el uso del Fondo de Educación y Promoción de las cooperativas.

Por último, regula el recurso de casación contra los autos que en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo dicten los tribunales (Tribunales Superiores de Justicia o Audiencia Nacional), cuando autorizan o revisan las medidas que las autoridades sanitarias dicten en el ámbito sanitario. 

Modifica:

1. Los artículos 1, 1 bis y 2 y el apartado 1 del artículo 4 el Real Decreto-ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

2. Los apartados 3 y 6 de la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 37/2020 de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

3. El artículo 8 de la Ley 1/2021 de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

4. El apartado 2 del artículo 87 y el artículo 122 de la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 87 y el artículo 87 ter de la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Deroga:

1. El artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020 por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

2. El artículo 13 del Real Decreto-ley 15/2020 de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

3. La disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 23/2020 por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

BOE 107/2021, publicado el 5 de mayo.

Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo. Modifica el punto 3.º de la letra A) del apartado 1 del artículo 17, el apartado 1 de la disposición adicional séptima y el apartado 2 de la disposición adicional séptima del Real Decreto 139/2020, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y los párrafos b) y k) del apartado 1 del artículo 4, el apartado 2 del artículo 4 y los párrafos a) y b) del apartado 2 del artículo 9 del Real Decreto 452/2020, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Añade dos nuevos párrafos u) y v) en el apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto 452/2020, ya referenciado.

BOE 107/2021, publicado el 5 de mayo.

Resolución de 21 de abril de 2021. Determina el cálculo del capital social mínimo al que hace referencia el artículo 3.2 a) del Real Decreto 1251/1999 sobre Sociedades Anónimas Deportivas, modificado por el Real Decreto 1412/2001, para la modalidad de fútbol, en la cantidad de cuatro millones setecientos trece mil novecientos noventa y seis euros con cincuenta y seis céntimos (4.713.996,56 €).

BOE 107/2021, publicado el 5 de mayo

Resolución de 21 de abril de 2021. Determina, el cálculo al que hace referencia el artículo 3.2 a) del Real Decreto 1251/1999 sobre Sociedades Anónimas Deportivas, modificado por el Real Decreto 1412/2001, para la modalidad de baloncesto, en la cantidad de un millón novecientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y siete euros con veintisiete céntimos (1.967.987,27 €).

BOE 107/2021, publicado el 5 de mayo.

Resolución de 14 de abril de 2021. La primera objeción que opone la Registradora a la inscripción de la escritura cuya calificación es impugnada se refiere a la cláusula de los estatutos sociales según la cual se establece la posibilidad de que cada socio pueda designar un representante para el ejercicio de los derechos sociales constante la comunidad hereditaria, si así lo establecen los respectivos títulos sucesorios. A su juicio, esta disposición contradice lo establecido en el artículo 126 de la LSC según el cual debe designarse una sola persona física para el ejercicio de los derechos de socio y el socio es la comunidad hereditaria, y no cada coheredero. La segunda objeción expresada es relativa a la disposición estatutaria por la cual se establece que la distribución de dividendos a los socios no se realizará en proporción a su participación en el capital social, sino que todos los socios tendrán derecho a una misma proporción de dividendos, con independencia de su participación en el capital o de sus derechos de voto; de manera que, una vez aprobada en junta la distribución de dividendos, todos los socios percibirán una parte de los mismos igual entre ellos, dividiéndose así el total a repartir por cada uno de los socios de la entidad.  Considera la Registradora que dicha cláusula contradice lo dispuesto en el  artículo 275 de la LSC, que permite romper la proporcionalidad entre la distribución de dividendos a los socios y su participación en el capital social si así consta en estatutos, pero esta regla solo puede ser alterada mediante la creación de participaciones privilegiadas en el reparto de dividendos, con observancia de lo dispuesto en el artículo 184.2.2 del RRM, lo que excluye el pacto de reparto de dividendos por cabeza y con independencia del número de participaciones.

En relación al primer defecto la DGSJFP indica que si la cláusula estatutaria cuestionada se interpreta atendiendo no solo a su sentido literal sino también al sentido más adecuado para que produzca efecto, y a los demás criterios hermenéuticos de los contratos, debe concluirse que lo que se pretende con dicha disposición estatutaria es permitir al socio causante -y no al socio coheredero como interpreta la Registradora- que en el título que haya de regir su sucesión designe un representante para el ejercicio de los derechos sociales constante la comunidad hereditaria. Por ello,  para la DFSJFP el defecto debe ser revocado.

Sobre el segundo de los defectos la DGSJFP indica que debe admitirse que los estatutos establezcan el reparto de dividendos por un sistema exclusivamente «viril» o por «cabezas» como el estipulado en el presente caso, que no infringe la prohibición de pacto leonino que excluya a uno o más socios de toda parte en las ganancias o en las pérdidas. Según la DGSJFP así lo demuestra entre otras normas, la que prohíbe la creación de participaciones sociales con derecho a percibir un interés (artículo 96.1 de la Ley de Sociedades de Capital), prohibición que sería innecesaria si la única forma de desigualdad en el reparto de las ganancias sociales fuera la del privilegio en el dividendo fijado numéricamente conforme al artículo 184.2.2.º del RRM.

La DGSJFP ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada.

BOE 107/2021, publicado el 5 de mayo.

Resolución de 15 de abril de 2021. Se debate si se puede cancelar la reserva de dominio inscrita a favor de una entidad sobre un vehículo adquirido por el recurrente, sin acompañar consentimiento cancelatorio -con expresión de la causa de la cancelación- por la entidad financiera, ni carta de pago emitida por ésta. El recurrente alega que la entidad titular de la reserva de dominio se ha disuelto.

La DGSJFP desestima el recurso al entender que la forma procedente de cancelar la reserva de dominio, ante la inexistencia de una cláusula convencional de cancelación por caducidad, pasa por la cancelación expresa por parte de la entidad disuelta -a través de sus liquidadores- o bien a través de la correspondiente resolución judicial. En este sentido el artículo 400 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación a la formalización de actos jurídicos tras la cancelación de la sociedad, dispone: «1. Para el cumplimiento de requisitos de forma relativos a actos jurídicos anteriores a la cancelación de los asientos de la sociedad, o cuando fuere necesario, los antiguos liquidadores podrán formalizar actos jurídicos en nombre de la sociedad extinguida con posterioridad a la cancelación registral de ésta. 2. En defecto de liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar la formalización por el juez del domicilio que hubiere tenido la sociedad».

BOE 107/2021, publicado el 5 de mayo.

Orden DEF/427/2021, de 27 de abril. Aprueba el Plan de prevención y recuperación de suelos contaminados en instalaciones militares.

BOE 106/2021, publicado el 4 de mayo.

Conflicto positivo de competencia nº 6201-2020. Se acuerda mantener la suspensión de los apartados segundo, tercero, cuarto, octavo.4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, por el que se establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por  el SARS-COV-2 «en lo que se refiere a los pasajeros provenientes de otro Estado y de modo además que se garantice que en todo caso no se aplicará lo dispuesto en el  apartado cuarto en aquello que sea más restrictivo o limitativo que lo dispuesto en el  artículo 6 del Real Decreto 926/2020, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2».

BOE 105/2021, publicado el 3 de mayo.

Orden HAC/424/2021, de 29 de abril. Publica el Convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Cataluña, en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

BOE 104/2021, publicado el 1 de mayo.

Orden INT/420/2021, de 29 de abril. Modifica la disposición final única. Añade un párrafo al final del apartado 1 del artículo 1, todo ello de la Orden INT/657/2020, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

BOE 103/2021, publicado el 30 de abril.

Orden TMA/421/2021, de 26 de abril. Modifica los anexos II y III del Real Decreto 1381/2002, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga.

BOE 103/2021, publicado el 30 de abril.

Resolución de 29 de abril de 2021. Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

BOE 103/2021, publicado el 30 de abril.

Resolución de 28 de abril de 2021. Establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad a utilizar por los comercializadores de referencia.

BOE 103/2021, publicado el 30 de abril.

Ley 6/2021, de 28 de abril. Modifica los artículos 6 y 7, el apartado 2 del artículo 10, el artículo 20, el apartado 2 del artículo 21, el artículo 22, el apartado 4 del artículo 27, el artículo 34, el ordinal 4.º del artículo 53, los artículos 54 y 55, la rúbrica y el apartado 3 del artículo 58, los artículos 61 y 86, el apartado 2 del artículo 88, las disposiciones adicionales primera, segunda, quinta y sexta, las disposiciones transitorias segunda, tercera y cuarta, el apartado 2 de la disposición transitoria quinta, las disposiciones transitorias octava y décima, la disposición derogatoria, la disposición final primera, el apartado 2 de la disposición final segunda y las disposiciones finales séptima y octava. Añade un nuevo apartado 3 al artículo 68 y una nueva disposición transitoria undécima, todo ello de la Ley 20/2011 del Registro Civil.

BOE 102/2021, publicado el 29 de abril.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1140-2021. Admite a trámite el recurso promovido contra el Real Decreto-ley 20/2020 por el que se Establece el Ingreso Mínimo Vital: artículos 17.1, 22.1 y 22.2, 24.1, 25.1 y 25.2, 26.1 y 26.2; disposiciones adicionales 1.ª y 4.ª; disposición transitoria 1.ª1,.5.,.8,.9 y.10, y disposición final 9.ª.

BOE 102/2021, publicado el 29 de abril.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1200-2021. Admite a trámite el recurso promovido contra el artículo 88 (mínimo del contribuyente (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)) de la Ley de la Generalitat de Cataluña 5/2020, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del Impuesto sobre las Instalaciones que Inciden en el Medio Ambiente.

BOE 102/2021, publicado el 29 de abril.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1220-2021. Admite a trámite el recurso promovido contra el Real Decreto-Ley 14/2019, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.

BOE 102/2021, publicado el 29 de abril.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1760-2021. Admite a trámite el recurso promovido contra la Ley Orgánica 3/2020 por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación.

BOE 102/2021, publicado el 29 de abril.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1798-2021. Admite a trámite el recurso promovido contra el artículo 66 (escala de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio) y la disposición derogatoria primera (derogación del apartado segundo del artículo único del Real Decreto-ley 13/2011 por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal) de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

BOE 102/2021, publicado el 29 de abril.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1828-2021. Admite a trámite el recurso promovido contra los apartados 1, 8 bis, 10, 12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89 del artículo único y las disposiciones adicionales tercera y cuarta de la Ley Orgánica 3/2020  por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación.

BOE 102/2021, publicado el 29 de abril.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1975-2021. Admite a trámite el recurso promovido contra el apartado 5 del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de modificación de la Ley 8/2008, de Salud de Galicia, en cuanto da nueva redacción al artículo 38.2 de la ley modificada. Suspende la vigencia y aplicación del precepto impugnado desde la fecha de interposición del recurso –06/04/2021– para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros.

BOE 102/2021, publicado el 29 de abril.

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1530-2021. Admite a trámite la cuestión planteada en relación con el artículo 248.3 (Cuantía de las prestaciones económicas) del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

BOE 102/2021, publicado el 29 de abril.

Orden TMA/414/2021, de 26 de abril. Regula el procedimiento que seguirán las empresas ferroviarias que presten servicios de competencia estatal para la aplicación de las bonificaciones por la utilización de transporte ferroviario previstas en el artículo 11 del Reglamento de la Ley 40/2003 de Protección de las Familias Numerosas, aprobado por el Real Decreto 1621/2005.

BOE 102/2021, publicado el 29 de abril.

Resolución de 16 de abril de 2021. Publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual.

BOE 102/2021, publicado el 29 de abril.

Resolución de 10 de marzo de 2021. Se debate si las actividades enumeradas en los estatutos sociales, o alguna de ellas, pueden encuadrarse entre las profesionales que describe la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales y que determinan la sujeción de la compañía a la disciplina especial que el texto legal establece. Declara el Registrador en la nota de calificación impugnada, de un modo genérico, que las actividades descritas en el Art. 2.º de los estatutos, constituyen  actividades profesionales, sin señalar específicamente las que pudieran tener tal  carácter, y menos aún indicar la disposición o disposiciones legales de las que derivara  el carácter de profesión titulada sometida a colegiación obligatoria.

La DGSJFP indica que pese al silencio de la nota de calificación, el recurrente centra su razonamiento  impugnatorio en rebatir que las actividades de formación, consultoría y asesoramiento en el  campo de la construcción, la ingeniería y la arquitectura tengan el carácter de actividades  profesionales a los efectos del artículo 1 de la Ley de Sociedades Profesionales, alegando  que ninguna de esas tareas comporta el ejercicio de la profesión de arquitecto o ingeniero.  Indica la DGSJFP que si el mecanismo decisorio del Registrador hubiera discurrido por ese cauce,  incurriría en el error de confundir la profesión de arquitecto o ingeniero con la prestación de  servicios de formación, orientación o consejo para el mejor ejercicio de tales cometidos, cuya responsabilidad en la ejecución correspondería, en todo caso, al profesional destinatario de esos servicios. Respecto de la consultoría, es de observar que se va  delimitando paulatinamente como una actividad profesional socialmente tipificada, pero ellegislador todavía no ha adoptado la decisión de regularla como una profesión titulada  sometida a colegiación obligatoria en ninguna de las modalidades aludidas en el  cuestionado artículo 2 de los estatutos sociales de la compañía.

La DGSJFP estima el recurso y revocar la nota de calificación impugnada.

BOE 101/2021, publicado el 28 de abril.

Resolución de 11 de marzo de 2021. Se debate si el nombramiento de auditor de unas cuentas anuales, que han sido objeto de consolidación voluntaria, corresponde al órgano de administración o a la junta general. La Registradora hace constar en la nota de calificación que la sociedad está obligada  a auditar las cuentas, y ante las alegaciones del recurrente de ser un nombramiento  voluntario, por no cumplir las condiciones que es establecen en los artículos 6 y 7 del  Real Decreto 1159/2010, por el que se aprueban las normas para  la formulación de cuentas anuales consolidadas, señala que esta circunstancia no  resulta de la calificación de los acuerdos presentada.

La DGSJFP indica que para las cuentas consolidadas existe una disposición legal concreta, y así el artículo 42 del Código de Comercio establece: «(…) 4. La junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas deberá designar a los auditores de  cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales  consolidadas (…) 6. Lo dispuesto en la presente sección será de aplicación a los casos  en que voluntariamente cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas  consolidadas». La DGSJFP concluye que ante la claridad de esta norma, y por más que la consolidación contable haya  tenido carácter voluntario, la competencia para su nombramiento corresponde a la junta  general.

La DGSJFP ha acordado desestimar el recurso.

BOE 101/2021, publicado el 28 de abril.

Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril. Transpone directivas en materias de competencia, prevención de blanqueo de capitales, entidades de crédito, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales y desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales.

Desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales

El Real Decreto-ley contempla la transposición de la Directiva (UE) 2018/957 que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de personas trabajadoras para avanzar en la igualdad de trato ya que se considera que trabajadoras y trabajadores desplazadas se integran, efectivamente, en el mercado laboral español a partir de un determinado periodo de tiempo.

Entre las novedades de la Directiva (UE) 2018/957, destaca que determina la aplicación de la mayor parte de la legislación laboral del Estado de acogida a los desplazamientos superiores a 12 meses (o 18 en caso de notificación motivada de la prórroga). Además, se garantiza la aplicación del principio de igualdad de remuneración y de trato entre los trabajadores desplazados cedidos por empresas de trabajo temporal y los trabajadores de la empresa usuaria del Estado de acogida.

También se amplían las materias sobre las que debe garantizarse la aplicación de la legislación del Estado de acogida a dos más: las condiciones de alojamiento y los complementos o reembolso de gastos de viaje, alojamiento y manutención previstos para los trabajadores que están fuera de su domicilio por motivos profesionales.

Por último, se refuerza la labor de la inspección de trabajo.

Tipo 0% de IVA en la importación de material para uso hospitalario y entidades sociales

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 del IVA a tipo cero para las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de material de protección sanitaria (mascarillas, gel desinfectante y el resto de productos de protección personal) que realizan las Administraciones Públicas, los centros sanitarios públicos o privados o las entidades sociales ante la COVID-19.

Directivas sobre el IVA electrónico

En este mismo Real Decreto-ley se trasponen la Directiva 2017/2455 sobre obligaciones respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes y la Directiva 2019/1995, sobre ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes. La incorporación de esta legislación europea concluye la regulación comunitaria del IVA del comercio electrónico.

Ventanilla única

La trasposición contempla la extensión de una ventanilla única para una sola declaración-liquidación del impuesto, presentada por vía electrónica ante la Administración Tributaria del Estado miembro por el que haya optado. De este modo, el empresario o profesional podrá ingresar el IVA devengado por todas sus operaciones efectuadas en la UE por cada trimestre o mes natural a las que se aplica el régimen especial. Se incluyen asimismo tres nuevos regímenes especiales para la declaración y liquidación del IVA devengado por las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas a favor de consumidores finales.

La trasposición de la Directiva contempla una exención del IVA a las importaciones de bienes que en el momento de la importación deban declararse con arreglo al régimen especial de importación del que quedan excluidos los productos objeto de impuestos especiales.

Además, convierte en colaboradores de la recaudación y control del impuesto a las empresas titulares de las interfaces digitales.

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Igualmente, el Real Decreto-ley transpone a la normativa española la Directiva 2018/843 (conocida por sus siglas en inglés como AMLD5), que incorpora nuevas medidas para reforzar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Una de las principales novedades es la inclusión de nuevos sujetos obligados que deben cumplir con las medidas de prevención, deberán estar registrados y serán supervisados por las autoridades.

Además, se refuerza el sistema de identificación de los titulares reales de las personas jurídicas, para lo que se crea un sistema registral único en el que se incluirá la información ya existente de los titulares reales en el Registro Mercantil y en las bases de datos notariales, e incorporará la obligatoriedad del registro de los trust y entidades de naturaleza similar que operen en nuestro país y de sus titulares reales.

Junto a las obligaciones registrales, se establece el deber para los sujetos obligados de solicitar esta información registral en sus relaciones de negocios con personas jurídicas, y el deber para las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica de obtener, conservar y actualizar la información de su titularidad real y proveerla a autoridades y a sujetos obligados cuando así se requiera.

También se da cumplimiento a las exigencias establecidas por la Directiva en relación con la información a declarar en el Fichero de Titularidades Financieras, ya existente en España desde 2016.

Directivas sobre solvencia y resolución de entidades de crédito

Esta nueva norma transpone también la quinta Directiva de Requisitos de Capital (conocida por sus siglas en inglés como CRD-V) y la segunda Directiva de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito y Empresas de Servicios de Inversión (BRDD-II), incluidas en el denominado "paquete bancario".

Se avanza así en la incorporación al ordenamiento jurídico español del paquete bancario aprobado por la Unión Europea en 2019, que traslada a la normativa europea los acuerdos alcanzados a nivel internacional sobre requisitos de capital en el Comité de Basilea (conocidos como Basilea III) y sobre la capacidad de absorción de pérdidas en la Junta de Estabilidad Financiera del G-20.

Refuerzo de la competencia en el mercado interior

Finalmente, el Real Decreto-ley aprobado transpone la Directiva 2019/1 (conocida por sus siglas en inglés como ECN+) que tiene como objetivos proporcionar a los Estados miembros los medios necesarios para reforzar la aplicación efectiva de las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.

Entre las nuevas medidas destaca el establecimiento de nuevos instrumentos para impulsar la asistencia entre la autoridad española de competencia con las autoridades de otros Estados miembros y la Comisión Europea y evitar posible duplicidad de las actuaciones. Asimismo, se amplían y concretan los deberes de información y colaboración y las facultades de inspección de las autoridades de competencia.

Finalmente, la norma establece un incremento de determinadas sanciones, la posibilidad de la CNMC de rechazar denuncias con base en criterios de priorización y mayores incentivos para la utilización del programa de clemencia.

Mayor plazo en la concesión de frecuencias de uso del espectro radioeléctrico

Por último, también se han ampliado los plazos mínimos de duración de las licencias de las bandas de frecuencias, que recogen los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico con condiciones armonizadas, de forma que puedan alcanzar un máximo de 40 años.

Se modifica un aspecto puntual de la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones, para adaptarlo a lo que establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, siendo un primer paso en la transposición de esta directiva.

Modifica:

1. Los artículos 18, 39, 40, 42, 49, 53, 54, 61 a 63 y 65 a 67, el apartado 3 del artículo 68, el artículo 70 y la disposición adicional primera de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.

2. La letra g) del artículo 5.1 y la letra d) del apartado 1 del artículo del artículo 37 de la Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

3. Las letras b), h), k), l), m) y r) del apartado 1 y el apartado 4 del artículo 2; el apartado 1 del artículo 3; los apartados 1.º y 3.º del artículo 4.2.c); los apartados 2 y 4 del artículo 7; la letra a) del apartado 1 del artículo 12; las letras b) y c) del apartado 3 del artículo 14; los apartados 3 y 4 del artículo 15; el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 18; la letra a) del apartado 2 del artículo 24; el apartado 2 del artículo 31; los artículos 34, 35 y 43; la letra n) del artículo 44.2; el primer párrafo del apartado 1 del artículo 46; el apartado 4 del artículo 48; el apartado 1 del artículo 48 bis; las letras b), m) y v) del apartado 1 del artículo 52; el apartado 2 del artículo 61; y, la disposición adicional única se convierte en disposición adicional primera de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

4. El artículo 2.c) de la Ley 41/1999 sobre Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores.

5. Los apartados 1 y 4 del artículo 348 bis y la disposición adicional undécima del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

6. La letra b) del artículo 6.3, la letra a) del artículo 7.1, la letra d) del artículo 8.1, el artículo 13, la letra a) del artículo 15.4, el artículo 24,  el párrafo primero del artículo 25.3, el párrafo primero del artículo 29.1, los artículos 32 y 33, el párrafo 1.º del artículo 34.1.I), la letra m) del artículo 34.1, los artículos 43 y 46, los apartados 1 y 2 del artículo 47, el artículo 48, los apartados 1 y 2 del artículo 49, el artículo 65, el apartado del artículo 68, el artículo 69, la letra a) del artículo 80.1 y la letra j) del artículo 82.3 de la Ley 10/2014 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito.

7. La redacción de la letra d) del apartado 3 del artículo 6, el apartado 3 del artículo 13, el artículo 14, la redacción de la letra b) del apartado 1 y el apartado 3 del artículo 15, los artículos 16 a 19, el apartado 2 del artículo 24, el apartado 2 del artículo 35, los apartados 2 y 3 del artículo 36, la sección 2.ª del capítulo VI y los artículos que la integran, el título de la Sección 4.ª del Capítulo VI, el artículo 41, la letra f) del apartado 1 del artículo 42, el apartado 1 y el apartado 3 del artículo 43, el apartado 2.º del artículo 47.1.b), los apartados 1 y 2 del artículo 48, el apartado 1y la letra a) del apartado 2 del artículo 50, la letra i) del artículo 64.1, el primer párrafo del apartado 1 del artículo 66, el artículo 70, la letra a) del artículo 73.1, el artículo 76.1, la disposición adicional novena y la disposición adicional decimocuarta  de la Ley 11/2015 de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

8. La disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015.

9. El artículo 64.2 de la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones.

10. La letra h) del número 3.º del artículo 9, las letras d) y g) del número 1.º del artículo 13, el apartado dos del artículo 14, el artículo 68, los números 4.º y 8.º del apartado uno del artículo 70, el número 4.º del apartado uno del artículo 84, la letra c) del número 1.º del apartado uno del artículo 94, los apartados cinco y siete del artículo 119, el artículo 119 bis, el número 7.º del apartado uno y el apartado cinco del artículo 120, el nombre del Capítulo XI del Título IX, el artículo 163 septiesdecies, la Sección 2.ª del Capítulo XI del Título IX, la Sección 3.ª del Capítulo XI del Título IX, el apartado dos del artículo 167,  el artículo 167 bis y la disposición final segunda de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.

11. El artículo 23 y el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 14/1994 por la que se Regulan las Empresas de Trabajo Temporal.

12. El apartado 2 del artículo 2, el apartado 2 del artículo 9 y la disposición adicional novena de la Ley 45/1999 sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.

13. El párrafo a) del artículo 10.2 y se renumera la Sección 5.ª del Capítulo II que pasa a ser la Sección 6.ª, y se renumera el actual artículo 19 bis, que pasa a ser el artículo 19 quinquies del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000.

14. El apartado 2 del artículo 13 de la Ley 23/2015 Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

15. La letra a) del apartado 1 del artículo 42 de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental.

16. El artículo 59 bis, el artículo 66 bis, el título IV del libro segundo y el artículo 153.1.a).8.º del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007.

17. Los artículos 13, 15, 21, 25, 27, 39, 46, 48, 50 y 52 del Reglamento de defensa de la competencia, aprobado por el Real Decreto 261/2008.

18. El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 15 del Real Decreto Ley 19/2018 de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.

Añade:

1. Los artículos 39 bis y 45 bis y el apartado 3 del artículo 68 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.

2. Una nueva disposición adicional decimonovena de la Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

3. Los apartados 5, 6 y 7 al artículo 1, la letra z) en el apartado 1 del artículo 2, un apartado b bis) al artículo 4.2, los artículos 4 bis y 4 ter,  un nuevo apartado 8 al artículo 7, la letra e) en el apartado 3 del artículo 14, un nuevo apartado 3 al artículo 25, un apartado 3 al artículo 31, un artículo 32 bis, las letras ñ) y o) en el artículo 44.2, un apartado 5 al artículo 65 y las disposiciones adicionales segunda,  tercera, cuarta, quinta y sexta de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

4. El artículo 1 bis, una nueva letra a bis) en el artículo 4.2, c, un nuevo capítulo II bis en el título I, un nuevo capítulo II ter dentro del título I, un nuevo apartado 7 en el artículo 29, tres nuevos apartados en el artículo 34, un nuevo apartado 2 en el artículo 41, los artículos 48 bis, 48 ter y 48 quáter, un nuevo apartado 5 en el artículo 50, el artículo 60 bis, el apartado 1 bis en el artículo 61, un nuevo párrafo al final de la letra e) del artículo 62.1, un nuevo apartado 1 bis dentro del artículo 66, un nuevo artículo 67 bis, un nuevo apartado 2 bis en el artículo 68, un nuevo artículo 68 bis, un nuevo artículo 69 bis renumerando los artículos 69 bis y 69 ter como 69 ter y 69 quáter, la letra p) en el artículo 82.3, un nuevo artículo 82 bis, un nuevo párrafo al final del artículo 90.1, dos nuevas letras ac) y ad) en el artículo 92 y las disposiciones adicionales vigesimoprimera y vigesimosegunda de la Ley 10/2014 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito.

5. Nuevas letras p) a z al apartado 1 del artículo 2; el artículo 16 bis; el artículo 19 bis; una nueva letra en el apartado 1 del artículo 42, tras la letra g); un nuevo apartado 1 bis en el artículo 43; una nueva Sección en el Capítulo VI; un nuevo párrafo en el final del apartado 2 del artículo 69; una nueva sección 3.ª en el capítulo VII; dos nuevas letras q) y r) al artículo 79; y, tres nuevas letra p), q) y r) al artículo 80 de la Ley 11/2015 de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

6. Un nuevo apartado tres al artículo 8, un nuevo artículo 8 bis, un nuevo artículo 20 bis, un nuevo número 4.º al artículo 66, un nuevo Capítulo III en el Título III, y un nuevo artículo 73, un nuevo apartado tres al artículo 75, una nueva Sección 4.ª al Capítulo XI del Título IX, un nuevo artículo 166 bis en el Título X y un nuevo artículo 167 ter de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.

7. Tres nuevas letras i), j) y k) en el apartado 1 del artículo 3, dos nuevos apartados 7 y 8 en el artículo 3, un nuevo párrafo segundo en el apartado 3 del artículo 4, un nuevo apartado 7 en el artículo 5, un nuevo apartado 6 en el artículo 8 bis, de la Ley 45/1999 sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.

8. Un párrafo segundo en el apartado 1 del artículo 3, una nueva Sección 5.ª en el Capítulo II, un nuevo apartado 4 en el artículo 41 y un nuevo párrafo segundo en la letra a) del artículo 52.1, del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000.

9. Un apartado 4 al artículo 59 y un nuevo apartado 5 al artículo 62, del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007.

10. Los artículos 6 bis, 6 ter y 6 quater del Real Decreto 2295/2004 relativo a la aplicación en España de las normas comunitarias de competencia.

11. Dos párrafos al final del apartado 1 del artículo 20 del Reglamento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo, aprobado por el Real Decreto 304/2014.

Suprime:

1. El artículo 30, la letra d) del artículo 42, la letra b) del artículo 55.1 y la letra c) pasa a ser la letra b) de la Ley 10/2014 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito.

2. El artículo 34 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.

3. El último párrafo del artículo 53 y el apartado 4 del artículo 74 del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007.

Deroga los artículos 24, 25 y 27 de la Ley 14/1994 por la que se Regulan las Empresas de Trabajo Temporal y el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 45/1999 sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.

BOE 101/2021, publicado el 28 de abril.

Protocolo de enmienda del título del Acuerdo Europeo, de 30 de septiembre de 1957 sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), hecho en Ginebra el 13 de mayo de 2019.

BOE 101/2021, publicado el 28 de abril.

Texto enmendado del anexo al Convenio contra el dopaje, hecho en Estrasburgo el 16 de noviembre de 1989, cuyas enmiendas fueron adoptadas en Estrasburgo el 7 de diciembre de 2020.

BOE 101/2021, publicado el 28 de abril.

Resolución de 13 de abril de 2021. De conformidad con lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, se hacen públicas, para conocimiento general, las comunicaciones relativas a Tratados Internacionales Multilaterales en los que España es parte, que se han recibido en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación desde la publicación anterior (BOE n.º 34, de 9 de febrero de 2021) hasta el 31 de marzo de 2021.

BOE 101/2021, publicado el 28 de abril.

Orden HAC/411/2021, de 26 de abril. Reduce para el período impositivo 2020 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

BOE 101/2021, publicado el 28 de abril.

Orden HAC/412/2021, de 27 de abril. Establece los criterios de distribución de la compensación a las entidades locales prevista en la disposición adicional centésima décima sexta de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

BOE 101/2021, publicado el 28 de abril.

Real Decreto 298/2021, de 27 de abril. Modifica diversos reglamentos de seguridad industrial para unificar los requisitos relativos a la relación laboral del personal de empresas instaladoras y mantenedoras, así como el acceso a las profesiones reguladas en dichos reglamentos (instaladores).

Modifica:

1. El apartado 2 del artículo 2, los apartados 3 y 4, los apartados 5.2,  5.6 y 5.8 del apartado 5 y el apéndice de la instrucción técnica complementaria ITC-BT-03 del Reglamento electrotécnico para baja tensión y de su instrucción técnica complementaria ITC-BT-03 «Empresas instaladoras en Baja Tensión», aprobados por el Real Decreto 842/2002.

2. La disposición adicional cuarta del Real Decreto 836/2003 por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

3. Los apartados 6.2, 6.6 y 6.8 del artículo seis, los apartado 9.1, 9.3, 9.7 y 9.9 del artículo 9 y los apartados 2 y 3 del anexo VI de la instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones, aprobada por el Real Decreto 836/2003.

4. La disposición adicional segunda del Real Decreto 837/2003 por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.

5. Los apartados 4, 8 y 10 del apartado 5 y los apartados 2 y 3 y 5.2 del anexo VII de la instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas aprobada por el Real Decreto 837/2003.

6. El apartado 4, los apartados 5.2, 5.6 y 5.8 del apartado 5 y el apartado uno del apéndice I de la instrucción técnica complementaria MI-IP05 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos» aprobada por el Real Decreto 365/2005.

7. El apartado 2, los apartados 3.2, 3.6 y 3.8 del apartado 3 y el apartado 4 de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 09, «Instaladores y empresas instaladoras de gas», del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006.

8. El apartado 4, los apartados 6.2, 6.8 del apartado 6 y el apartado 1 del anexo I de la instrucción técnica complementaria ITC-LAT 03, «Instaladores y empresas instaladoras de líneas de alta tensión» del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 223/2008.

9. Los apartados 3, 7 y 6.9 del apartado 6 y el apartado 8 de la instrucción técnica complementaria AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobada por el Real Decreto 88/2013.

10. El apartado 4, los apartados 5.2, 5.6 y 5.8 del apartado 5 y el apartado 1 y el último párrafo del apartado 2.1 del anexo 1 de la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 21, «Instaladores y empresas instaladoras para instalaciones de alta tensión» del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 337/2014.

11. Las letras b), c) y d) del apartado 1 del artículo 10, el apartado 2 del artículo 11, las letras b) y e) del apartado 1 del artículo 15, el apartado 2 del artículo 16 y el anexo III del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprobado por el Real Decreto 513/2017.

12. La letra b) del apartado 1 del artículo 9, el apartado 3 del artículo 10 y el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, aprobado por el Real Decreto 552/2019.

Añade:

1. Un nuevo apéndice II a la de la instrucción técnica complementaria ITC-BT-03 del Reglamento electrotécnico para baja tensión y de su instrucción técnica complementaria ITC-BT-03 «Empresas instaladoras en Baja Tensión», aprobados por el Real Decreto 842/2002.

2. Un nuevo anexo X de la instrucción técnica complementaria AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobada por el Real Decreto 88/2013.

3. Un nuevo anexo IV del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprobado por el Real Decreto 513/2017.

BOE 101/2021, publicado el 28 de abril.

Orden SND/413/2021, de 27 de abril. Establece las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas que lleguen en vuelo desde cualquier aeropuerto situado en la República de la India a cualquier aeropuerto situado en el Reino de España, con o sin escalas intermedias.

BOE 101/2021, publicado el 28 de abril.

Resolución de 18 de marzo de 2021. Se suspende la inscripción de la escritura porque el objeto social contiene actividades que tienen el carácter de profesional de acuerdo con el artículo 1 de la ley 2/2007 de Sociedades Profesionales, sin que se especifique que se realizarán en concepto de mediación o intermediación ya que no es bastante la cláusula de exclusión de las actividades sujetas a legislación especial.

La DGSJFP indica que el ejercicio en común de una actividad profesional que se somete a sus prescripciones específicas es el relativo a unas actividades concretas, objeto de una configuración legal expresa como «profesiones tituladas» y cuyo ejercicio se halle sometido a colegiación obligatoria. A ellas alude el artículo 36 de la Constitución Española para establecer una reserva de ley sobre el régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, como se ha encargado de resaltar el Tribunal Constitucional en las Sentencias número 83/1984, de 24 de julio, y 42/1986, de 10 de abril, entre otras. En definitiva, lo que viene a establecer es que, por Ley, puede condicionarse el ejercicio de determinadas profesiones a la previa posesión de un título académico o profesional, cuando existen razones de interés público que lo aconsejen. Respecto de la consultoría, debe tenerse en cuenta que aun cuando se va delimitando paulatinamente como una actividad profesional socialmente tipificada, el legislador todavía no ha adoptado la decisión de regularla como una profesión titulada sometida a colegiación obligatoria en la modalidad de «consultoría de gestión empresarial» indicada en la disposición estatutaria debatida

Las restantes objeciones que opone el Registrador en su calificación se basan, a su juicio, en que determinadas actividades a que se refiere requieren, para su ejercicio, el sometimiento a normativa especial. La DGSJFP indica que según los estatutos calificados se especifica que quedan excluidas  todas aquellas actividades sujetas a legislación especial que exija el cumplimiento de  requisitos específicos que no reúna la sociedad. Para la DGSJFP esta cláusula no es suficiente  para que puedan acceder al Registro todas esas determinadas actividades que se  reseñan en la calificación. Entre esas actividades, según la calificación impugnada, se incluyen las referidas como  «CNAE N.º 6492 - Otras actividades crediticias», al entender el Registrador que inciden en el  ámbito de Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, y  de la Ley 2/2009, por la que se regula la contratación con los consumidores  de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de  contratos de préstamo o crédito, que exigen determinados requisitos a las sociedades que  se dediquen con carácter profesional a la concesión de préstamos o créditos a que se  refieren dichas leyes.

La DGSJFP ha acordado desestimar parcialmente el recurso, únicamente  respecto de las actividades crediticias y financieras incluidas en el objeto social, y  estimarlo con revocación de la calificación en los restantes extremos de ésta, en los  términos que resultan de los anteriores fundamentos jurídicos.

BOE 101/2021, publicado el 28 de abril.

Enmiendas al anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en Londres el 17 de mayo de 2019 mediante Resolución MEPC.316(74).

BOE 100/2021, publicado el 27 de abril.

Enmiendas de 2018 al anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en Londres el 26 de octubre de 2018 mediante Resolución MEPC.305(73).

BOE 100/2021, publicado el 27 de abril.

Enmiendas de 2019 al anexo del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en Londres el 17 de mayo de 2019 mediante Resolución MEPC.314(74).

BOE 100/2021, publicado el 27 de abril.

Enmiendas de 2018 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante Resolución MSC.440(99).

BOE 99/2021, publicado el 26 de abril.

Enmiendas de 2018 al Código para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CGrQ), adoptadas en Londres el 13 de abril de 2018 mediante Resolución MEPC.303(72).

BOE 99/2021, publicado el 26 de abril.

Corrección de errores a las Enmiendas de 2016 al Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios (Código SSCI), adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 mediante Resolución MSC.403(96).

BOE 99/2021, publicado el 26 de abril.

Acuerdo de 24 de marzo de 2021. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 24 de marzo de 2021, acuerda hacer pública la corrección del error material padecido en la publicación del acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 15 de diciembre de 2020, relativo a las normas sobre composición, funcionamiento y reparto de asuntos entre las secciones de la Sala de lo Social.

BOE 99/2021, publicado el 26 de abril.

Enmiendas de 2018 al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres el 13 de abril de 2018 mediante Resolución MEPC.302(72).

BOE 99/2021, publicado el 26 de abril.

Orden INT/382/2021, de 19 de abril. Crea una oficina de asistencia en materia de registros en la sede de la Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo

BOE 98/2021, publicado el 24 de abril.

Real Decreto 284/2021, de 20 de abril. Regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera. Modifica los artículos 96.2, 97.4 y 107.3; el primer párrafo del artículo 197.16.7; los artículos 197.19, 197.26, 198.2 y 199.2; el anexo I, apartado A, punto 14; el anexo I, apartado C, punto 2; y, el anexo II, apartado 8. Añade un nuevo punto 12 bis al anexo I, apartado B. Suprime el artículo 90 bis y el anexo I, apartado A, punto 19, todo ello del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990.

Deroga el Real Decreto 1032/2007 por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.

BOE 98/2021, publicado el 24 de abril.

Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril. Suprime el apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.

BOE 97/2021, publicado el 23 de abril.

Orden PCM/377/2021, de 22 de abril. Publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 17 de marzo de 2021, por el que se establece el procedimiento para la adhesión de las comunidades autónomas destinatarias de los recursos adicionales de la ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de España (REACT-UE) al compartimento Fondo de Liquidez REACT-UE, así como las condiciones financieras de las operaciones de crédito en 2021 y resto de condiciones para su disposición.

BOE 97/2021, publicado el 23 de abril.

Orden PCM/378/2021, de 22 de abril. Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de abril de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.

BOE 97/2021, publicado el 23 de abril.

Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de marzo de 2021. Declara inconstitucionales y nulos los siguientes preceptos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: el párrafo segundo del artículo 46.4; el inciso «que serán eficaces, únicamente, a efectos de contratar con la comunidad autónoma que las haya adoptado, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los entes, organismos y entidades del sector público dependientes de una y otras» del artículo 80.2 y el inciso «de forma exclusiva y excluyente» del párrafo 5 del artículo 347.3. La parte subsistente de ambos preceptos ha de interpretarse conforme a lo expresado, respectivamente, en el fundamento jurídico 6 G) f) y en el fundamento jurídico 8 D).

Declara que no son conformes con el orden constitucional de competencias los incisos «de diez días», «de dos días hábiles» y «cinco días hábiles» del artículo 52.3 [fundamento jurídico 6 E) c)] y el inciso «con una antelación mínima de cinco días» del artículo 242.3 [fundamento jurídico 7 C) e)] ; y, con las salvedades y en los términos del fundamento jurídico que se indican en cada caso, el artículo 72.4 [fundamento jurídico 6 G) c)]; el párrafo primero del artículo 122.2, salvo los incisos relativos a la necesidad de incluir «los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato» y «En el caso de contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos» [fundamento jurídico 7 A) d)]; artículo 125.1 [fundamento jurídico 7 A) e)]; el párrafo segundo y tercero del artículo 154.7 [fundamento jurídico 7 B) e)]; los párrafos primero, segundo, tercero, quinto y sexto del artículo 185.3 [fundamento jurídico 7 B) i)]; artículo 212.8 [fundamento jurídico 7 C) c)]; y el apartado 2 de la disposición final sexta [fundamento jurídico 8 F)] de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

BOE 97/2021, publicado el 23 de abril.

Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de marzo de 2021. Declara inconstitucionales y nulos los artículos 13 d), el primer párrafo del artículo 17.2, el inciso «y debe comunicarles que esta cláusula dejará de aplicarse en los términos establecidos por la resolución o sentencia judicial», del artículo 28.6 y los artículos 29 y 76.41 de la Ley 6/2019 del Estatuto de las Personas Consumidoras de Extremadura.

BOE 97/2021, publicado el 23 de abril.

Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de marzo de 2021.  Declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 19 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 6/2019, de Calidad Agroalimentaria.

BOE 97/2021, publicado el 23 de abril.

Orden ICT/370/2021, de 14 de abril. Modifica los anejos del Real Decreto 237/2000 por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones y el párrafo del punto tercero relativo al certificado IMDG de la Orden de 20 de septiembre de 1985 sobre normas de construcción, aprobación de tipo, ensayos e inspección de cisternas para el transporte de mercancías peligrosas.

BOE 96/2021, publicado el 22 de abril.

Orden TED/371/2021, de 19 de abril. Establece los precios de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad que resultan de aplicación a partir del 1 de junio de 2021. Modifica el apartado 3.3 del anexo II y el artículo 9.3.º de la Orden ITC/2370/2007 por la que se regula el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad para los consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción y el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 8 de la Orden IET/2444/2014 por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015.

BOE 96/2021, publicado el 22 de abril.

Resolución de 12 de abril de 2021. Publica la relación de participantes directos en TARGET2 - Banco de España.

BOE 96/2021, publicado el 22 de abril.

Resolución de 25 de febrero de 2021. El defecto recurrido es el relativo a la falta de inscripción de la mercantil en el Registro de Prestaciones de Servicios a Sociedades y Fideicomisos, habiendo aportado la sociedad, entre los documentos contables a depositar, el relativo a los prestadores de servicios. En la nota también se advierte que, en caso de no ser prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos, el documento correspondiente no deberá ser incorporado al envío telemático.

La DGSJFP desestima el recurso y recuerda que, en los modelos de depósito de cuentas anuales, en la hoja identificativa de los documentos contables cuyo depósito se solicita, existen una serie de casillas que deberán marcarse en función de los diferentes documentos que cada entidad presente, no siendo obligatorio marcar todas ellas. Y si se quiere presentar el documento sobre servicios a terceros, es porque la persona, física o jurídica, está obligada a ello, al estar dada de alta como prestataria de servicios.

La DGSJFP concluye que, en este caso, el recurrente que ha marcado la casilla y presenta el documento contable, realiza una serie de alegaciones, al margen de otras que no pueden ser tenidas en consideración, que deben ser desestimadas. Debe destacarse que en la nota de calificación ya se le advertía «que en caso de no ser Prestador de Servicios a Sociedades y Fideicomisos el documento correspondiente no deberá ser incorporado al envío telemático.»

BOE  96/2021, publicado el 22 de abril.

Resolución de 25 de febrero de 2021. Se debaten en el expediente tres cuestiones, derivadas de la calificación de una solicitud de depósito de cuentas anuales: (i) si se puede incluir en la declaración de titulares reales a un socio que tiene un 25% del capital social, junto con otro que tiene el 75%, (ii) si esa declaración tiene que estar firmada por quien ostente la facultad certificante en la sociedad,  y (iii) la falta de uno de los documentos que integran el depósito.

En relación al primer defecto, la DGSJFP indica que sólo existe la obligación de declarar las personas físicas que ostenten más de un 25% del capital; pero si cumpliendo con esta obligación, en este caso se declara un socio que ostenta el 75%, voluntariamente, por parte de la sociedad, se añade al otro socio que ostenta el 25% restante, nada se le puede objetar, ya que con ello se conseguirá que el Registro de Titularidades Reales sea más completo.

En relación con el segundo defecto, la DGSJFP afirma que hay que conformar la calificación efectuada e indica que si la presentación de las cuentas se hubiera realizado de forma telemática, la firma electrónica del archivo que contiene todos los documentos a presentar, equivale a la firma individualizada de cada uno de ellos, ya que alcanza a todo su contenido. Pero si la presentación se hace en formato papel, debe garantizarse la autoría de la persona que ha efectuado la declaración de identificación del titular real, mediante la firma de la misma; y sin que pueda admitirse como excusa el que no hay espacio suficiente para ello, o que no fue advertido de ello en el momento de la presentación.

Sobre el tercero de los defectos, la DGSJFP indica que si uno de los documentos que integran el depósito de cuentas, en este caso la hoja destinada a datos generales de identificación, no está entre las presentadas, cuando se ha realizado en formato papel, no se puede echar la culpa al Registro de haberlo extraviado, ya que nadie le advirtió de su falta cuando se presentaron las cuentas.

En consecuencia, la DGSJFP  ha acordado estimar parcialmente el recurso, y revocar el primer defecto y confirmar los otros dos de la calificación recurrida.

BOE  96/2021, publicado el 22 de abril.

Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril. Permite a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla ampliar los sectores y empresas que podrán beneficiarse de la línea de ayudas directas a autónomos y empresas atendiendo a las especificidades del tejido productivo de cada región y a los efectos que sobre sus empresas y trabajadores autónomos hayan podido tener las medidas de contención de la pandemia establecidas por cada región. Adicionalmente, se incluye la posibilidad de que, de forma excepcional, puedan otorgar ayudas a empresas viables que hayan tenido un resultado negativo en 2019.

Aprueba un procedimiento excepcional y temporal, durante los ejercicios 2021 y 2022, para la concesión por las Delegaciones de Economía y Hacienda de aplazamientos y/o fraccionamientos del pago de deudas de naturaleza pública, no tributarias ni aduaneras, derivadas del reintegro y/o reembolso de ayudas o de préstamos concedidos por la Administración General del Estado, con dispensa de garantía.

Modifica el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

BOE 95/2021, publicado el 21 de abril.

Resolución de 26 de marzo de 2021. Amplía el plazo de resolución del procedimiento de inscripción en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

BOE 95/2021, publicado el 21 de abril.

Real Decreto 283/2021, de 20 de abril. Modifica la letra k) del artículo 2, el apartado 1 del artículo 24, el apartado 3 del artículo 39, el apartado 1 del artículo 54, el último párrafo del artículo 61, los apartados 5 y 6 del artículo 73, los artículos 76 a 84, las disposiciones adicionales sexta, octava, décima y undécima y el anexo XXV . Añade un nuevo apartado 4 en el artículo 4, un apartado 7 en el artículo 73, los artículos 77 bis, 79 bis, 84 bis, las disposiciones adicionales duodécima, decimotercera y decimocuarta y el anexo XXVI, todo ello del Real Decreto 1363/2018 para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.

BOE 95/2021, publicado el 21 de abril.

Real Decreto 286/2021, de 20 de abril. Modifica la letra B) del artículo 21.1 y el apartado 1.o) de la disposición adicional séptima del Real Decreto 139/2020 por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y los artículos 5 a 8 y a la letra l) del artículo 9.3 del Real Decreto 497/2020 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

BOE 95/2021, publicado el 21 de abril.

Real Decreto 287/2021, de 20 de abril. Establece los criterios que definen los conocimientos y aptitudes que deben poseer los distribuidores de seguros y de reaseguros y su personal relevante, el modo en que dichos conocimientos y aptitudes deben ser evaluados y la forma en la que las personas y entidades obligadas podrán acreditarlos, así como regula los libros-registro y la información estadístico-contable, en desarrollo de lo dispuesto en el título I del libro segundo del Real Decreto-ley 3/2020 de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Deroga el Real Decreto 764/2010 por el que se desarrolla la Ley 26/2006 de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.

BOE 95/2021, publicado el 21 de abril.

Real Decreto 288/2021, de 20 de abril. Efectúa la transposición parcial al Derecho español de la Directiva (UE) 2017/828, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, en lo que afecta a las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida, y a las entidades reaseguradoras que cubran obligaciones de seguros de vida. Asimismo, efectúa la transposición parcial de la Directiva (UE) 2019/2177, por la que se modifica la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros y la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, en lo concerniente al sector asegurador.

Modifica la regulación de las tablas biométricas utilizadas en los seguros de vida y decesos, para actualizarlas a la evolución de la longevidad y establece la obligatoriedad de usar tablas biométricas actualizadas, fiables y robustas. Modifica también el Reglamento de seguros agrarios combinados para recoger la participación del Consorcio de Compensación de Seguros en el Consejo de Agroseguro.

Modifica:

1. El apartado 1 del artículo 20, el apartado 1 del artículo 21, el apartado 1 del artículo 79, el párrafo 3 del artículo 124.5, el artículo 133, los apartados 1 y 2 del artículo 184, el párrafo cuarto del artículo 198.3, el párrafo primero del apartado 1 de la disposición adicional octava y la disposición final novena del Real Decreto 1060/2015 de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras

2. El artículo 34 del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998.

3. Los apartados 1 y 2 del artículo 41 del Reglamento para la aplicación de la Ley 87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado por el Real Decreto 2329/1979.

Añade tres nuevos apartados 6, 7 y 8 al artículo 28, tres nuevos apartados 6, 7 y 8 al artículo 29, un nuevo apartado 4 al artículo 30, un nuevo capítulo II bis, en el título II, un nuevo artículo 35 bis en el capítulo II bis del título II, un nuevo apartado 6 al artículo 48, un nuevo apartado 4 al artículo 81, los artículos 89 bis y 89 ter, un nuevo apartado 4 en el artículo 118 y una nueva disposición adicional decimoctava del Real Decreto 1060/2015 de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y una letra e) al artículo 45 del Reglamento para la aplicación de la Ley 87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado por el Real Decreto 2329/1979.

BOE 95/2021, publicado el 21 de abril.

Circular 1/2021, de 8 de abril. Fija criterios sobre los plazos de la investigación judicial del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Deroga la Circular de la Fiscalía General del Estado 5/2015 sobre los Plazos Máximos de la Fase de Instrucción.

BOE 95/2021, publicado el 21 de abril.

Corrección de errores de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre. Advertidos errores en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 341, de 31 de diciembre de 2021, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones.

BOE 94/2021, publicado el 20 de abril.

Resolución de 16 de abril de 2021. Publica la Resolución de 29 de marzo de 2021 por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019.

BOE 94/2021, publicado el 20 de abril.

Acuerdo de 18 de marzo de 2021. Publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por el que se aprueba la modificación de las normas de asignación de asuntos y ponencias de la Sala Civil y Penal.

BOE 93/2021, publicado el 19 de abril. 

Orden INT/361/2021, de 15 de abril. Mantiene los controles en la frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

BOE 92/2021, publicado el 17 de abril.

Orden ETD/362/2021, de 13 de abril. Advertido un error en la Orden por la que se modifica la Orden ETD/920/2020 por la que se crea y regula el Consejo Consultivo para la Transformación Digital, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 36, de 11 de febrero de 2021, se realiza la oportuna rectificación.

BOE 92/2021, publicado el 17 de abril.

Orden SND/363/2021, de 16 de abril. Prorroga la Orden SND/181/2021 sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE 92/2021, publicado el 17 de abril.

Resolución de 30 de marzo de 2021. Modifica el anexo I de la Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se establece el listado de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020 de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE 91/2021, publicado el 16 de abril.

Circular 1/2021, de 25 de marzo. La finalidad básica de esta circular es modificar el régimen contable de ciertas entidades sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de manera que, con carácter general, les resulte aplicable por remisión el marco contable general establecido a través de la habilitación normativa recogida en la disposición final primera de la Ley 16/2007 de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, que se concreta en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, el Plan General de Contabilidad de PYMES aprobado por el Real Decreto 1515/2007 y las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010.

Modifica:

1. Los apartados 4 y 5 de la norma 6.ª de la Circular 4/2008, de la CNMV, sobre el contenido de los informes trimestrales, semestral y anual de instituciones de inversión colectiva y del estado de posición.

2. El apartado 6 de la norma 20.ª de la Circular 11/2008, de la CNMV, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las entidades de capital-riesgo.

3. La letra c) del apartado 1 de la norma 1.ª de la Circular 9/2008, de la CNMV, sobre normas contables, estados de información reservada y pública y cuentas anuales de las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, con la exclusión del Banco de España, de las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, de la Sociedad de Sistemas, de las entidades de contrapartida central, de la Sociedad de Bolsas, de las sociedades que tengan la titularidad de todas las acciones de organismos rectores de mercados secundarios oficiales y de sistemas multilaterales de negociación, y de otros sistemas de compensación y liquidación de los mercados que se creen al amparo de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

Deroga la Circular 7/2008, de la CNMV, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las empresas de servicios de inversión, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y la disposición adicional 1.ª de la Circular 1/2012, de la CNMV, por la que se modifica la Circular 6/2010, sobre operaciones con instrumentos derivados y de otros aspectos operativos de las instituciones de inversión colectiva; la Circular 4/2008, sobre el contenido de los informes trimestrales, semestral y anual de las instituciones de inversión colectiva y del estado de posición; y la Circular 3/2006, sobre Folletos Explicativos de las Instituciones de Inversión Colectiva.

BOE 91/2021, publicado el 16 de abril.

Resolución de 8 de abril de 2021. Publica la Resolución de 29 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban las normas técnicas para la incorporación de la representación gráfica de inmuebles en documentos notariales.

BOE 90/2021, publicado el 15 de abril.

Orden HAC/348/2021, de 12 de abril. Concreta los criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el título I del Real Decreto-ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

BOE 89/2021, publicado el 14 de abril.

Real Decreto 264/2021, de 13 de abril. Aprueba las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses.

Deroga:

1. La Orden de 31 de marzo de 1967 por la que se aprueba la «Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas».

2. La Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses.

3. Los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria primera del Real Decreto 9/2008, por el que se modifica el Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986.

BOE 89/2021, publicado el 14 de abril.

Real Decreto 265/2021, de 13 de abril. Establece medidas destinadas a la prevención de la generación de residuos procedentes de vehículos y a la recogida, a la preparación para la reutilización, al reciclado y otras formas de valorización de los vehículos al final de su vida útil, incluidos sus componentes, para así reducir la eliminación de residuos y mejorar la eficacia en la protección de la salud humana y del medio ambiente a lo largo del ciclo de vida de los vehículos.

Modifica el apartado 8 del artículo 32, el apartado 5 del artículo 33, el artículo 35, el apartado 1.a) del artículo 36 y los anexos XIII y XV del Reglamento general de vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998. Deroga el Real Decreto 20/2017 sobre los Vehículos al Final de su Vida Útil y la Orden INT/624/2008, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados al final de su vida útil.

BOE 89/2021, publicado el 14 de abril.

Real Decreto 266/2021, de 13 de abril. Aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo.

BOE 89/2021, publicado el 14 de abril.

Ley 3/2021, de 12 de abril. Adopta medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Modifica el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, modificado por la disposición final sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

BOE 88/2021, publicado el 13 de abril.

Ley 4/2021, de 12 de abril. Regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

BOE 88/2021, publicado el 13 de abril.

Ley 5/2021, de 12 de abril. Incorpora parcialmente al Derecho español la Directiva (UE) 2017/828, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas.

Incluye como novedades las disposiciones de la directiva sobre la política de transparencia de los inversores institucionales, los gestores de activos y los asesores de voto. Obliga a las sociedades gestoras de estas instituciones y entidades a elaborar y publicar una política de implicación. Esta política debe explicar, entre otros aspectos, cómo integran la implicación de los accionistas en su política de inversión y cómo han ejercido, en su caso, los derechos de voto en las juntas generales de accionistas de las sociedades en las que invierten, en especial en las votaciones más importantes y, en su caso, el recurso a los servicios de asesores de voto.

Reconoce el derecho de las sociedades a identificar no solo a los accionistas formales, sino también a los beneficiarios últimos y mantiene expresamente inalterado el sistema español vigente en la actualidad de registro de valores.

En relación a los asesores de voto, también denominados proxy advisors, la reforma legal se aborda en el texto refundido de Ley del Mercado de Valores.

En cuanto al derecho de los accionistas a pronunciarse sobre las remuneraciones de los administradores (say on pay), la ley introduce alguna modificación de cierta relevancia en el informe anual de remuneraciones, cuyo contenido pasa a ser más detallado como consecuencia de la transposición de la directiva.

Respecto a la regulación de las operaciones vinculadas introduce determinadas novedades derivadas de la directiva, aplicables a las sociedades cotizadas.

Por otra parte, esta ley introduce, al margen de la directiva, otras mejoras normativas en materia de gobierno corporativo y de funcionamiento de los mercados de capitales. Refuerza el deber de diligencia de los administradores, establece que los consejeros de las sociedades cotizadas deberán ser necesariamente personas físicas e introduce en nuestro derecho societario las denominadas «acciones de lealtad» con voto adicional, permitiendo a las sociedades cotizadas contemplarlas en sus estatutos sociales.

Modifica también el Código de Comercio para avanzar en la promoción y fomento de la participación de los trabajadores en las empresas. En este sentido, desarrolla el apartado del estado de información no financiera correspondiente a la información sobre cuestiones sociales y relativas al personal, para detallar los mecanismos y procedimientos con los que cuenta la empresa para promover la implicación de los trabajadores en la gestión de la compañía, en términos de información, consulta y participación.

Además, introduce una serie de modificaciones en la propia Ley de Sociedades de Capital con el objetivo principal de hacer más simples y ágiles los procesos de captación de capital en el mercado por parte de sociedades cotizadas y de compañías con acciones admitidas a negociación en sistemas multilaterales de negociación.

Igualmente se modifica la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, para incluir el informe anual de remuneraciones de los consejeros entre la información cuya existencia debe comprobar el auditor al analizar el informe de gestión de las sociedades cotizadas y se adapta el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores al Reglamento (UE) n.º 2017/1129 sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado. Elimina la obligación de las empresas cuyas acciones cotizan en mercados regulados de publicar información financiera trimestral.

También regula las obligaciones de los administradores de comunicar participaciones significativas conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 596/2014 sobre el abuso de mercado, de tal forma que ya no es necesario que comuniquen estas participaciones conforme al artículo 125.5 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

Por último, exceptúa de la obligación de elaborar el informe anual de gobierno corporativo a las entidades emisoras de valores distintas de las sociedades anónimas cotizadas y actualiza la enumeración de preceptos que se consideran normas de ordenación y disciplina del mercado de valores y que, por tanto, se encuentran bajo la supervisión de la CNMV.

Modifica:

1. El artículo 49, apartado 6. II Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal, guion cuarto del Código de Comercio.

2. Los artículos 182, 225.1, 231, 315 y 495, el apartado 1 del artículo 496, los artículos 497, 503 a 508 y 510 a 512, la letra b) del artículo 518, los artículos 521 y 524, el apartado 1 del artículo 529 bis, la letra h) del apartado 1 del artículo 529 ter, los artículos 529 sexdecies a 529 novodecies, los artículos 538 y 541; y, las disposiciones adicionales séptima y novena del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010.

3. La letra f) del artículo 5.1, el segundo párrafo del artículo 78.3 y las letras b) y d) del apartado 3 de la disposición adicional tercera de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas.

4. El artículo 7, el apartado 2 del artículo 33, los artículos 34 a 36, 38, 39 y 42, los apartados 1 y 2 del artículo 77, el artículo 82, el apartado 2 del artículo 122, la letra t) del apartado 2 del artículo 234, el apartado 4 del artículo 271, el apartado 1 del artículo 276 bis, el apartado 2 del artículo 279, los apartados 5 y 6 del artículo 292, el artículo 296.1 y la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015.

Añade:

1. Dos nuevos artículos 47 ter y 47 quater de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

2. Los artículos 182 bis, 231 bis, 497 bis, 520 bis, 520 ter, 522 bis, 524 bis, 524 ter y 527 bis; al Título XIV, Capítulo VI, Sección 3.ª una nueva Subsección 4.ª;  una nueva letra h) y la letra g) del apartado 4 del artículo 529 quaterdecies; un nuevo Capítulo VII bis en el Título XIV, que comprenderá los artículos 529 vicies a 529 tervicies; dos nuevos párrafos 3.º y 4.º en la letra c) del apartado 4 del artículo 540 y se renumeran el párrafo 3.º como párrafo 5.º, el párrafo 4.º como párrafo 6.º, el párrafo 5.º como párrafo 7.º y el párrafo 6.º como párrafo 8.º; y, nuevas disposiciones adicionales duodécima a decimoquinta del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010.

3. Dos nuevos artículos 67 bis y 67 ter en la Ley 22/2014 por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

4. Una nueva letra e) en el apartado 3 de la disposición adicional tercera de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas.

5. Un apartado 3 al artículo 131; un nuevo Capítulo X denominado «Asesores de voto» en el Título IV que comprenderá los nuevos artículos 137 bis a 137 quinquies; una nueva Sección 9.ª en el Capítulo I del Título VII; un nuevo párrafo 9.º en el artículo 233.1.a); un nuevo apartado 15 al artículo 234; un nuevo apartado 7 al artículo 279; un nuevo apartado 22 en el artículo 282; un nuevo apartado 7 (renumerando los apartados posteriores de dicho artículo, actuales 7 a 11 que pasarían a ser 8 a 12) del artículo 292; un nuevo apartado 23 en el artículo 295; un nuevo apartado 22 al artículo 302; un nuevo apartado 17 al artículo 303; y, un nuevo apartado 4 al artículo 310 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015.

6. Una letra d) al apartado 1 del artículo 93 de la Ley 58/2003 General Tributaria.

Suprime:

1. El segundo párrafo de la letra e) del apartado 1 del artículo 46.1 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

2. El apartado 7 del artículo 529 decies del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010.

3. El apartado 2 del artículo 35 de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas.

4. El apartado 3 del artículo 33, los artículos 37, 40 y 120 y el apartado 5 del artículo 125 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015.

Elimina el último inciso de la letra e) del artículo 518,  del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010.

BOE 88/2021, publicado el 13 de abril.

Enmienda de 2017 al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 2000 (Código NGV 2000), adoptada en Londres el 15 de junio de 2017 mediante Resolución MSC.424(98).

BOE 88/2021, publicado el 13 de abril.

Enmiendas de 2017 al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 1994 (código NGV 1994), adoptadas en Londres el 15 de junio de 2017 mediante Resolución MSC.423(98).

BOE 88/2021, publicado el 13 de abril.

Enmiendas de 2018 al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 1994 (Código NGV 1994), adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante Resolución MSC.438(99).

BOE 88/2021, publicado el 13 de abril.

Prescripciones sobre el mantenimiento, examen minucioso, prueba de funcionamiento, revisión y reparación de los botes salvavidas y los botes de rescate, dispositivos de puesta a flote y aparejos de suelta, adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 mediante la Resolución MSC.402(96).

BOE 88/2021, publicado el 13 de abril.

Texto enmendado de los anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2021) con las Enmiendas adoptadas durante las sesiones 105.ª, 106.ª y 107.ª del Grupo de trabajo de transportes de mercancías peligrosas de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).

BOE 88/2021, publicado el 13 de abril.

Orden HAC/342/2021, de 12 de abril. Aprueba el modelo 234 de "Declaración de información de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal", el modelo 235 de "Declaración de información de actualización de determinados mecanismos transfronterizos comercializables" y el modelo 236 de "Declaración de información de la utilización de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal".

Modifica el apartado 3 del artículo 1 y el número 2.º de la letra a) del artículo 12 de la Orden HAP/2194/2013 por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria

BOE 88/2021, publicado el 13 de abril.

Resolución de 8 de abril de 2021. Aprueba los modelos de comunicaciones entre los intervinientes y partícipes en los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal objeto de declaración.

BOE 88/2021, publicado el 13 de abril.

Real Decreto 158/2021, de 16 de marzo. Regula la composición y funciones del Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias. Deroga el Real Decreto 417/1996 por el que se regula la composición y funciones del Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con África Occidental.

BOE 86/2021, publicado el 10 de abril.

Corrección de errores de la Orden SND/292/2021, de 26 de marzo. Advertido error en Orden por la que se establecen medidas de control sanitario a las personas procedentes de Francia que llegan a España por vía terrestre, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 74, de 27 de marzo de 2021, se procede a efectuar la oportuna rectificación.

BOE 86/2021, publicado el 10 de abril.

Resolución de 6 de abril de 2021. Actualiza el anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017 por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

BOE 85/2021, publicado el 9 de abril.

 

Orden INT/321/2021, de 31 de marzo. Modifica el apartado segundo de la Orden INT/1922/2003, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos, en cuanto a las obligaciones de registro documental.

BOE 83/2021, publicado el 8 de abril.

Orden PCM/324/2021, de 7 de abril. Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.

BOE 83/2021, publicado el 8 de abril.