Novedades legislativas

Resolución de 26 de junio de 2020.  Aprueba las modificaciones introducidas en el modelo de contrato de arrendamiento financiero (leasing) de bienes muebles, letras de identificación "L-AEL" para ser utilizado por la Asociación Española de Leasing y Renting.

BOE 189/2020, publicado el 10 de julio.

Acuerdo del CGPJ de 25 de junio de 2020. Publica el acuerdo de 12 de junio de 2020 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo por el que se determinan los magistrados integrantes de la Sección de Admisiones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE 189/2020, publicado el 10 de julio.

 

Acuerdo del CGPJ de 25 de junio de 2020. Declara la nulidad de pleno derecho del artículo 82.2 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, relativo a las causas de cese de los decanos electos, respecto del inciso "será de aplicación lo dispuesto en el artículo 340 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

BOE 189/2020, publicado el 10 de julio.

Resolución de 18 de junio de 2020. Hace pública la entrada en vigor el 18 de noviembre de 2018 y el texto del Convenio entre el Reino de España, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones mediante el que se modifica y reformula el Fondo General de Cooperación de España en aplicación del Acuerdo Marco entre el Reino de España, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, hecho en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018.

BOE 189/2020, publicado el 10 de julio.

Resolución de 26 de junio de 2020. Hace público el Convenio entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Consejo General del Notariado, respecto a las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales de los agentes diplomáticos y consulares en su actuación como fedatarios públicos.

BOE 189/2020, publicado el 10 de julio.

Resolución de 26 de junio de 2020. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, que regula la fórmula para la fijación del capital social mínimo de las Sociedades Anónimas Deportivas, hace pública la cifra correspondiente al 25 por ciento de la media de gastos realizados por los Clubes y Sociedades Anónimas Deportivas para la modalidad de fútbol.

BOE 189/2020, publicado el 10 de julio.

Resolución de 26 de junio de 2020. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, que regula la fórmula para la fijación del capital social mínimo de las Sociedades Anónimas Deportivas, hace pública la cifra correspondiente al 25 por ciento de la media de gastos realizados por los Clubes y Sociedades Anónimas Deportivas para la modalidad de baloncesto.

BOE 189/2020, publicado el 10 de julio.

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2020. Declara la nulidad de los artículos 7.2 (inciso referido a la utilización del sistema telemático de gestión de ayudas del Plan Movea), 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 del Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan Movea 2017).

BOE 189/2020, publicado el 10 de julio.

Resolución de 20 de marzo de 2020. Se suspende la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales por la que se solicita el cese de la administradora única y el nombramiento de nuevo administrador, debido a que  la sociedad  figura dada de baja provisional en el índice de entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y porque la hoja de la sociedad ha sido cerrada, conforme al artículo 378 del RRM, por falta de depósito de las cuentas anuales.

La DGSJFP afirma que no pueden confundirse las consecuencias del cierre registral provocado en el ámbito de las obligaciones de naturaleza fiscal con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales (artículo 282 del texto refundido de la LSC, así como el artículo 378 y la disposición transitoria quinta del  RRM) respecto del cual se admite expresamente como excepción la inscripción del cese o la dimisión de administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo demás, la distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en el índice de en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros.

La DGSJFP ha acordado desestimar el recurso y confirmar parcialmente la calificación impugnada.

BOE 188/2020, publicado el 9 de julio.

Protocolo entre el Reino de España y la República de la India hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993.

Orden HAC/626/2020, de 6 de julio. Modifica el apartado 2 del artículo 4, la disposición adicional única y las disposiciones transitorias primera y segunda   de la Orden HAC/1271/2019 por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas.

BOE 188/2020, publicado el 9 de julio.

Real Decreto 645/2020, de 7 de julio. Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Deroga el Real Decreto 953/2018 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento.

BOE 188/2020, publicado el 9 de julio.

Orden TED/627/2020, de 3 de julio. Adopta las orientaciones de política energética que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo uno del Real Decreto-Ley 1/2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá tener en consideración.

BOE 188/2020, publicado el 9 de julio.

Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2020. Declara nulos los artículos 1 y 2 del Real Decreto 1076/2017 por el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor.

BOE 188/2020, publicado el 9 de julio.

Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio. Aprueba un conjunto de medidas necesarias a efectos de la reactivación económica en el sector de los transportes y en el ámbito de la vivienda, protegiendo la salud de los trabajadores y viajeros, garantizando la disponibilidad de los bienes y los servicios esenciales; proporcionando liquidez a las empresas y reduciendo las cargas administrativas.

En cuanto al transporte aéreo, hace obligatorias en España las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para la seguridad de pasajeros y tripulaciones de vuelo en el ámbito del Covid-19. Asimismo, incorpora medidas orientadas a facilitar la recuperación gradual y segura del sector como la flexibilización del arrendamiento de aeronaves, con o sin tripulación, para la extinción de incendios, búsqueda y salvamento; y la adaptación del concepto de aeronaves no tripuladas (drones) al de la normativa de la Unión Europea.

En el transporte marítimo, se flexibiliza la normativa a fin de agilizar los trámites de emisión y renovación de certificados. Además, se permite a las autoridades portuarias ampliar temporalmente la reducción de las cuotas de las tasas portuarias y de ocupación y se alarga el periodo para reducir la tasa de buque hasta el máximo permitido por la normativa europea.

Por su parte, en el sector del transporte por carretera, se adoptan medidas para restablecer el equilibrio económico de los contratos de gestión de servicios de competencia estatal. Por otro lado, se posibilita una moratoria en el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús y al transporte público de mercancías. Otra de las medidas adoptadas es la prórroga por 3 meses de la validez de los certificados de inspección técnica de los vehículos (ITV).

Respecto a las medidas en el ámbito de la vivienda, se da un primer paso en la regulación del derecho de superficie para la promoción de viviendas destinadas a alquiler asequible por parte de promotoras privadas. Asimismo, con el objetivo de incrementar el parque de viviendas destinadas al alquiler asequible o social para personas especialmente afectadas por la crisis, se pretende dotar a las administraciones públicas de instrumentos jurídicos que permitan una colaboración efectiva en los distintos ámbitos de su actuación, ya sea estatal, autonómico o local, así como mecanismos adecuados para articular la cooperación con operadores económicos.

En otro orden de medidas, declara acontecimiento de excepcional interés público al Gran Premio de España de Fórmula 1, con lo que se pretende dar un impulso a la organización de este Gran Premio, al poder otorgar beneficios fiscales a las empresas colaboradoras que contribuyan, además, a su difusión, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Modifica:

1. El artículo once letra b), el apartado segundo del artículo ciento cincuenta y el párrafo primero del artículo ciento cincuenta y uno de la Ley 48/1960 sobre Navegación Aérea.

2. El apartado 2 del artículo 18 de la Ley 18/2014 de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

3. El apartado TAE.ORO.COE.110 del Real Decreto 750/2014 por el que se regulan las actividades aéreas de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento y se establecen los requisitos en materia de aeronavegabilidad y licencias para otras actividades aeronáuticas.

4. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2020 que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el artículo 41 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011.

5. El apartado 2 del artículo 101 de la Ley 14/2014 de Navegación Marítima.

6. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2020 que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, la letra f) del apartado 3 del artículo 9 y la letra a) del apartado 1 del artículo 110 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.

7. La disposición transitoria quinta del Real Decreto 70/2019 por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera.

8. El apartado 2 del artículo 4 y los artículos 12 y 13 del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

9. El artículo 2, el apartado 1 del artículo 4 y los artículos 23, 24 y 29 del Real Decreto-ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

10. El apartado ñ) del artículo 159 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Añade:

1. Un nuevo párrafo a la disposición final segunda de la Ley 48/1960 sobre Navegación Aérea.

2. Un apartado 3 bis al artículo 245 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011.

3. Una nueva letra n) al artículo 15, un nuevo artículo 38 bis de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.

4. Dos nuevos apartados 3 y 4 en la disposición final duodécima del Real Decreto-ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

5. Dos nuevos párrafos al apartado 1 del artículo 1 del Real Decreto-ley 5/2015 de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

6. tres nuevos apartados, 4, 5 y 6, al artículo 31 del Real Decreto-ley 21/2020 de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Deroga la disposición adicional decimoctava de la Ley 18/2014 de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia y los artículos 16 a 21 del Real Decreto-ley 15/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

BOE 187/2020, publicado el 8 de julio.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2295-2020. Admite a trámite el recurso promovido contra las disposiciones adicionales sexta y séptima, disposición transitoria segunda y disposición final primera del Real Decreto-ley 15/2020 de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

BOE 187/2020, publicado el 8 de julio.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2313-2020. Admite a trámite el recurso promovido contra el apartado cinco de la disposición final cuarta de la Ley 10/2019 de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020.

BOE 187/2020, publicado el 8 de julio.

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1514-2020. Admite a trámite la cuestión planteada en relación con el artículo 40.4, apartados a) y c), de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por posible vulneración del artículo 149.1.23.ª de la CE.

BOE 187/2020, publicado el 8 de julio.

Real Decreto 644/2020, de 7 de julio. Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Modifica el artículo 1 del Real Decreto 139/2020 por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Deroga el Real Decreto 1271/2018 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y por el que se modifica el Real Decreto 595/2018 por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales

BOE 187/2020, publicado el 8 de julio.

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio. Establece un marco jurídico y técnico adecuado para las actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertederos de conformidad con la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados al tiempo que regula las características de los vertederos y su correcta gestión y explotación. Deroga el Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

BOE 187/2020, publicado el 8 de julio.

Real Decreto 647/2020, de 7 de julio. Regula aspectos que se consideran necesarios para la adecuada aplicación de los requisitos recogidos en el Reglamento (UE) 2016/631, por el que se establece un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red; en el Reglamento (UE) 2016/1388, por el que se establece un código de red en materia de conexión de la demanda; y en el Reglamento (UE) 2016/1447, por el que se establece un código de red sobre requisitos de conexión a la red de sistemas de alta tensión en corriente continua y módulos de parque eléctrico conectados en corriente continua.

Modifica:

1. La letra d) del apartado 1 del artículo 14 del Real Decreto 1699/2011 por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

2. El último párrafo del punto i) de la letra e) del artículo 7, el apartado 1 del artículo 39, el apartado 1 del artículo 40 y el artículo 41 del Real Decreto 413/2014 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

3. El apartado 3 del artículo 60, la letra a) apartado 3 del artículo 69, el apartado c) del artículo 72.1, el apartado a) 1.º del artículo 72.3, el párrafo primero del apartado b) del artículo 72.4 y los apartados 3, 3bis y 4 la disposición transitoria primera del Real Decreto 738/2015 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

Añade:

1. Un segundo párrafo al apartado 4 del artículo 12 del Real Decreto 1699/2011 por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

2. Dos nuevos párrafos al final de la letra c), un nuevo párrafo entre el primer y segundo párrafo del apartado d) y un nuevo párrafo a continuación del párrafo primero del punto i) de la letra e) del artículo 7, un nuevo párrafo entre el penúltimo y el último párrafo de la disposición adicional duodécima, un nuevo párrafo entre el segundo y el tercer párrafo del apartado 1 del anexo III y un nuevo párrafo al final del apartado 9 del anexo XV del Real Decreto 413/2014 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

3. Un texto en la definición del parámetro «t» contenida en el párrafo tercero del artículo 33.2, un apartado 5 a la disposición transitoria primera y un tercer párrafo en el apartado 1 del anexo X del Real Decreto 738/2015 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

4. Un apartado 7 en el artículo 13 del Real Decreto 56/2016 por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía

BOE 187/2020, publicado el 8 de julio.

Resolución de 1 de julio de 2020. Habilita trámites y actuaciones a través del canal telefónico, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema cl@ve pin).

BOE 186/2020, publicado el 7 de julio.

Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2020. Declara nulos los artículos 1 y 2 y la disposición transitoria única del Real Decreto 1076/2017 por el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor.

BOE 186/2020, publicado el 7 de julio.

Resolución de 30 de junio de 2020. Somete a información pública la norma técnica de auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España, "Auditoría de estimaciones contables y de la correspondiente información a revelar", y la modificación de la norma técnica de auditoría "Responsabilidades del auditor con respecto a otra información".

BOE 186/2020, publicado el 7 de julio.

Resolución de 1 de julio de 2020. Somete a información pública la norma técnica de auditoría de elaboración del informe complementario al de auditoría de cuentas anuales de las entidades de crédito y de los establecimientos financieros de crédito.

BOE 186/2020, publicado el 7 de julio.

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio. Adopta medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Aprueba una nueva línea de avales que será canalizada a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importe de 40.000 millones de euros y dirigida a impulsar la realización de nuevos proyectos de inversión empresarial. Esta nueva línea se dirige a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principalmente: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

Prevé, asimismo, la creación de un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se trata de un nuevo instrumento cuyo objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19. El fondo se articulará a través distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público.

Incluye también la aprobación del programa "Renove 2020" para la renovación del parque de vehículos. Las ayudas del plan "Renove 2020" se concederán de forma directa y pueden ir desde los 300 hasta los 4.000 euros, según el tipo de vehículo y del beneficiario.

Junto a las anteriores medidas, incorpora tres medidas de apoyo al sector turístico español. (i) Se pone en marcha un sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector turístico. (ii) Se aprueba la creación del instrumento denominado "Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos" cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en áreas rurales y de interior. (iii) Se aprueba una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividad turística, a través del otorgamiento de un periodo de moratoria de hasta doce meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito. Podrán ser beneficiarios los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España, siempre que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria.

Por último, establece reglas para regular la colaboración público-privada para el desarrollo de medicamentos o productos sanitarios, en materia de COVID-19, a partir de proyectos de investigación con financiación pública en organismos pertenecientes al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Modifica el apartado uno de la disposición adicional sexagésima de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y el párrafo b) del artículo 31.1 del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Añade:

1. Un número 30 al artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993.

2. Un nuevo apartado 7 a la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. Un párrafo e) al artículo 31.1 y un párrafo al artículo 40.8 del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

4. Un nuevo apartado 4 en el artículo 20 y un cuarto párrafo al apartado 3 de la disposición transitoria primera  del Real Decreto-ley 20/2020 por el que se Establece el Ingreso Mínimo Vital.

BOE 185/2020, publicado el 6 de julio. 

Resolución de 6 de marzo de 2020. Solicitada del Registro Mercantil Central por un interesado certificación negativa respecto a la denominación «Eversia, Sociedad Anónima», recibe certificación positiva por considerar el registrador que existe identidad entre la misma y otras ya existentes: «Evergia, S.L.», «Heversi, Sociedad Limitada», «Ibersia, S.L.» y «Reversia, S.L.», entre otras.

La DGSFP establece que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, en el presente supuesto no puede confirmarse la calificación impugnada, toda vez que aun cuando existe una cierta semejanza gráfica, y también fonética, entre los términos «Eversia», «Evergia», «Heversi», «Ibersia» y «Reversia», y aunque, según el artículo 408.3 del RRM, para determinar si existe o no identidad entre dos denominaciones se prescindirá de las indicaciones relativas a la forma social, lo cierto es que esas mínimas diferencias gramaticales tienen como resultado que se trate de denominaciones claramente distinguibles a los efectos de la exigencia legal de identificación.

La dirección general ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación del Registrador.

BOE 185/2020, publicado el 6 de julio.

Resolución de 11 de marzo de 2020. Se suspende la inscripción de una escritura de apoderamiento porque a juicio de la Registradora: a) el compareciente carece de legitimación para conceder el poder que en la escritura se otorga, pues falta la previa atribución al poderdante de las facultades que éste confiere a los apoderados, ya que en el poder en virtud del cual actúa se le confiere la facultad de sustituir facultades de otros apoderados, facultades que él mismo no ostenta; b) el juicio de suficiencia de las facultades representativas del compareciente es, por tanto, incongruente. Existe incongruencia de la reseña del documento auténtico de representación y el juicio de suficiencia de las facultades representativas con la comparecencia (artículo 98 de Ley 24/2001). Falta legitimación del compareciente para conceder el poder; y c) en consecuencia, falta ratificación por persona con facultades suficientes.

Según la DGSJFP, el Notario autorizante del título calificado ha reseñado debidamente el documento auténtico del que nacen las facultades representativas. Así, manifiesta que el mismo es una escritura pública mediante la cual ha conferido el poder la sociedad poderdante y se especifican datos suficientes de dicha escritura de apoderamiento (notario autorizante, fecha, número de protocolo y datos de inscripción en el RM). Además expresa que mediante tal documento se conceden al apoderado facultades que considera suficientes para el otorgamiento de la escritura de poder general mercantil calificada. Y lo cierto es que no puede entenderse que en este caso dicho juicio de suficiencia sea erróneo y, por tanto, incongruente con el contenido del negocio formalizado. Como afirma el recurrente en su escrito de impugnación, el apoderado está actuando dentro del ámbito de sus atribuciones al configurar la denominada «estructura segundo nivel de apoderados» confiriendo en lo necesario las facultades conferidas a los «apoderados de primer nivel», sin que se trate propiamente de una mera sustitución.

La DGSJFP concluye afirmando que la calificación comporta una revisión de la valoración notarial sobre la suficiencia de las referidas facultades representativas acreditadas que no compete al Registrador, pues no se trata de uno de los supuestos en los cuales, por error evidente en el juicio que bajo su responsabilidad emita el Notario, pueda ser entendido como falta de congruencia entre dicho juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas y el contenido del negocio formalizado en la escritura calificada.

BOE 185/2020, publicado el 6 de julio.

Resolución de 4 de marzo de 2020. La cuestión principal que se plantea en el presente recurso radica en determinar si la sustitución de la marca gravada con una hipoteca mobiliaria, marca que tenía un número determinado en la OEPM cuyo registro había caducado, por la misma marca que se ha vuelto a registrar pero que tiene ahora distinto número en la OEPM constituye un supuesto de novación modificativa, ya que la marca gravada materialmente es la misma, o de novación extintiva, ya que se trataría de un objeto gravado distinto, lo que implicaría la cancelación de la hipoteca primitiva y la necesidad de constituir una nueva hipoteca «ex novo» sobre la nueva marca inscrita. El recurrente alega que no tratándose de un supuesto de novación de hipoteca, modificativa o extintiva, sino de una aclaración de la descripción del mismo objeto gravado, no es necesaria ni el otorgamiento de escritura pública ni el consentimiento del acreedor hipotecario, y que basta con la certificación de su nueva identificación en la OEPM.

La DGSJFP concluye se trata de un supuesto semejante al cambio del nombre de calle, o del número de la misma, en que se encuentra situado el inmueble gravado con hipoteca inmobiliaria, e igual que en este caso se exige el correspondiente certificado municipal acreditativo. Y como en ese caso está legitimado a reflejarlo en el registro el titular del bien hipotecado, siempre que se acredite fehacientemente, como ocurre en el presente supuesto donde se acompaña certificación específica de la Oficina de Española de Patentes y Marcas acreditativa de la nueva inscripción de la marca hipotecada.

En consecuencia, la DGSJFP ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación registral respecto del defecto recurrido.

BOE 185/2020, publicado el 6 de julio.

Resolución de 18 de junio de 2020. Modifica los apartados b), f) y h) del artículo 2 de la Resolución de 15 de octubre de 2010 por la que se crea la sede electrónica de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Deroga las letras b), f) y h) del apartado 2 de la Resolución de 2 de diciembre de 2015, por la que se modifica la de 15 de octubre de 2010.

BOE 184/2020, publicado el 4 de julio.

Resolución de 2 de julio de 2020. Publica la Instrucción conjunta de la Dirección General de Migraciones y de la Dirección General de la Policía, por la que se determina el procedimiento para la expedición del documento de residencia previsto en el artículo 18.4 del Acuerdo de Retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

BOE 184/2020, publicado el 4 de julio.

Instrucción de 22 de junio de 2020. Dispone instrucciones sobre la remisión telemática al Registro de Bienes Muebles de contratos privados de financiación suscritos mediante un sistema de identificación y prestación del consentimiento basado en firmas no criptográficas.

BOE 184/2020, publicado el 4 de julio.

Resolución de 20 de febrero de 2020. Se plantea si puede o no inscribirse la renuncia al cargo de administrador único de una sociedad, en la que se acompaña únicamente copia simple de la escritura en que dicha renuncia se formalizó. La DGSJyFP recuerda que el principio de titulación formal en nuestro derecho registral tiene reflejo en el artículo 18.1 del Código de Comercio, por cuanto exige titulación pública (ya sea notarial, judicial o administrativa, atendiendo a la naturaleza de los actos y hechos en ellos contenidos), siendo excepcionales los supuestos en los que se permite la inscripción en documento privado con plena relevancia registral, sin que el caso al que se refiere este recurso encaje en alguna de estas excepciones. Si la renuncia consta en escritura pública o acta notarial, es indudable que lo que debe presentarse a inscripción es una copia autorizada de dicho documento público y no una copia simple del mismo. El defecto es de fácil subsanación mediante la presentación en el Registro Mercantil, junto con la instancia calificada, de copia autorizada de la escritura de renuncia del administrador. Se desestima el recurso y se confirma la calificación anterior.

BOE 183/2020, publicado el 3 de julio de 2020.

Resolución de 26 de febrero de 2020. Se impugnan los acuerdos de la junta general de una S.L. por los que se acepta la dimisión de la administradora única y se nombra a un nuevo administrador. Se deniega la inscripción y se desestima el recurso. La DGSJyFP da la razón al Registrador cuando considera que no es posible entender que una representación puede estimarse suficiente para consentir la celebración de una junta fuera del término municipal donde la sociedad tiene su domicilio y, al mismo tiempo, entender que esa representación es insuficiente para ejercitar el derecho de voto precisamente en la junta que gracias a la misma representación se considera válidamente constituida. El Registrador no cuestiona la declaración de la presidenta sobre la válida constitución de la junta y se limita a objetar que los acuerdos no han sido válidamente adoptados –o no resulta acreditada su adopción– porque no consta el sentido del voto de la socia que estaba presente en la junta según la propia lista de asistentes. Es evidente que según el acta notarial de la junta no podía constar el sentido de dicho voto porque la presidenta denegó a dicha socia el ejercicio de tal derecho. Existe contradicción entre el hecho de admitir que la junta está válidamente constituida y la denegación del ejercicio del derecho de voto de una de las dos únicas socias por negar validez a la representación alegada.

BOE 183/2020, publicado el 3 de julio de 2020.

Resolución de 5 de marzo de 2020. Se deniega la inscripción de una escritura de traslado de domicilio de una S.L., dicha escritura fue objeto de calificación negativa con anterioridad al haberse practicado anotación preventiva de la demanda en el Registro Mercantil «(…) para que se abstengan de inscribir los acuerdos suspendidos y de tramitar el cambio de domicilio de la sociedad a la provincia de Madrid y apercibiendo al Consejo de Administración (…) de la prohibición de realizar cualquier acto de ejecución de los acuerdos suspendidos». Impugnada dicha calificación, fue confirmada mediante Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de julio de 2016. Por esa razón, presentada de nuevo la referida escritura, el Registrador suspende la inscripción solicitada y expresa que la demanda objeto de anotación fue estimada y declarada la nulidad de esos acuerdos.

La DGSJFP  ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación impugnada.

BOE 183/2020, publicado el 3 de julio de 2020.

Resolución de 19 de febrero de 2020. Se presenta en el Registro Mercantil una escritura de elevación a público de los acuerdos de la junta general de socios de un S.L. por los que cesan al administrador único y nombran a otra persona para tal cargo. El Registrador resuelve no practicar la inscripción porque, según expresa en la calificación, la notificación realizada al administrador saliente no cumple la exigencia del artículo 111.1 del Reglamento del Registro Mercantil, al no haberse realizado al domicilio del mismo según el registro.

La DGSJFP estima el recurso al entender que se acredita inequívocamente que la notificación al administrador cesado se ha practicado en el que figura como domicilio suyo en el Registro Mercantil. Cuestión distinta es que, por la forma y el resultado de dicha notificación, ésta no pudiera considerarse suficiente, extremo sobre el cual no procede decidir si bien, por ser objeto de argumentación por el recurrente, puede dejarse constancia de determinadas consideraciones en este expediente, al no provocarse con ello indefensión

BOE  182/2020, publicado el 2 de julio.

Resolución de 19 de febrero de 2020. Se deniega la inscripción de renuncia al cargo de un administrador solidario de una S.L. porque, según expresa en la calificación que es objeto de impugnación, en el registro no consta el cambio de domicilio social por estar cerrada la hoja del Registro por falta de presentación de las cuentas anuales.

La DGSJFP estima el recurso al entender que al manifestar su renuncia mediante comunicación remitida al nuevo domicilio social, el administrador ha aplicado la diligencia que le era exigible, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse condicionada por contingencias como el hecho de que la correspondiente modificación estatutaria relativa a dicho domicilio no se haya inscrito.  Concluye la DGSJFP afirmando que a ello deben añadirse las dificultades prácticas que encontraría el administrador si la efectividad de su renuncia al cargo dependiera de una comunicación a la sociedad que normalmente sería infructuosa si debiera remitirse a un lugar que ha dejado de ser el domicilio social, por más que todavía figure en el registro.

BOE  182/2020, publicado el 2 de julio.

Real Decreto 618/2020, de 30 de junio. Establece mejoras en las condiciones de trabajo en el sector pesquero. Modifica la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1561/1995 sobre Jornadas Especiales de Trabajo y el apartado 6 del anexo III del Real Decreto 36/2014 por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero. Añade los capítulos II y III, los artículos 8 a 10 y una disposición adicional única del Real Decreto 1659/1998 por el que se desarrolla el artículo 8, apartado 5, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo.

BOE 182/2020, publicado el 2 de julio.

Acuerdo de 18 de junio de 2020. Publica el Acuerdo de 22 de mayo de 2020, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, relativo a la composición, funcionamiento, asignación de ponencias y sustituciones de la Sala Civil y Penal para el año 2020.

BOE 182/2020, publicado el 2 de julio.

Resolución de 20 de febrero de 2020. Mediante la escritura cuya calificación ha sido impugnada se elevan a público los acuerdos sociales de disolución de una S.L. unipersonal y nombramiento de liquidador único, añadiéndose que en consecuencia quedan cesados de su cargo los actuales administradores. El Registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, deben inscribirse previamente los cargos de administradores solidarios que por la presente se cesan, para la posterior calificación e inscripción, en su caso, del presente documento, según el art. 11 RRM.

La DGSJFP estima el recurso y afirma que en un registro de personas como es el RM, registro de empresarios, algunos principios registrales como el de tracto sucesivo no pueden tener el mismo alcance que en un registro de bienes donde los derechos que sobre ellos recaigan o bien son incompatibles o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al Registro. Continua afirmando la DGSJFP que aunque el artículo 11 del RRM haga una formulación de tal principio, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva. La regla segunda de este artículo se limita a establecer que para inscribir actos o contratos modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción de éstos. Esta regla, que pudiera haber sido un obstáculo para inscribir el cese de un administrador cuyo nombramiento no estuviera inscrito, no puede elevarse a obstáculo cuando como ocurre en el presente caso lo que se pretende es que tenga reflejo registral el cese de todos los miembros del órgano de administración de modo que es patente la voluntad de cesar a todos los que lo fueran, figurara o no inscrito su previo nombramiento o reelección.

BOE  182/2020, publicado el 2 de julio.

Real Decreto 617/2020, de 30 de junio. Modifica los artículos 12.3, 30.5, los apartados 4, 5 y 7 del artículo 37, 41.2, 44.2, 48, 69 apartado b), 79.3, los apartados e) y f) del anexo VIII y los anexos XIII y XXI del Real Decreto 1363/2018 para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español y el apartado 1 de la disposición adicional única y los anexos IV y V del Real Decreto 1179/2018 por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.

BOE 181/2020, publicado el 1 de julio.

Resolución de 29 de junio de 2020. Adopta medidas relativas a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.

BOE 181/2020, publicado el 1 de julio.

Resolución de 25 de junio de 2020. Ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/2020 de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE 180/2020, publicado el 30 de junio.

Orden INT/578/2020, de 29 de junio. Modifica los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE 180/2020, publicado el 30 de junio.

Orden CUD/582/2020, de 26 de junio. Establece las bases reguladoras de las ayudas estatales para la producción de largometrajes y de cortometrajes y regula la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales. Adopta también una serie de medidas específicas en la aplicación de determinados preceptos para hacer frente al impacto económico de la COVID-19 en las empresas del sector.

Deroga los artículos 11 al 39, ambos incluidos, los artículos 70.1.a) y 71, la disposición adicional única, las disposiciones transitorias primera y segunda y los anexos de la Orden CUD/769/2018 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas previstas en el Capítulo III de la Ley 55/207 del Cine, y se determina la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.

BOE 180/2020, publicado el 30 de junio.

Resolución de 25 de junio de 2020. Publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre natural del año 2020, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros.

BOE 179/2020, publicado el 29 de junio.

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio. Adopta medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial

Para las empresas y los trabajadores por cuenta ajena, prorroga los ERTE hasta el 30 de septiembre con nuevas exoneraciones en las cotizaciones sociales y el mantenimiento de la protección para las personas afectadas por ERTE. Además, aprueba también la prórroga a las ayudas para trabajadores autónomos.

Por otra parte, crea el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas FCPJ (FERGEI), para la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos derivados de operaciones de compraventa a medio y largo plazo del suministro de energía eléctrica (PPA) entre consumidores de energía eléctrica que tengan la condición de consumidores electrointensivos.

Modifica el párrafo a) del artículo 29.1 de la Ley 23/2015 ordenadora del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el apartado 2 del artículo 8 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015.

BOE 178/2020, publicado el 27 de junio.

Orden IGD/577/2020, de 24 de junio. Crea el Consejo de Participación de las Personas LGTBI con la finalidad de institucionalizar la colaboración y fortalecer el diálogo permanente entre las administraciones públicas y la sociedad civil en materias relacionadas con la igualdad de trato, la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género; y de reforzar la participación en todos los ámbitos de la sociedad de las personas LGTBI y sus familias.

BOE 178/2020, publicado el 27 de junio.

Acuerdo de 25 de junio de 2020. Atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, de manera exclusiva y excluyente o no excluyente, según los casos, el conocimiento de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, con efectos desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020.

BOE 178/2020, publicado el 27 de junio.

Resolución de 22 de junio de 2020. Modifica los artículos 17 y 26 de las normas de gestión y funcionamiento del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón relativos a la forma de constitución del consejo de administración y a la delegación de facultades en el presidente.

BOE 178/2020, publicado el 27 de junio.

Resolución de 23 de junio de 2020. Establece medidas restrictivas a los buques de pasaje tipo crucero, para afrontar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE 178/2020, publicado el 27 de junio.

Orden HAC/566/2020, de 12 de junio. Modifica la disposición transitoria primera de la Orden HAC/998/2019 por la que se regula el cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación.

BOE 177/2020, publicado el 26 de junio.

Acuerdo de 4 de junio de 2020. Publica el Acuerdo de 30 de abril de 2020, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, relativo a la composición de la Sección Segunda de la Sala de Admisiones de la Sala Cuarta.

BOE 176/2020, publicado el 25 de junio.

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio. Aprueba medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

El Real Decreto-ley se divide en cuatro bloques. El primero incluye la regulación de acceso y conexión y regula un nuevo mecanismo de subastas para dotar a las renovables de un marco predecible y estable. El segundo se centra en el impulso de nuevos modelos de negocio que serán claves en los próximos años, como es el caso de la agregación de la demanda, el almacenamiento y la hibridación. En tercer lugar, el Real Decreto-ley aborda el fomento de la eficiencia energética flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética; y, por último, se establecen una serie de medidas sectoriales para el impulso de la actividad económica y el empleo en respuesta a la crisis del COVID-19.

La norma modifica la Ley de Evaluación Ambiental regulando la prórroga de vigencia de las declaraciones de impacto, evitando así el vacío jurídico existente, agiliza el procedimiento para la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental y completa determinados aspectos del procedimiento de evaluación ambiental simplificada.

Asimismo, la norma incluye la ampliación de las habilitaciones para la ejecución de la oferta de empleo público y de los procesos de estabilización de empleo temporal.

La norma fija también la nueva fecha para la finalización del proceso de liberación de la banda de 700MHz, conocido como segundo dividendo digital, que será el próximo 31 de octubre de 2020.

Modifica:

1. El artículo 115, el apartado 1 del artículo 125, el apartado 2 del artículo 127, el apartado 1 del artículo 131, el apartado 4 del artículo 131, el primer párrafo del artículo 144 y el apartado 1 del artículo 146 del Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

2. El apartado 13.b) del artículo 3, el apartado 10 del artículo 14, el apartado 1 del artículo 49, el apartado 1 del artículo 53, el primer párrafo al apartado 2 del artículo 53 y el apartado 1 del artículo 54 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

3. Los artículos 69, 70, 71, 72, los apartados 1 y 3 del artículo 73, el apartado 1 del artículo 74, los párrafos 1. a), 2. a) 3. a) y 3. e) del artículo 79, el artículo 83, el apartado 1 del artículo 84 y el artículo 86 de la Ley 18/2014 de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

4. Los apartados 2, 4 y 5 del artículo 34 y los apartados 2, 8 y 9 del artículo 47 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

5. El artículo 79 de la Ley 66/1997 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

6. El apartado 3 de la disposición adicional undécima de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Añade:

1. Una nueva letra n) en el artículo 13.3, el apartado 7 bis al artículo 14, un apartado d) en el apartado 4 del artículo 4, tres epígrafes h), i) y j) al apartado 1 del artículo 6, un apartado 12 al artículo 33, un párrafo al apartado 3 del artículo 53, una disposición adicional vigésima tercera y un anexo de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

2. Una disposición adicional decimocuarta y un anexo II del Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

3. Los apartados 2, 3, 4 y 5 en el artículo 43 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

4. Con efectos para las inversiones realizadas en el año 2020, una nueva disposición adicional decimosexta en la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.

Suprime el apartado b) del artículo 131.2 del Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

BOE 175/2020, publicado el 24 de junio. 

Real Decreto 586/2020, de 23 de junio. Establece las normas y procedimientos de información sobre medidas de prevención y protección aplicables, junto con otro tipo de información relevante, a la población que pueda resultar afectada y a aquella que resulte efectivamente afectada en caso de una emergencia nuclear o radiológica, al personal de intervención de los planes de emergencia nuclear de nivel de respuesta exterior y de los planes especiales de protección civil ante el riesgo radiológico, así como a la Unión Europea, sus Estados miembros, terceros países, y a otras organizaciones internacionales.

Queda sin efecto el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de octubre de 1999, relativo a la información del público sobre medidas de protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento a seguir en caso de emergencia radiológica.

BOE 175/2020, publicado el 24 de junio. 

Resolución de 12 de febrero de 2020.  Se constituye una sociedad de responsabilidad limitada en cuyos estatutos se establece que, en caso de que el órgano de administración adopte la modalidad de dos administradores mancomunados será válida la convocatoria de la junta general por cualquiera de ellos.

La DGSJFP entiende que la convocatoria de la junta es una de las actuaciones que corresponden a los administradores en ejercicio de su poder de gestión o administración y que tiene una dimensión estrictamente interna, en la medida en que afecta al círculo de relaciones entre la sociedad y sus socios. Precisamente por tratarse de relaciones internas societarias debe admitirse el amplio juego de la autonomía de la voluntad a la hora de aplicar la norma del artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital.

La DGSJFP ya entendió en su día, que una previsión estatutaria por la que se disponía que era válida la convocatoria de la junta general por dos de los tres administradores mancomunados, no infringía normas imperativas sobre el capital social, responsabilidad frente a terceros, derechos de las minorías ni otros elementos esenciales como al ámbito del poder de representación orgánica o las competencias mínimas del órgano de administración. Y concluyó que, por tanto, dicha previsión estatutaria no sólo no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores del tipo social elegido, sino que facilita la convocatoria de la junta general, de suerte que ante la negativa o imposibilidad de concurso de uno de los tres administradores conjuntos se evita la convocatoria realizada por el letrado de la administración de justicia o el registrador, con la mayor dilación que pudiera comportar.

Se mantiene este mismo criterio respecto de la disposición  estatutaria cuestionada, sin que pueda entenderse que se oponga a ello la especifica previsión del artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital o que se desnaturalice la estructura del órgano de administración mancomunada, pues como ha afirmado el Tribunal Supremo en la sentencia, número 424/2019, de 16 de julio, «la mancomunidad parcial se prevé legalmente solo respecto de la representación, pero no en cuanto a la gestión, salvo que los estatutos establezcan que los administradores con poder mancomunado pueden gestionar de forma solidaria los asuntos internos de la compañía». Se estima el recurso y se revoca la calificación impugnada.

BOE 175/2020, publicado el 24 de junio de 2020.

Resolución de 13 de febrero de 2020. Solicitada en el Registro de Bienes Muebles primera inscripción de un buque cuya construcción se está llevando a cabo en el extranjero, el Registrador de Bienes Muebles suspende la inscripción por falta de competencia así como por falta de requisitos formales. La DGSJFP considera que al no haberse presentado el certificado de matrícula del buque, no puede procederse a su inscripción en el Registro de Bienes Muebles. No es acertado afirmar que se está violando la doctrina de los actos propios o principios constitucionales de protección pues, como queda expuesto, la ley garantiza la inscripción en el Registro de Bienes Muebles de los buques que reúnan los requisitos establecidos en el ordenamiento. No hay por tanto ni arbitrariedad ni privación de derechos sino exigencia de acomodo a las normas que rigen la inscripción en el Registro de Bienes Muebles. Del expediente no resulta que el buque en construcción cuya inscripción se solicita conste matriculado provisionalmente en el Registro de Matrícula de Buques, requisito indispensable para practicar la primera inscripción en el Registro de Bienes Muebles y para determinar el registro competente. Se desestima el recurso y se confirma la calificación del Registrador.

BOE 175/2020, publicado el 24 de junio de 2020.

Resolución de 16 de junio de 2020. Publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, sobre medidas, recomendaciones o pautas, a tener en cuenta por las comunidades y ciudades autónomas, en relación a las condiciones sanitarias para ejercer la actividad comercial en sus regiones alcanzada la situación de nueva normalidad, una vez que haya dejado de estar vigente el estado de alarma decretado mediante Real Decreto 463/2020.

BOE 174/2020, publicado el 23 de junio.

Real Decreto 552/2020, de 2 de junio. Establece un sistema de compensaciones que permita abaratar el coste efectivo del transporte de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, entre las Islas Canarias, desde estas al resto de España y a los Estados miembros de la Unión Europea y, en los casos en que expresamente se determine, desde el resto de España hacia las Islas Canarias.

Deroga el Real Decreto 170/2009 sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias.

BOE 172/2020, publicado el 20 de junio.

INT/550/2020, de 21 de junio. Prorroga los controles en las fronteras interiores con Portugal temporalmente restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE 173/2020, publicado el 22 de junio.

Orden INT/551/2020, de 21 de junio. Prorroga los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE 173/2020, publicado el 22 de junio.

Real Decreto 523/2020, de 19 de mayo. Modifica el apartado 5 y la disposición adicional única del Real Decreto 1049/2003 por el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel.

BOE 173/2020, publicado el 22 de junio.

Orden ETD/554/2020, de 15 de junio. Aprueba los modelos de información estadística, contable y a efectos de supervisión que las entidades gestoras de fondos de pensiones han de remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con periodicidad anual y trimestral, así como los modelos a remitir con relación a los fondos de pensiones de empleo de otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo que actúen en España.

Deroga la Orden EHA/251/2009 por la que se aprueba el sistema de documentación estadístico contable de las entidades gestoras de fondos de pensiones.

BOE 173/2020, publicado el 22 de junio

Resolución de 19 de junio de 2020. Establece el listado de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020 de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE 172/2020, publicado el 20 de junio.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio. desarrolla el régimen jurídico de los traslados de residuos que se realizan en el interior del territorio del Estado, regulado en el artículo 25 de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados.

Deroga el Real Decreto 180/2015 por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Continúan en vigor los anexos y los siguientes artículos del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por Real Decreto 833/1988: 6, 7, 13, 14, 15, 22.1, 27, 28, 31 y 45.

BOE 171/2020, publicado el 19 de junio.

Resolución de 12 de junio de 2020. Establece el pago voluntario por vía telemática de la tasa por inscripción en el registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros autoliquidable, regulada por la disposición adicional undécima del Real Decreto-Ley 3/2020, y con código 070, gestionada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y su procedimiento.

BOE 171/2020, publicado el 19 de junio.

Resolución de 15 de enero de 2020. Se pretende la inscripción de una escritura mediante la cual recurrentes renuncian a los apoderamientos otorgados a su favor por una S.L., el Registrador suspende la inscripción solicitada porque consta en los asientos registrales la situación de baja provisional de la sociedad en el índice de entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La DGRN afirma que es reiterada doctrina que estando vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el índice de entidades, a la que hay que añadir la provocada por la revocación del número de identificación fiscal, no se podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo de varias excepciones entre las que no se encuentra la de renuncia de apoderamientos y , en consecuencia, no podrá acceder a los libros registrales mientras el cierre subsista.

La DGRN ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación impugnada.

BOE 170/2020, publicado el 18 de junio.

 

Orden SND/535/2020, de 17 de junio. Modifica el anexo de la Orden SND/414/2020,para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del plan para la transición hacia una nueva normalidad, y el anexo de la Orden SND/458/2020 para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad.

BOE 170/2020, publicado el 18 de junio.

Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio. Regula la creación del Fondo COVID-19 de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas con el que se financiará el coste de la pandemia y se compensará la caída de los ingresos de las regiones por la menor actividad económica y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.

Añade un nuevo apartado 9 en el artículo 99 y una nueva letra e) en el apartado 1 del artículo 151 de la Ley 58/2003 General Tributaria permitiendo que las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos puedan realizarse a través de sistemas digitales.

BOE 169/2020, publicado el 17 de junio.

Orden PCM/531/2020, de 16 de junio. Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los puertos y aeropuertos españoles designados como "Puntos de Entrada con capacidad de atención a Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional", según lo establecido en el Reglamento sanitario internacional (RSI-2005), para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE 169/2020, publicado el 17 de junio.

Real Decreto 569/2020, de 16 de junio. Regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.

MOVES II financiará, con ayudas directas, la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, la instalación de infraestructura de recarga y de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, así como la implantación de planes de transporte a los centros de trabajo. Respecto de la primera edición, el programa incorpora la posibilidad de que los ayuntamientos empleen las ayudas para realizar adaptaciones rápidas que les permitan responder a las necesidades de movilidad que han surgido como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

BOE 169/2020, publicado el 17 de junio.

Resolución de 16 de junio de 2020. Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria.

Este tramo tiene una dotación de 15.500 millones de euros, de los cuales 7.500 millones se ponen a disposición de autónomos y pymes, en línea con lo que se ha venido haciendo hasta el momento de priorizar a las compañías de menor tamaño. El resto de empresas contarán con 5.000 millones de avales. Con el fin de impulsar y reactivar el sector turístico, se reservan 2.500 millones de euros para para atender las necesidades de financiación de autónomos y pymes del sector turístico y actividades conexas. Adicionalmente, se destinan 500 millones de euros para la adquisición o arrendamiento financiero u operativo por empresas y autónomos de vehículos de transporte terrestre para uso profesional

Este quinto tramo de la línea de avales mantiene las mismas características y el mismo modo de tramitación de los anteriores para los préstamos destinados a empresas y autónomos. Podrán solicitar estos avales hasta el 30 de septiembre de forma exclusiva las empresas afectadas por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.

BOE 169/2020, publicado el 17 de junio.

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de junio de 2020. Advertida errata en la inserción de la Resolución por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para elaborar el informe de auditoría externa para todas las instalaciones puestas en servicio en el año 2019, y para aquellas cuya capacidad hubiera sido ampliada durante dicho año, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 165, de fecha 12 de junio de 2020, se realiza la oportuna rectificación.

BOE 169/2020, publicado el 17 de junio.

Circular 2/2020, de 11 de junio. Adapta la Circular 4/2017, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, a los cambios del ordenamiento internacional sobre requerimientos de información a las entidades de crédito.

Posibilita que la difusión de los estados financieros públicos pueda realizarse tanto por las asociaciones de las entidades de crédito como por el Banco de España, incorpora en los criterios contables y de remisión de información los últimos desarrollos introducidos en las normas internacionales de información financiera y adapta los estados financieros a la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2020/429.

Estas modificaciones se dirigen a (i) mejorar la información que remiten las entidades sobre las exposiciones dudosas y reestructuradas y sobre las garantías adjudicadas, (ii) complementar la información sobre gastos operativos y administrativos y sobre ingresos y gastos por comisiones e (iii) incorporar algunos cambios menores en la información disponible sobre arrendamientos, como consecuencia de la entrada en vigor de la Norma Internacional de Información Financiera sobre Arrendamientos (NIIF-16).

Modifica el apartado 4 de la norma 4, el apartado 1 de la norma 5, el primer párrafo del apartado 54 de la norma 22, el apartado 2 de la norma 44, las normas 66 a 69 y los anejos 4 a 7 y 9 de la Circular 4/2017, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

BOE 168/2020, publicado el 16 de junio.

Circular 3/2020, de 11 de junio. Modifica determinados aspectos de la Circular 4/2017, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, relativos a la clasificación de las refinanciaciones o reestructuraciones que sirve de base para la estimación de sus coberturas por riesgo de crédito.

Las operaciones crediticias reestructuradas, refinanciadas o de refinanciación no tendrán que clasificarse forzosamente como riesgo normal en vigilancia especial cuando no corresponda su clasificación como riesgo dudoso. Es decir, estas operaciones podrán continuar clasificadas como riesgo normal en la fecha de refinanciación o reestructuración siempre que la entidad justifique no haber identificado un aumento significativo del riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial. Asimismo, las operaciones de este tipo que estén en la categoría de riesgo normal en vigilancia especial podrían reclasificarse a riesgo normal siempre que se haya revertido el incremento significativo del riesgo de crédito. No obstante, deberán permanecer identificadas como reestructuradas, refinanciadas o de refinanciación hasta que concluya el período de prueba mínimo de dos años durante el que el titular debe demostrar un buen comportamiento de pago.

Modifica el anejo 9 de la Circular 4/2017, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

BOE 168/2020, publicado el 16 de junio.

 

Orden HAC/530/2020, de 3 de junio. Desarrolla la disposición final décima de la Ley 34/2015 de modificación parcial de la Ley 58/2003 General Tributaria, se aprueban los modelos 770, "Autoliquidación de intereses de demora y recargos para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria" y 771 "Autoliquidación de cuotas de conceptos y ejercicios sin modelo disponible en la Sede electrónica de la AEAT para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria", y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

Modifica la Orden HAP/2194/2013, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria y el anexo I de la Orden EHA/2027/2007, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, por el que se aprueba el Reglamento general de recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE 168/2020, publicado el 16 de junio.

Resolución de 9 de junio de 2020. Aprueba el procedimiento de habilitación y baja de la cartera de balance de los usuarios del sistema gasista en el tanque virtual de balance, el punto virtual de balance y el almacenamiento virtual de balance; y el contrato marco de cartera de balance. Deja sin efectos la Resolución de 1 de marzo de 2016, por la que se aprueba el procedimiento de habilitación y baja de usuarios con cartera de balance en el punto virtual de balance y el contrato marco.

BOE 168/2020, publicado el 16 de junio.

Orden SND/521/2020, de 13 de junio. Prorroga los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE 167/2020, publicado el 15 de junio.