Novedades legislativas y jurisprudenciales en derecho fiscal
26 de octubre de 2026
Selección de pronunciamientos administrativos y judiciales en materia fiscal
1. La actividad económica real de la matriz no impide denegar la exención de retención sobre los dividendos si participa en una cadena de operaciones abusiva
Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2026 (asunto C-203/25 )
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara que la exención de retención sobre los dividendos puede denegarse, aunque la matriz desarrolle una actividad económica real, si participa en una cadena de operaciones abusiva. Tampoco es necesario acreditar que la filial pagadora conocía el abuso, siempre que el elemento subjetivo concurra en otro participante de la cadena.
En el caso analizado, una sociedad lituana había distribuido dividendos a su matriz chipriota sin practicar retención, al considerar aplicable la exención prevista en la normativa nacional. La Administración lituana denegó la exención por entender que los dividendos se integraban en una cadena de operaciones que, mediante una compraventa de participaciones, préstamos y cesiones de créditos, permitía trasladar los fondos a la persona física que controlaba el grupo. La controversia presentaba la particularidad de que no se discutía que la matriz perceptora desarrollase una actividad económica real.
El Tribunal recuerda que la aplicación de la cláusula antiabuso de la Directiva Matriz-Filial exige tanto la existencia de una estructura artificial como que esta tenga por propósito principal, o uno de sus propósitos principales, obtener una ventaja fiscal contraria al objeto o a la finalidad de la Directiva. Su aplicación no queda limitada a las estructuras en las que intervienen sociedades instrumentales: la actividad económica real de la matriz no excluye, por sí sola, la existencia de abuso, que debe apreciarse mediante un examen conjunto de las operaciones. La prueba de los elementos constitutivos del abuso corresponde a la Administración tributaria.
A efectos probatorios, la correspondencia entre los dividendos percibidos por la matriz y los importes recibidos al término de la cadena por quien controla el grupo constituye un indicio pertinente, pero no permite establecer una presunción general de abuso. Tampoco excluye el carácter abusivo de la estructura que las transferencias se produzcan durante un período continuado, en lugar de inmediatamente después del reparto de dividendos.
Asimismo, el Tribunal admite que el Estado de residencia de la filial deniegue la exención aunque las operaciones consideradas abusivas se hayan realizado fuera de su territorio y otro participante de la cadena obtenga la ventaja fiscal. El análisis debe comprender las operaciones anteriores y posteriores al reparto, con independencia de la fase en la que se materialice dicha ventaja.
Finalmente, aclara que no es necesario acreditar que la filial pagadora conocía o podía conocer el carácter abusivo de las operaciones. No obstante, ello no dispensa de probar el elemento subjetivo del abuso, para lo cual basta con que se demuestre respecto de alguna de las sociedades del grupo participantes en la cadena o de la persona física que obtiene finalmente la ventaja fiscal, sin que se exija que la propia filial pagadora haya tenido conocimiento de esa voluntad.
2. Los tribunales no pueden confirmar una regularización fundada en la potestad de calificación mediante la invocación de la simulación cuando la Administración no declaró la simulación en el acto de liquidación
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 22 de septiembre de 2026 (Rec. 413/2025)
El Tribunal Supremo concluye que no cabe confirmar en sede judicial una regularización fundada en la potestad de calificación del artículo 13 de la Ley General Tributaria mediante la invocación de la simulación prevista en el artículo 16 de la misma norma cuando la Administración no declaró la simulación en el acto de liquidación. Asimismo, el Tribunal precisa las consecuencias que de ello se derivan respecto de la sanción impuesta en el marco de la misma liquidación.
El litigio trae causa de los pagos realizados por el Club Atlético de Madrid a los agentes o representantes de jugadores de fútbol con ocasión del fichaje o traspaso de estos o de la rescisión, ampliación o modificación de sus contratos. La Administración consideró que, si bien formalmente estas retribuciones eran satisfechas por el Club directamente a los agentes, materialmente constituían un pago por cuenta de tercero dirigido a remunerar los servicios prestados por los jugadores al Club, de modo que debían calificarse como rendimientos del trabajo sujetos a retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y ser declarados por los propios jugadores en sus correspondientes liquidaciones de dicho impuesto.
En el procedimiento de revisión, la Administración había fundamentado la regularización practicada en la potestad de calificación del artículo 13 de la Ley General Tributaria. No obstante, la Audiencia Nacional confirmó el acto impugnado y, con ello, la resolución dictada en vía económico-administrativa, en la que se venía a sostener que la liquidación resultaba procedente al considerar que concurría simulación (artículo 16 de la Ley General Tributaria).
Sin embargo, el Tribunal Supremo afirma que “no es admisible que el acto sometido a revisión jurisdiccional en el litigio de instancia pueda ser mejorado, o intentado serlo, ni por los órganos revisores enclavados en la propia Administración recurrida ni, menos aún, por el Tribunal de instancia, aun cuando lo sea, únicamente, para interpretar —que es lo que parece haber sucedido en el presente caso— que el Tribunal Económico-Administrativo Central había considerado como un caso de simulación el examinado en esa vía preceptiva previa, habida cuenta que el TEAC tampoco puede obrar de tal modo, esto es, crear en su fase revisora una simulación no declarada”. Y, además, confirma que “el control jurisdiccional debe atenerse, dentro del cauce delimitado por el debate procesal, a examinar la licitud de la actuación administrativa para, a la postre, considerarla conforme o disconforme a Derecho”. En consecuencia, si la Administración no ha fundamentado la regularización en la figura de la simulación, esta no puede ser apreciada con posterioridad por los órganos de revisión (criterio que refuerza la tesis de la no intercambiabilidad entre las figuras de calificación y simulación tributarias).
En lo que respecta a la sanción impuesta en el marco de la liquidación impugnada, el Tribunal Supremo establece que, una vez declarada la ilegalidad de la liquidación practicada, la sanción queda privada de sustento y debe considerarse anulada ipso iure.
3. El Tribunal Supremo determinará si la Administración puede declarar simulada la actividad de una sociedad gestora de fondos autorizada y domiciliada en otro Estado miembro de la UE y atribuir la actividad económica a una sociedad española
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 23 de septiembre de 2026 (Rec. 8195/2025)
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación en un asunto en el que la Administración apreció la existencia de simulación relativa, al considerar que la gestión de fondos formalmente atribuida a una sociedad maltesa se ejercía realmente desde España. Las cuestiones admitidas consisten en determinar si la Administración española puede atribuir a una entidad residente en España la gestión efectiva de una actividad formalmente desarrollada por una sociedad autorizada en otro Estado miembro y si la autorización administrativa extranjera excluye la culpabilidad sancionadora exigida por los artículos 179 y 183 de la Ley General Tributaria.
El origen del litigio se encuentra en un acuerdo de liquidación en el que la Administración apreció una simulación relativa consistente en que la actividad de gestión de fondos de inversión, formalmente desarrollada por una sociedad gestora regulada y autorizada en otro Estado miembro de la UE (Malta), se ejercía en realidad desde una sociedad española.
En las instancias anteriores, el contribuyente sostuvo que (i) la figura de la simulación no debería utilizarse técnicamente para trasladar la residencia fiscal de una actividad económica como tal, sino que únicamente debería aplicarse a actos o negocios concretos; y que (ii), si la sociedad maltesa hubiera carecido de medios suficientes para prestar los servicios, el instrumento adecuado habría sido un ajuste de precios de transferencia por la insuficiente remuneración de las funciones desempeñadas por la entidad española.
Ambos argumentos fueron rechazados por la Administración tributaria y los tribunales de instancia, que, conforme a su valoración de las pruebas y los hechos del caso, concluyeron que la actividad de gestión de fondos nunca había sido desarrollada realmente por la sociedad maltesa. Según la Administración tributaria y los tribunales de instancia, la toma de decisiones, la organización y la infraestructura reales correspondían a la sociedad española, mientras que Malta constituía una localización meramente formal y simulada de la actividad.
El Tribunal Supremo considera que el recurso presenta interés casacional objetivo por no existir jurisprudencia sobre la potestad de la Administración tributaria española para declarar la simulación, al amparo del artículo 16 de la Ley General Tributaria, cuando la actividad cuestionada es desarrollada aparentemente por una entidad establecida y autorizada en otro Estado miembro de la Unión Europea, y porque la cuestión afecta potencialmente a un gran número de estructuras empresariales transfronterizas dentro de la UE.
Las cuestiones admitidas para la formación de jurisprudencia son determinar si la Administración española puede declarar la existencia de simulación relativa y atribuir a una entidad residente en España la gestión efectiva de una actividad formalmente desarrollada por una sociedad residente y autorizada en otro Estado miembro, por considerar que la dirección e infraestructura reales se encuentran en España, así como en precisar si, en ese contexto, la existencia de la autorización administrativa extranjera es relevante para excluir la culpabilidad sancionadora exigida por los artículos 179 y 183 de la Ley General Tributaria.
4. No cabe minorar el valor de adquisición de un inmueble por amortizaciones cuando la Administración no prueba que estuvo arrendado o cedido durante el tiempo que perteneció a una persona jurídica
Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central de 24 de septiembre de 2026 (RG 08201/2023 y 07794/2023 )
El Tribunal Económico-Administrativo Central (“TEAC”) concluye que el hecho de que un inmueble sea propiedad de una persona jurídica no permite presumir que haya estado arrendado, cedido o puesto a disposición de los socios o administradores durante el periodo en que haya formado parte del patrimonio de aquella.
En los casos resueltos por el TEAC, la Administración había minorado el valor de adquisición de los inmuebles transmitidos por entidades no residentes al considerar que, dado que una persona jurídica no puede hacer uso directo de un inmueble, debía presumirse que este había estado arrendado a terceros o cedido a sus socios o administradores, lo que habría permitido deducir del valor de adquisición la amortización del inmueble.
El TEAC recuerda que, al ser la Administración la que sostiene la existencia de un hecho (en este caso, el arrendamiento o la cesión del inmueble a un tercero), le corresponde a ella la carga de la prueba conforme al artículo 105.1 de la Ley General Tributaria.
El TEAC concluye que ninguno de los dos expedientes contenía prueba directa ni indirecta de tal arrendamiento o cesión, por lo que no procedía minorar el valor de adquisición por la amortización, salvo un periodo menor de tiempo que fue reconocido por la propia reclamante en uno de los procedimientos.
5. La Dirección General de Tributos recuerda que, en operaciones con precio contingente, el cambio de estimaciones contables con respecto al precio que acabará percibiéndose no debe motivar una rectificación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en que tuvo lugar la operación
Consulta de la Dirección General de Tributos V5476-26, de 14 de agosto
Con arreglo a la normativa contable, los cambios de estimaciones contables tienen eficacia prospectiva, por lo que no afectan a los ejercicios anteriores.
En el caso consultado, una sociedad vendió una unidad productiva por un precio que se pagaría parcialmente en el momento de la venta, mientras que el pago de otra parte se aplazó a los dos años siguientes y una última parte, de menor cuantía, quedó condicionada al cumplimiento de una serie de objetivos empresariales durante los cinco años posteriores a la operación.
En el momento de la venta, la sociedad registró un ingreso contable por el precio total pactado, que se integró en la base imponible del IS de ese ejercicio, pero al cabo de cinco años tuvo constancia de que no se habían cumplido los objetivos empresariales de los que dependía la parte contingente del precio, por lo que emitió una factura rectificativa para reducir el precio de la venta en la cuantía condicionada.
En este contexto, la sociedad pregunta a la DGT si procede solicitar una rectificación de la autoliquidación del IS del ejercicio en que se produjo la venta con el fin de disminuir el ingreso inicialmente registrado o si, por el contrario, el ajuste del precio debe integrarse en la base imponible del IS del ejercicio en que se realizó dicho ajuste.
En su contestación, la DGT recuerda que, en el caso consultado, rige el criterio del devengo contable en materia de imputación de ingresos y gastos. No puede aplicarse el criterio especial de caja previsto para las operaciones con precio aplazado, ya que el precio de la venta no estaba totalmente determinado en el momento de realizarse la operación.
Aclarada esta cuestión, la DGT indica que, si el registro del ingreso contable en el ejercicio de la venta fue conforme al criterio del devengo contable y representó la mejor estimación posible en aquel momento de la contraprestación total que iba a recibir la sociedad por la venta, el conocimiento, cinco años después, de que la parte contingente del precio no se cobrará debe motivar un cambio en la estimación realizada inicialmente, al que resulta aplicable lo dispuesto en la Norma de Registro y Valoración 22.ª del Plan General de Contabilidad. De acuerdo con esta norma, los cambios en las estimaciones contables tienen eficacia prospectiva, por lo que el ajuste debe registrarse como un gasto deducible en la base imponible del IS del ejercicio en que se produzca. No procede, por tanto, solicitar la rectificación de la autoliquidación del IS del ejercicio en que se produjo la venta.
6. La exención sobre dividendos derivados de participaciones cualificadas no es aplicable a los rendimientos de los contratos de cuentas en participación aunque se calculen sobre los dividendos obtenidos por el gestor de entidades participadas
Consulta de la Dirección General de Tributos V5248-26, de 23 de julio
La DGT dispone que los importes percibidos por el partícipe no gestor constituyen ingresos financieros derivados de la financiación de la entidad gestora y que el hecho de que estén vinculados a los dividendos percibidos por esta no altera la imposibilidad de acogerse a la exención del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
El caso analizado por la Dirección General de Tributos se refiere al tratamiento de las cantidades percibidas por una entidad que participa, mediante un contrato de cuentas en participación, en los resultados de una sociedad gestora dedicada a la tenencia de participaciones industriales.
Aunque la remuneración del partícipe no gestor se calcula en función de los dividendos obtenidos por la gestora de una sociedad participada, la Dirección General de Tributos rechaza que esa circunstancia permita aplicar la exención del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
El criterio se fundamenta en la naturaleza jurídico-mercantil y contable del contrato: las aportaciones se integran en el patrimonio del gestor y el partícipe no gestor no adquiere la condición de socio ni los derechos propios de los titulares de fondos propios. Su aportación se reconoce como un activo financiero derivado del endeudamiento y no como una participación en el capital. En consecuencia, las cuentas en participación constituyen, a efectos fiscales, una forma de financiación ajena de la entidad gestora.
De esta calificación jurídica se desprende que los rendimientos del partícipe no gestor son ingresos financieros y no conservan la naturaleza de los dividendos que sirven de referencia para determinar su importe, por lo que quedan fuera del ámbito de aplicación de la exención. Asimismo, la Dirección General de Tributos recuerda que los resultados positivos o negativos atribuibles al partícipe se asimilan fiscalmente a ingresos o gastos financieros a efectos de aplicar la limitación de deducibilidad prevista en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y no deben formar parte del beneficio operativo sobre el que se computa la limitación.
Crónica de legislación en materia fiscal (del 7 de octubre al 21 de octubre de 2026)
NORMATIVA ESTATAL
PLAN INTEGRAL DE RESPUESTA A LA CRISIS EN ORIENTE MEDIO. Convalidación
Resolución de 16 de octubre de 2026. Ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2026, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.
En el ámbito del suministro de gasolina sin plomo y gasóleo, se promueve una rebaja en el Impuesto sobre Hidrocarburos de 20 céntimos por litro en el mes de octubre, de 13 céntimos en noviembre y de 6 céntimos en diciembre.
Para la energía en los hogares, se establece una rebaja del IVA de la luz del 21 % al 10 % si la inflación de la electricidad se incrementa un 15 % en el mes de septiembre respecto al mismo mes del año anterior. Esta rebaja fiscal en el recibo de la luz se aplicará a quienes tengan potencias contratadas inferiores a los 10 kW y a beneficiarios del bono social. También se rebajará el tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1 % al 0,5 % si la inflación de la luz en septiembre se eleva ese 15 % respecto al mismo mes del año anterior.
En el sector de la agricultura, se amplía hasta el 70 % el porcentaje de la ayuda en el Impuesto sobre Hidrocarburos para sufragar el gasóleo que consuman los productores agrarios para realizar su actividad.
Además, actualiza el régimen sancionador de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.
BOE 260/2026, publicado el 20 de octubre.
IMPUESTOS ESPECIALES. Marcas fiscales previstas para todas las labores de tabaco
Resolución de 2 de octubre de 2026. Crea y regula el registro electrónico de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Empresarial para la recepción y remisión, por vía electrónica, de solicitudes, escritos y comunicaciones.
BOE 254/2026, publicado el 13 de octubre.
Resolución de 5 de octubre de 2026. Aprueba el documento normalizado de representación para actuar ante la Dirección General del Catastro en los procedimientos tributarios. Deroga la Resolución de 10 de septiembre de 2020, por la que se aprueba el documento normalizado de representación en los procedimientos de incorporación mediante declaración, solicitud, subsanación de discrepancias y rectificación, inspección catastral, recurso de reposición y procedimiento de rectificación de errores.
BOE 251/2026, publicado el 9 de octubre.
Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre. Adopta medidas para asegurar la protección del uso residencial de la vivienda frente a la actividad especulativa.
El título II establece un amplio paquete de medidas fiscales destinado a reorientar el uso de la vivienda hacia su función social y residencial. Entre otras, prevé un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a las viviendas desocupadas con carácter permanente; modifica el régimen fiscal de las SOCIMI en su actividad residencial mediante un tipo de gravamen incrementado sobre los beneficios no distribuidos procedentes del arrendamiento de viviendas; establece la exención en el impuesto por ganancia patrimonial en la venta de una vivienda cuando el comprador sea una Administración pública o una entidad dependiente que fije una protección permanente e indefinida del inmueble; y prevé la aplicación del tipo superreducido del IVA a las viviendas de protección oficial sujetas a un régimen de protección permanente e indefinida.
Modifica, entre otras disposiciones, la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007; la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido; el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004; y el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007.
BOE 249/2026, publicado el 7 de octubre.
NORMATIVA AUTONÓMICA
CEUTA
Decreto de 19 de octubre de 2026. Teniendo en cuenta la situación excepcional derivada de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, amplía hasta el 20 de abril de 2027 el plazo para la presentación de autoliquidaciones del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (operaciones interiores) correspondientes al tercer y cuarto período liquidatorio del ejercicio 2026.
BOCCE extraordinario n.º 48/2026, publicado el 19 de octubre.
NAVARRA
NAVARRA. RECAUDACIÓN. Domiciliación bancaria de pagos
Orden Foral 74/2026, de 2 de octubre. Modifica la Orden Foral 51/2024, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos relativos a determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias.
BON 199/2026, publicado el 19 de octubre.
PAÍS VASCO
PAÍS VASCO. GIPUZKOA. PLAN INTEGRAL DE RESPUESTA A LA CRISIS EN ORIENTE MEDIO. Medidas fiscales
Decreto Foral Normativo 2/2026, de 22 de septiembre. Se adoptan determinadas medidas tributarias en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que inciden en los impuestos especiales —concretamente, en el Impuesto sobre Hidrocarburos y en el Impuesto Especial sobre la Electricidad—, así como en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Modifica el Decreto Foral Normativo 8/2023, del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, y el Decreto Foral Normativo 3/2023, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
BOPV 199/2026, publicado el 19 de octubre.
