Novedades legislativas y jurisprudenciales en derecho fiscal

20 de noviembre de 2026


Selección de pronunciamientos administrativos y judiciales en materia fiscal

1. El Tribunal Supremo reafirma que no solicitar el complemento del expediente no exime a la Administración de incorporar los documentos que fundamentan la regularización tributaria

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 23 de octubre de 2026 (Rec. 74/2024)

El Tribunal recuerda que la Administración tributaria debe poner a disposición del contribuyente un expediente completo, aunque este no haya solicitado su complemento. No obstante, para apreciar indefensión por la omisión documental, el interesado debe identificar los documentos que faltan y acreditar su relevancia para la regularización, sin que basten denuncias genéricas o imprecisas.

En el caso al que se refiere esta sentencia, la Inspección rechazó, entre otros ajustes, la deducción de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido (“IVA”) soportadas por una sociedad concesionaria de un puerto en determinadas obras de mantenimiento, al considerar que estas se habían realizado en beneficio de terceros y no estaban afectas a la actividad de la sociedad.

Para fundamentar la regularización, la Inspección se apoyó en diversas actas de la comunidad de titulares de puestos de atraque obtenidas durante una entrada y registro en las instalaciones de la entidad. Sin embargo, esos documentos no se habían incorporado al expediente administrativo. La entidad denunció esa omisión, pero el Tribunal Económico-Administrativo Central (“TEAC”) rechazó su alegación por no haberla formulado ante la Inspección ni en la primera instancia económico-administrativa. La Audiencia Nacional confirmó este criterio y destacó que la sociedad tampoco había solicitado el complemento del expediente en las vías administrativa y judicial.

El Tribunal Supremo rechaza este planteamiento y reafirma y completa la doctrina recogida en su sentencia de 18 de marzo de 2026 (Rec. n.º 945/2024) . Conforme a esta doctrina, corresponde a la Administración poner a disposición del contribuyente un expediente que contenga todos los elementos materiales y formales que fundamenten la liquidación o sanción, así como remitirlo completo a los órganos revisores. En este mismo sentido, recuerda que la posibilidad de solicitar que se complete el expediente, prevista en el artículo 55 del Reglamento general en materia de revisión en vía administrativa, constituye un derecho del interesado y no una obligación. Por ello, su falta de ejercicio no permite trasladarle las consecuencias del incumplimiento de una obligación que corresponde a la Administración. La Sala vincula esta exigencia con el principio de buena administración y con el derecho de defensa reconocido en el artículo 24 de la Constitución.

Ahora bien, la Sala precisa que esta doctrina no ampara denuncias genéricas sobre la falta de documentación. Para determinar las consecuencias de la omisión deben examinarse las circunstancias del procedimiento, la motivación de la liquidación y, en particular, la relevancia de los documentos que el interesado haya identificado. En el caso analizado, la Sala considera que la sociedad había identificado suficientemente las actas omitidas y que estas constituían la base del ajuste controvertido, por lo que debían haberse incorporado al expediente desde el inicio.

El Tribunal Supremo señala, además, que el volumen de la documentación incautada no justifica la falta de incorporación de los documentos relevantes ni permite exigir al contribuyente que subsane esa omisión mediante la solicitud de complemento. Tampoco considera que la formulación de alegaciones en las vías administrativa y económico-administrativa elimine la indefensión, pues la entidad no pudo examinar y contrastar los documentos en los que se apoyaba la regularización.

En consecuencia, el Alto Tribunal estima el recurso de casación y anula la sentencia de la Audiencia Nacional, si bien limita la anulación de la liquidación al ajuste relativo a las cuotas soportadas por las obras de mantenimiento, por ser el único respecto del que se habían identificado los documentos omitidos relevantes. Asimismo, rechaza la retroacción solicitada por la Administración, al considerar que la omisión no constituye un mero vicio formal subsanable, sino una infracción de carácter sustantivo determinante de indefensión.

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2. Límites del secreto profesional del abogado e interrupción de la prescripción en el delito fiscal

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 21 de septiembre de 2026 (Rec. 7907/2023)

El Tribunal Supremo confirma que el secreto profesional no protege las actuaciones del abogado que participa activamente en la preparación y ejecución de un plan delictivo. Asimismo, considera que la investigación inicialmente referida al Impuesto sobre la Renta de No Residentes interrumpe la prescripción del delito fiscal relativo al Impuesto sobre Sociedades cuando permanecen inalterados los elementos esenciales de los hechos imputados.

En esta sentencia, el Tribunal Supremo analiza la condena al administrador de hecho de una sociedad panameña que vendió unos terrenos sin presentar declaración ni efectuar ingreso tributario por la operación. El recurrente cuestionaba, entre otros extremos, la utilización de la documentación aportada por quien había sido su abogado, inicialmente investigado y respecto del que posteriormente se acordó el sobreseimiento libre, por entender que se había obtenido con vulneración del secreto profesional.

La Sala recuerda que el secreto profesional constituye una garantía del derecho de defensa del cliente y no un privilegio personal del abogado. No obstante, distingue entre el conocimiento de hechos ajenos adquirido en el ejercicio legítimo de la defensa o del asesoramiento y la intervención del propio letrado en la preparación, diseño y ejecución de un plan ilícito. En este caso, el Tribunal considera que la declaración y los documentos aportados concernían a actuaciones propias del abogado, que había participado activamente en el entramado dirigido a ocultar al verdadero obligado tributario, por lo que rechaza su exclusión probatoria. Lo determinante no es, por tanto, su mera condición de investigado, sino la naturaleza de la actuación a la que se refiere la información aportada.

En materia de prescripción, el Tribunal rechaza que el cambio del impuesto inicialmente investigado, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes al Impuesto sobre Sociedades, prive de eficacia interruptiva a las actuaciones anteriores. Desde el inicio estaban identificadas la operación de venta, la sociedad transmitente, la vinculación del investigado y la omisión de declaración e ingreso, de modo que la denuncia, seguida de la resolución judicial de imputación, interrumpió la prescripción con independencia de la posterior determinación del tributo aplicable. La Sala no extiende este efecto a una denuncia genérica por delito fiscal, que considera insuficiente, sino que exige la identificación de los hechos en sus elementos esenciales y del sujeto al que se atribuyen.

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3. La condición de administrador no impide por sí sola aplicar la exención por trabajos realizados en el extranjero en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, de 18 de septiembre de 2026 (Rec. 337/2022)

La Audiencia Nacional reconoce la exención por trabajos realizados en el extranjero a las retribuciones de un directivo que también presidía el consejo de administración de una sociedad española.

En el caso, un contribuyente era presidente del consejo de administración de una sociedad española, cargo por el que no recibía remuneración, y ejercía funciones de alto directivo para una entidad suiza del mismo grupo. La sociedad española había declarado las retribuciones satisfechas por la entidad suiza e ingresado las correspondientes retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”), considerando exenta la retribución hasta el límite de la exención.

La Administración tributaria había cuestionado la aplicación de la exención por trabajos realizados en el extranjero, prevista en el artículo 7.p) de la Ley del IRPF, por entender que no se había acreditado que los trabajos se hubieran realizado por cuenta de la sociedad española y que la naturaleza mercantil de las retribuciones del presidente del consejo impedía aplicar el beneficio fiscal. El TEAC confirmó este criterio, al entender también que la exención no puede aplicarse a las retribuciones de los administradores.

La Audiencia Nacional revisa la doctrina administrativa a la vista de la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2022 (Rec. 3468/2020) que comentamos en esta Newsletter . En esta sentencia, el Tribunal Supremo fijó como criterio que no cabe excluir de la exención a los administradores y miembros de los consejos de administración por el solo hecho de que sus retribuciones no deriven de una relación laboral.

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4. No cabe exigir responsabilidad patrimonial a la Administración por falta de devolución del IVA sin acreditar su procedencia y la existencia de una demora indebida en su abono

Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, de 7 de octubre de 2026 (Rec. 1460/2023)

La Audiencia Nacional desestima la reclamación de una sociedad que exigía responsabilidad patrimonial de la Administración por considerar que la falta de devolución del IVA había provocado la pérdida de sus inmuebles en una ejecución hipotecaria. La Sala concluye que no se acreditó la antijuridicidad del daño, ya que la Agencia Tributaria inició la inspección dentro de plazo y, al desconocerse su resultado y la fecha de finalización, no podía determinarse si procedía la devolución o si existió una demora indebida.

La Audiencia Nacional resuelve la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración interpuesta por una sociedad que atribuía la pérdida de algunos inmuebles y de su negocio a la falta de devolución del IVA de 2018. Según la demandante, no disponer de ese importe le impidió evitar la ejecución de las hipotecas y la adjudicación de las fincas al acreedor.

El tribunal indica que la responsabilidad patrimonial exige un daño efectivo, individualizado y económicamente evaluable, una relación causal con la actuación administrativa y el carácter antijurídico del perjuicio, es decir, que el afectado no tenga el deber jurídico de soportarlo. Para valorar la antijuridicidad del perjuicio, debe examinarse si la Administración actuó dentro de los márgenes de lo razonado y razonable.

En este caso, la demandante no acreditó que la falta de devolución respondiera a una actuación irrazonable. La Agencia Tributaria había notificado el inicio de la inspección dentro del plazo de seis meses aplicable, por lo que no surgió la obligación de devolver de oficio el importe solicitado y debía estarse al resultado de la comprobación. Además, no constan la fecha de terminación ni el resultado de la inspección, lo que impide determinar tanto si la devolución era procedente como si existió una demora indebida. Adicionalmente, la subasta ya se había convocado y la propia sociedad retrasó la enajenación durante varios años, por lo que no se considera imputable a la Administración el perjuicio en los términos planteados.

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5. El Tribunal Económico-Administrativo Central reitera que las actuaciones inspectoras reanudadas tras superar su plazo de duración están sujetas a un nuevo plazo de igual duración

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 29 de septiembre de 2026 (RG 02374/2025)

Si se supera el plazo del procedimiento de inspección sin que este haya finalizado, la Administración tributaria, una vez notificada la reanudación de las actuaciones, dispone de un nuevo plazo de igual duración para concluirlo, siempre que su derecho a liquidar la deuda tributaria no hubiera prescrito.

En esta resolución, se discute si, una vez transcurridos los 18 meses previstos, con carácter general, para las actuaciones inspectoras, las nuevas actuaciones que realice la Administración tributaria con el fin de continuar el procedimiento de inspección están sujetas a un nuevo plazo de 18 meses, a uno de 6 meses o a otro de 9 meses.

La relevancia de esta controversia radica en que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (“LGT”), el incumplimiento del plazo de 18 meses comporta que las actuaciones realizadas en el seno del procedimiento de inspección no interrumpan la prescripción del derecho de la Administración tributaria a liquidar la deuda tributaria. No obstante, la reanudación de las actuaciones interrumpe la prescripción de ese derecho si todavía no ha prescrito.

En el supuesto analizado, se otorgó una escritura pública de donación de participaciones sociales y, al cabo de pocos días, el donatario presentó una autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ante la Hacienda catalana en la que aplicó la reducción propia del 95 % por empresa familiar. Unos meses después, la Hacienda catalana notificó el inicio de un procedimiento de inspección, pero transcurrieron 18 meses sin que este finalizara. Posteriormente, notificó la reanudación de actuaciones en el procedimiento de inspección y, más adelante, el acuerdo de liquidación.

El TEAC concluye que, una vez transcurrido el plazo de 18 meses sin que el procedimiento de inspección haya finalizado, las nuevas actuaciones que realice la Administración tributaria para continuarlo están sujetas a un nuevo plazo de 18 meses. Fundamenta esta conclusión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en su propia doctrina sobre este particular.

Esta conclusión implica que el derecho de la Administración tributaria a liquidar la deuda tributaria no llegó a prescribir, ya que, por un lado, cuando se notificó la reanudación del procedimiento de inspección, todavía no había transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años y, por otro lado, el acuerdo de liquidación fue notificado antes de que transcurrieran 18 meses desde la fecha en que se notificó el acuerdo de reanudación.

Así pues, el TEAC niega que las nuevas actuaciones estén sujetas a un plazo de 6 o 9 meses. El contribuyente alegó que debían estar sujetas a un plazo de 6 meses porque, de conformidad con lo previsto en el artículo 104.1 de la LGT, el plazo de resolución de que dispone la Administración tributaria es de 6 meses si no se prevé otro distinto y, subsidiariamente, alegó que debían estar sujetas a un plazo de 9 meses por ser esta la diferencia entre el plazo de 18 meses previsto con carácter general para el procedimiento de inspección y el de 27 meses aplicable cuando concurran en el procedimiento de inspección determinadas circunstancias.

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6. Los incentivos mediante Phantom Units son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades cuando se liquidan y pagan, no cuando se provisionan

Consulta de la Dirección General de Tributos V5144-26, de 13 de julio

El gasto por incentivos basados en instrumentos de patrimonio no es fiscalmente deducible al contabilizar el pasivo o la provisión, sino al liquidarse y pagarse tras cumplirse las condiciones del plan. La deducción corresponde a la entidad empleadora que recibe los servicios del empleado, aunque el pago lo efectúe otra sociedad del grupo.

La Dirección General de Tributos (“DGT”) analiza la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de un incentivo extraordinario concedido a determinados empleados y directivos por la entidad dominante de un grupo de consolidación fiscal. En virtud del plan, se atribuyen a los empleados de distintas entidades del grupo ciertos instrumentos (Phantom Units) que dan derecho a percibir un bonus condicionado a que se produzca un evento de liquidez y se cumplan, entre otros requisitos, determinados objetivos mínimos de rentabilidad para los socios. Entre los eventos de liquidez previstos se incluyen la transmisión de todo o sustancialmente todo el negocio o los activos del grupo y la admisión a cotización de valores de la entidad dominante o de cualquiera de las sociedades del grupo. Conforme al plan, se prevé que el pago del incentivo pueda ser realizado por la sociedad dominante o por cualquiera de las demás entidades del grupo, con independencia de aquella con la que el empleado tenga formalizada su relación laboral.

La DGT concluye que el gasto es fiscalmente deducible para la entidad que reciba los servicios del empleado, siempre que constituya una retribución onerosa por estos, esté debidamente contabilizado e imputado conforme a la normativa contable, se encuentre justificado documentalmente y no concurra una causa específica de no deducibilidad. No obstante, la deducción no procede al registrar el pasivo o la provisión, sino cuando se aplique esta última o el gasto se destine a su finalidad. En este supuesto, esto sucede con la liquidación y el pago del incentivo a los participantes, una vez producido el evento de liquidez y cumplidos los restantes requisitos.

En este sentido, resulta irrelevante que el incentivo sea materialmente abonado por la sociedad dominante o por otra sociedad del grupo, sin perjuicio del adecuado registro contable y de la valoración de las operaciones intragrupo conforme al artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Este criterio también resulta aplicable a los incentivos percibidos por los consejeros ejecutivos, siempre que el incentivo remunere onerosamente sus funciones y se cumplan los requisitos señalados.

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Crónica de legislación en materia fiscal (del 4 al 17 de noviembre de 2026)

NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA

UE. PREFERENCIAS ARANCELARIAS. Procedimiento de retirada temporal

Reglamento Delegado 2026/817, de 10 de septiembre. Tiene por objeto establecer normas relativas al procedimiento de retirada temporal de regímenes preferenciales y al procedimiento de adopción de medidas generales de salvaguardia con arreglo al Reglamento 2026/1395, por el que se aplica un sistema generalizado de preferencias arancelarias y se deroga el Reglamento 978/2012.

DOUE L, publicado el 17 de noviembre de 2026.

UE. PREFERENCIAS ARANCELARIAS

Reglamento Delegado 2026/2018, de 10 de septiembre. Establece normas relativas al procedimiento de concesión del régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+) con arreglo al Reglamento 2026/1395, por el que se aplica un sistema generalizado de preferencias arancelarias y se deroga el Reglamento 978/2012.

DOUE L, publicado el 16 de noviembre.

UE. IVA. Oro de inversión exento 2027

Lista de las monedas de oro que cumplen los criterios establecidos en el artículo 344, apartado 1, punto 2, de la Directiva 2006/112/CE, relativa al Sistema Común del Impuesto sobre el Valor Añadido.

DOUE C, publicado el 11 de noviembre de 2026.

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NORMATIVA ESTATAL

MEDIDAS URGENTES PARA LA PROTECCIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL Y LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDA ASEQUIBLE. Convalidación

Resolución de 12 de noviembre de 2026. Ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 29/2026, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible cuyo título II establece un amplio paquete de medidas fiscales destinado a reorientar el uso de la vivienda hacia su función social y residencial.

BOE 283/2026, publicado el 13 de noviembre.

MEDIDAS URGENTES CON AYUDAS PARA LOS AFECTADOS POR LA DANA ADAM

Real Decreto-ley 33/2026, de 10 de noviembre. Adopta medidas urgentes en respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre de 2026, como consecuencia de la depresión aislada en niveles altos (DANA), denominada Adam.

Se aprueban medidas de apoyo para el sector agrario, medidas dirigidas al comercio minorista y medidas de carácter fiscal para aliviar la carga tributaria de los afectados. En concreto, se conceden exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondientes al ejercicio 2026 cuando afecten a los inmuebles dañados como consecuencia directa de la DANA Adam y se prevén también reducciones fiscales especiales para las explotaciones y actividades agrarias afectadas. En concreto, en el IRPF se establece una reducción en los índices de rendimiento neto dentro del método de estimación objetiva (tributación por módulos) y en el régimen simplificado de IVA, en relación con las explotaciones y actividades agrarias realizadas en la zona afectada.

BOE 281/2026, publicado el 11 de noviembre.

IRPF/IVA. ESTIMACIÓN OBJETIVA Y RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Orden HAC/1161/2026, de 4 de noviembre. Desarrolla para el año 2027 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE 276/2026, publicado el 5 de noviembre.

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NORMATIVA AUTONÓMICA

BALEARES

BALEARES. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. Autoliquidación

Orden 45/2026, de 9 de noviembre. Aprueba el modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y regula determinados aspectos relativos a la cumplimentación, generación, presentación y pago de las autoliquidaciones correspondientes, así como la documentación que, en su caso, debe acompañarlas.

BOIB 145/2026, publicado el 12 de noviembre.

CANARIAS

CANARIAS. MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA, DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Y DE REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD NORMATIVA SECTORIAL

Decreto ley 8/2026, de 9 de noviembre. Aprueba normas para dar cumplimiento a los Acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, así como en materia tributaria, de organización y funcionamiento y de regulación de la actividad normativa sectorial.

Modifica, entre otros, el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1994, al objeto de incorporar una nueva exención para las inserciones de declaraciones e informes de impacto ambiental de proyectos de competencia autonómica.

BOC Extraordinario 226/2026, publicado el 11 de noviembre.

CANARIAS. MEDIDAS TRIBUTARIAS COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS EN ORIENTE MEDIO. Convalidación

Resolución de 22 de octubre de 2026. Ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 6/2026, por el que se prorrogan determinadas medidas tributarias adoptadas como consecuencia de la crisis en Oriente Medio.

BOC 221/2026, publicado el 5 de noviembre

MADRID

MADRID. DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

Ley 7/2026, de 3 de noviembre. De defensa del contribuyente de la Comunidad de Madrid. Regula los servicios de información, asistencia y participación que la Administración tributaria autonómica pone a disposición de los contribuyentes para facilitar los trámites y reducir las cargas administrativas y el órgano que asume su defensa, con la finalidad de garantizar la efectividad de los derechos de los contribuyentes en sus relaciones con la Administración tributaria autonómica.

BOCM 267/2026, publicado el 6 de noviembre.

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