Novedades sobre la divulgación de la “información no financiera”
Supondrá un incentivo para que las empresas asuman un mayor compromiso con la sociedad y generen mayor confianza.
10 de abril de 2018 
La divulgación de información no financiera debe ser un incentivo para que las empresas asuman un mayor compromiso con la sociedad. A su vez, dar a conocer este tipo de información contribuye a aumentar la confianza de los grupos de interés y de la sociedad en general en el sector empresarial. Se trata de una de las principales conclusiones del desayuno de trabajo organizado por el Grupo Español para el Crecimiento Verde que, bajo el título: “Nuevas obligaciones y oportunidades sobre la información no financiera”, se celebró el pasado 6 de abril en Madrid en el despacho Uría Menéndez, miembro del GECV.
La información no financiera aporta un análisis de la situación y evolución de la compañía en relación con aspectos medioambientales, sociales, relativos al personal, a los derechos humanos o a la lucha contra la corrupción y el soborno. Según recoge la Comisión Europea, alrededor de 2.500 empresas dieron cuenta de este tipo de informes en 2011.
De acuerdo con la normativa de la UE, recientemente introducida en España mediante el Real Decreto-ley 18/2017, están obligadas a hacer este ejercicio de divulgación las “grandes” empresas o grupos de empresas que tengan la consideración de “entidad de interés público” y cuenten con más de 500 trabajadores. Se apuntó a la carencia de una metodología oficial para llevarla a cabo y se destacó el hecho de que el auditor no debe emitir una opinión sobre el informe no financiero, únicamente deberá comprobar que ha sido proporcionado.
“La legislación es sin duda una palanca para acelerar el reporting no financiero entre las empresas, aunque en su transposición a nuestro marco jurídico echamos en falta una mayor concreción en asuntos clave, tales como el papel del auditor externo. De hecho en este sentido el mercado está avanzando más que la norma”, indicó Valentín Alfaya, presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde.
Junto a la obligación de elaborar y publicar el estado sobre información no financiera, las sociedades anónimas cotizadas deberán divulgar una descripción de la política de diversidad aplicada en relación con el consejo de administración. Esta incluirá sus objetivos, las medidas adoptadas, la forma en la que se han aplicado y los resultados, así como las medidas que, en su caso, hubiera acordado en este sentido la comisión de nombramiento.
Carlos de Miguel, abogado de Uría Menéndez, destacó que “la normativa va en la línea de que, a través de una mayor transparencia, sean las fuerzas del mercado quienes incentiven a las empresas a cambiar su comportamiento. Se trata de una opción de política legislativa alternativa a la más tradicional represiva e impositiva, y quizás más eficiente”.
Como conclusión, los participantes definieron estas nuevas obligaciones como retos a los que ciertas empresas deben de hacer frente, pero que también pueden suponer una oportunidad para aumentar la confianza del mercado y de los agentes interesados. Además, esta divulgación intensifica la tendencia de transparencia del sector empresarial frente a la sociedad en su conjunto. Las sociedades que no estén obligadas a ello, podrán sumarse a la iniciativa para aprovechar las ventajas que este tipo de acciones pueden suponer.