Sanciones firmes huérfanas de liquidación (II): el TEAC ordena su anulación en vía de ejecución

El pasado 2 de marzo de 2026 publicamos el apunte “Sanciones firmes huérfanas de liquidación”, en el que abordábamos una situación que, aunque infrecuente, no es desconocida en la práctica tributaria: ¿qué ocurre con la sanción firme cuando la liquidación de la que trae causa es posteriormente anulada en vía económico-administrativa o contencioso-administrativa?

Como explicábamos entonces, a priori, la cuestión parecía sencilla, pues el Tribunal Supremo ha reiterado que “sin liquidación no hay infracción y, consecuentemente, sanción” (STS de 2 de febrero de 2016, rec. 5162/2010). La dificultad surgía cuando la sanción había adquirido firmeza y seguía produciendo efectos pese a haber desaparecido el presupuesto que la sustentaba.

En aquel apunte señalábamos que el Tribunal Económico-Administrativo Central (“TEAC”) admitía anular estas sanciones mediante el recurso extraordinario de revisión del artículo 244 de la Ley General Tributaria (“LGT”). Consideraba que la resolución anulatoria de la liquidación era un documento de valor esencial (resoluciones de 22 de noviembre de 2007, R.G. 2535/2005, y de 20 de octubre de 2016, R.G. 3687/2014). Pero defendíamos que la Administración debía anular de oficio la sanción firme al ejecutar esa resolución, sin necesidad de acudir a otro procedimiento. El artículo 66.5 del Reglamento general de desarrollo de la LGT en materia de revisión en vía administrativa (“Reglamento de Revisión”) exige, cuando se estima íntegramente el recurso o la reclamación y no es necesario dictar un nuevo acto, anular “todos los actos que traigan causa del anulado”. El principio de buena administración, reconocido por el Tribunal Supremo (STS de 19 de febrero de 2019, rec. 128/2016), exigía, a nuestro juicio, cumplir ese mandato sin obligar al contribuyente a reclamar de nuevo.

Pues bien, la Resolución del TEAC de 24 de abril de 2026 (R.G. 51236/2026, la “Resolución”) acoge esta solución al reconocer que la sanción firme debe anularse al ejecutar la resolución que anuló la liquidación. En este caso, el propio TEAC había confirmado la inadmisión por extemporaneidad del recurso de reposición contra la sanción, pero también había estimado íntegramente la reclamación contra la liquidación de la que aquella traía causa. Al ejecutar esta última resolución, la Administración anuló la liquidación, pero mantuvo la sanción firme y la providencia de apremio derivada de ella.

El contribuyente interpuso entonces un recurso contra la ejecución al amparo del artículo 241 ter LGT, que el TEAC estimó aplicando el artículo 66.5 del Reglamento de Revisión. Al haberse estimado íntegramente la reclamación contra la liquidación sin necesidad de dictar un nuevo acto, la ejecución de esa resolución debía incluir también la anulación de la sanción firme y de la providencia de apremio.

La Resolución es bienvenida, pero el contribuyente no debería haber tenido que recurrir para obtener ese resultado. El artículo 66.5 impone un mandato, no una opción, y la buena administración exige cumplirlo sin esperar a una nueva reclamación. Este pronunciamiento confirma así el planteamiento de nuestro primer apunte y admite que la firmeza de la sanción no justifica una ejecución incompleta.