Energías renovables en Europa del Este

Isabel Yglesias i Juliá, Agustín Redondo Aparicio.

2008 El Exportador, n.º 101


Los “paquetes de garantías” que se otorgan en estas jurisdicciones son equivalentes a los usados en España, sin embargo, aspectos como la titularidad sobre los terrenos o la concesión de las licencias deben tenerse en cuenta.

La potenciación de las energías renovables es, como es bien sabido, una cuestión prioritaria de la Unión Europea, que ha fijado los objetivos de consumo de energía proveniente de fuentes renovables para el 2010 del 12% del consumo energético total y el 21% en el de electricidad generada por estas fuentes. Este objetivo está cambiando el panorama de la industria eléctrica en toda la Unión, pero especialmente en los estados que se incorporaron a la Unión en los últimos años.

Los países de Europa Central y del Este han asumido el reto y están desarrollando sus normativas en este sentido, introduciendo considerables modificaciones legislativas para favorecer la inversión en energías renovables. Centrándonos en los ejemplos de  Rumania, Bulgaria o Polonia. Las reformas en la regulación que afecta directa o indirectamente el sector se hacen especialmente necesarias si tenemos en cuenta los objetivos fijados por cada uno de estos estados: Polonia apuesta por alcanzar un 7,5% de producción de electricidad proveniente de fuentes renovables en 2010 y un 14% en 2020; Rumania se propone conseguir que 11% del total de las fuentes de energía eléctrica en 2010 y un 15% en 2015 sean renovables; y Bulgaria pretende alcanzar el  8% en 2010 y el 9%  en 2015.

Oportunidades para las empresas españolas

Estos países son algunos de los nuevos mercados estratégicos para las empresas españolas ya activas o que pretenden entrar en el negocio de las energías renovables, al ser economías en crecimiento abiertas para albergar nuevos proyectos de este tipo y especialmente de energía eólica. Sin embargo, a la hora de invertir en estos países es necesario conocer de antemano aspectos claves como los planes previstos por las Administraciones nacionales y regionales, las ayudas existentes, las fórmulas de financiación o los plazos administrativos a los que el proyecto deberá someterse.

Las empresas españolas pueden beneficiarse de la experiencia adquirida en España en la financiación de estos proyectos. Por un lado los inversores españoles pueden usar a los mismos financiadores en los nuevos proyectos en Europa del Este. Por otro lado, las entidades financieras españolas, actuando bajo el régimen de libre prestación de servicios financieros, pueden aprovechar su amplia experiencia en el producto y sus estructuras.

Una de las formas usadas por las entidades españolas (tanto promotores o inversores como bancos) es el otorgamiento de un crédito o préstamo de derecho español, con el otorgamiento de un “paquete de garantías” en gran parte sometido a la legislación del estado de inversión. Esta estructura permite a los actores trabajar dentro de un marco conocido en cuanto a los parámetros de la financiación, asegurando la validez de las correspondientes garantías en los países en que se desarrollan los proyectos.

Los “paquetes de garantías” que se otorgan en estas jurisdicciones son equivalentes a los usados en España. Sin embargo, respecto tanto respecto a las garantías locales como a la estructuración de las disposiciones y las condiciones para las mismas hay importantes cuestiones que los inversores y financiadores españoles deben tener en cuenta a la hora de preparar su documentación.

Problemática por países

En el caso de optar por el desarrollo integral de proyectos desde el inicio, es frecuente encontraremos con dificultades derivadas de la titularidad sobre los terrenos o de las licencias. En Polonia, por ejemplo, se necesita un permiso del Ministerio de Asuntos Interiores para comprar terrenos agrícolas, aunque se puede optar por asegurar los terrenos elegidos a través de figuras de derechos reales (usufructos, servidumbres de uso, o alquileres).  En cuanto a las licencias administrativas necesarias para la puesta en funcionamiento de cualquier instalación de producción energética, nos enfrentaremos a procedimientos que pueden extenderse durante más de dos años o que mantienen un alto grado de incertidumbre sobre la seguridad de la obtención de la conexión a la red y la venta de la energía hasta un momento muy avanzado del desarrollo de los proyectos.

Los mismos problemas sobre los derechos sobre los terrenos son susceptibles de aparecer tanto en Rumania como en Bulgaria, y además los trámites administrativos, especialmente en Rumania, en el primero se pueden alargar tanto como en Polonia.

Es importante subrayar, sin embargo, la mayor flexibilidad de la legislación búlgara. Por un lado, en muchos casos, y bajo decisión administrativa, no será necesaria la declaración de impacto ambiental en las zonas no protegidas. Por otro, se establece un sistema de tarifas preferenciales (“feed-in tariffs”) para toda la electricidad procedente de energías renovables, a diferencia de Polonia o Rumania, donde solamente existen tarifas reguladas para el suministro de electricidad para economías domésticas.

Todas estas dificultades, llevan a que no sea infrecuente que, junto con el paquete de garantías locales habituales esté presente muchas veces el recurso al promotor en forma de una garantía de las matrices españolas a sus filiales locales.

Estudiados más de cerca, los distintos sistemas no distan tanto del español o de otros en la Unión Europea con los que las empresas españolas ya están familiarizadas. En cualquier caso, las aparentes dificultades del procedimiento sobre el papel, no amedrentan a los inversores españoles. El mayor conocimiento de estos países y de sus sistemas regulatorios por parte de empresarios, financieros y abogados españoles, por un lado, y la mayor comprensión en estos países a nuestras formas de trabajar parecen augurar el éxito de unas inversiones que, sin duda, beneficiarán tanto a los países de recepción como a los inversores.