El TJUE refuerza la responsabilidad administrativa directa de las personas jurídicas en materia de PBC/FT

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 29 de enero de 2026 (asunto C-291/24) (la “Sentencia del TJUE”) aborda una cuestión clave en la aplicación práctica del régimen europeo de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (“PBC/FT”): hasta qué punto los Estados miembros pueden condicionar la imposición de sanciones a las personas jurídicas mediante exigencias procesales adicionales previstas en su derecho interno. El pronunciamiento resulta especialmente relevante para las entidades obligadas, al reforzar la responsabilidad administrativa directa de las personas jurídicas y subrayar que los regímenes nacionales no pueden vaciar de contenido el efecto útil de la Directiva (UE) 2015/849.

Esta doctrina ha de entenderse plenamente aplicable también en el momento en que resulte de aplicación el Reglamento (UE) 2024/1624, que sustituye a esa Directiva.

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