El Tribunal Constitucional anula la obligación de ofrecer un alquiler social a los ocupantes de vivienda sin título habilitante en Cataluña

El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales ciertas previsiones sobre la obligación de ofrecer un alquiler social, en tanto que vulneraban competencias reservadas al Estado, como son la legislación procesal y las bases de las obligaciones contractuales. En concreto, se anula la obligación de ofrecer un alquiler social antes de llevar a cabo acciones ejecutivas o de interponer determinadas acciones judiciales, como demandas de desahucio en algunos supuestos de ocupación ilegal. También se anulan otras previsiones, como la obligación de renovar el alquiler social o la subrogación de las personas jurídicas en la posición del propietario anterior en casos de incumplimiento.

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