Público

En una economía globalizada, con un marco regulatorio crecientemente complejo y en la que las compañías desarrollan su actividad en jurisdicciones con sistemas legales divergentes, ponemos a disposición de nuestros clientes —compañías privadas y entidades públicas— los recursos de una gran firma iberoamericana tanto en el asesoramiento consultivo como contencioso y con un profundo conocimiento del mercado y de la regulación.

Contamos con un equipo de más de cincuenta abogados especializados en derecho público, entre los que se encuentran académicos y miembros de prestigiosos  cuerpos de las Administraciones públicas.

Apoyamos en sus relaciones con la Administración a contratistas y concesionarios de infraestructuras y servicios. Ofrecemos asesoramiento a empresas en sectores altamente regulados, operadores industriales y empresas extranjeras —incluidos fondos de inversión— como potenciales licitadores en Iberia, así como a empresas iberoamericanas en sus proyectos de infraestructuras y servicios públicos en el exterior.

Nuestra proyección académica, la proximidad con los principales agentes, asociaciones empresariales y profesionales, y nuestra capacidad de interlocución con la Administración y los organismos reguladores, nos colocan en la mejor situación para proponer nuevas soluciones en proyectos públicos y de colaboración entre el sector público y el privado:

• Contratación pública en todas sus fases: licitación, ejecución, extinción y liquidación de contratos
• Resolución de controversias: recursos especiales y administrativos
• Contratación en sectores excluidos: agua, energía, transportes y servicios postales
• Sectores regulados: financiero, energía, defensa, salud, transportes y telecomunicaciones, tanto a nivel nacional como supranacional
• Infraestructuras y servicios públicos
• Recursos naturales y sistemas de protección ambiental
• Litigación ante los tribunales nacionales —incluido el Tribunal Constitucional— y los tribunales de la Unión Europea. Actuaciones ante el Tribunal de Cuentas y otros órganos de control y fiscalización
• Ayudas y subvenciones
• Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
• Asesoramiento en la elaboración de normativa de derecho público. Estudios preliminares y anteproyectos