Análisis y proyecciones para 2023 en litigación y arbitraje en el mercado ibérico

Como en ejercicios anteriores, exponemos a continuación la visión de Uría Menéndez sobre las principales novedades y tendencias que pueden afectar a la práctica procesal y arbitral en el mercado ibérico durante este año 2023 que comienza.

1. Previsibles novedades legislativas relevantes en materia procesal civil

2. Arbitraje internacional

3. Derecho penal económico

4. Derecho digital y ciberseguridad

5. Litigación medioambiental y en materia de cambio climático

6. Derecho concursal

7. Acciones colectivas

8. Condiciones generales y litigación en materia de consumo

9. Daños por ilícitos concurrenciales

10. Conflictos en materia de seguros

11. Sanciones internacionales

1. Previsibles novedades legislativas relevantes en materia procesal civil

En 2022 pasaron ya a la categoría de proyecto de ley tres reformas legislativas relevantes en España: la Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, la Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia y la Ley de medidas de eficiencia digital del servicio público de Justicia. Actualmente se encuentran en tramitación en las Cortes Generales.

La primera de las proyectadas normas podría suponer una reorganización profunda de los tribunales de justicia, mediante la creación de los Tribunales de Instancia en lugar de los juzgados actuales, la definitiva implantación de la Oficina Judicial en todos los territorios y el establecimiento de Oficinas de Justicia en los municipios.

La segunda norma pretende reformar aspectos muy diversos de las normas procesales, incluyendo la utilización de medios telemáticos y la promoción del uso de medios alternativos de resolución de controversias. Se pretende asimismo la agilización de trámites, al ampliarse en la jurisdicción civil el ámbito del juicio verbal, al reducirse la celebración de vistas y facilitarse las resoluciones orales. También introducirá la figura del denominado pleito testigo.

La tercera se centra en aspectos tecnológicos, con vistas a una modernización y agilización de nuestro sistema procesal. Incluye reglas sobre registros, expedientes y comunicaciones electrónicas, vistas telemáticas o fórmulas de identificación electrónica de los intervinientes en el proceso. Tiene como objetivo la interoperabilidad de los distintos sistemas electrónicos de los órganos judiciales.

Se espera que estas normas se aprueben en 2023, aunque la previsión podría resultar modificada en función de los calendarios electorales.

En Portugal el funcionamiento de los tribunales ha regresado a la normalidad y se espera que durante el 2023 se consiga recuperar el ritmo anterior a la pandemia, que provocó grandes retrasos. En contrapartida, la propuesta de reforma del Código de Proceso Civil portugués presentada en diciembre de 2021 ha expirado y ni el Gobierno ni ningún partido político han manifestado la intención de introducir nuevas reformas de relieve en la legislación procesal civil portuguesa.

^ subir

2. Arbitraje internacional

Dada la creciente inversión en proyectos de energías renovables (impulsada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y por los Next Generation Funds de la UE), es muy probable que se produzcan nuevos conflictos, tanto en la fase precontractual como en la de ejecución y operación de esos proyectos, que se resolverán fundamentalmente por medio de arbitrajes internacionales. Asimismo, los problemas de suministro de gas a causa de la guerra de Ucrania y el consiguiente incremento de su precio provocarán también nuevos conflictos en materia energética, que se resolverán en vía arbitral.

En el arbitraje comercial seguirá la creciente utilización de medios de prueba y de interacción novedosos (incluido el uso del metaverso), particularmente en proyectos de construcción e infraestructuras. Por otro lado, los financiadores de litigios y arbitrajes continuarán con su expansión, lo que también ocasionará un incremento de las disputas arbitrales.

En arbitraje de inversión, la posible recesión de economías en desarrollo puede provocar cambios legislativos y regulatorios que impacten sobre las inversiones extranjeras, lo que puede dar lugar, a su vez, a arbitrajes de inversión.

España, con Madrid a la cabeza, continuará su crecimiento como sede para arbitrajes internacionales entre partes latinoamericanas y europeas. La consolidada doctrina del Tribunal Constitucional en apoyo del arbitraje, sus idóneas condiciones como sede y el impulso del CIAM (Centro Internacional de Arbitraje de Madrid) contribuirán de forma relevante a esa tendencia. En Portugal, las nuevas reglas sobre arbitraje, arbitraje acelerado, arbitraje empresarial y mediación adoptadas en 2021 por el centro de arbitraje más importante del país –el Centro de Arbitraje Comercial de la Cámara de Comercio e Industria portuguesa (Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa)– han tenido una buena acogida por las comunidades jurídica y empresarial, y se están aplicando con éxito.

A continuación puede encontrar algunas de las publicaciones recientes de Uría Menéndez sobre la materia:

^ subir

3. Derecho penal económico

En España, las investigaciones internas —entendidas como mecanismo interno de reacción de las empresas ante la existencia de indicios de la eventual comisión de un delito en el marco de su actividad— han seguido ocupando el foco de procedimientos penales relevantes. Sin embargo, siguen sin existir aún referentes legales y jurisprudenciales claros sobre los efectos que estas investigaciones deben tener en la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. A la vista de que algunos de esos procedimientos ya se encuentran avanzados, es posible que a lo largo del 2023 se produzca algún desarrollo jurisprudencial destacable a este respecto.

Por otro lado, existen iniciativas legislativas que, de aprobarse en 2023, podrían tener un impacto relevante en materia de investigaciones internas y en la tramitación de procedimientos penales referidos a hechos descubiertos internamente por las empresas. La principal sería la aprobación de la futura Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, comúnmente conocida como Ley de Protección de Informantes o Ley de Whistleblowing. En atención al contenido actual del proyecto de ley, varios aspectos de la futura norma podrían tener incidencia en la iniciación y tramitación de las investigaciones internas, como por ejemplo la forma en que debe permitirse la realización de la denuncia interna (incluyendo la posibilidad de denunciar de forma anónima), la limitación de la duración de la investigación interna a tres meses, la necesidad de permitir que el investigado sea oído durante la investigación o la obligación de informar al Ministerio Fiscal “con carácter inmediato” cuando los hechos objeto de la denuncia interna sean indiciariamente constitutivos de delito.

A ello se añaden otras novedades legislativas que podrían producirse durante el año en España, como la posible futura Ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales, que se encuentra actualmente en tramitación y que podría suponer la implementación de nuevas obligaciones para las empresas en materia de compliance,así como la necesidad de investigar internamente su potencial incumplimiento. Esta eventual futura ley seguiría la línea marcada por la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, publicada el 23 de febrero de 2022.

En Portugal, se espera que durante 2023 la Fiscalía adopte un rol muy proactivo en la investigación de posibles delitos de corrupción (particularmente en el ámbito de la contratación pública), fraude de subsidios y subvenciones públicas, en atención al elevado volumen de fondos europeos que se distribuirán en ejecución del mecanismo de recuperación y resiliencia integrado en los fondos Next Generation EU. La Fiscalía advirtió en mayo de 2022 que el programa de recuperación y resiliencia portugués carece de los mecanismos adecuados para evitar posibles delitos de fraude y corrupción. De ahí que se prevea que la Fiscalía ponga el foco en el destino de estos fondos.

Además, el 7 de junio de 2022 entró en vigor el nuevo régimen general para la prevención de la corrupción (Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de diciembre). Se espera que la Fiscalía preste especial atención a la investigación de delitos en los que puedan estar involucrados entes públicos y empresas privadas con 50 o más trabajadores, que son los obligados a implementar mecanismos de prevención de corrupción, blanqueo, recibimiento indebido de ventaja (recebimento indevido de vantagem y concussão), malversación, participación de funcionario en negocio, abuso de poder, prevaricación en procedimientos judiciales, administrativos y disciplinarios, y prevaricación por titular de cargo político (prevaricação), tráfico de influencias, fraude de prestaciones y desvío de subvenciones o crédito. A lo anterior se añade que desde el 7 de noviembre de 2022 está en funcionamiento el ente administrativo conocido como Mecanismo Nacional de Anticorrupción, que fue aprobado por la Portaria n.º 164/2022, de 23 de junio.

Finalmente, se prevé que 2023 esté marcado por un esfuerzo significativo por parte de las empresas portuguesas para cumplir con los deberes de compliance que se recogen en la Ley 93/2021, de 20 de diciembre (que transpuso la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión), que implementa el régimen de protección a los denunciantes; y del Decreto Ley 109-E/2021, de 9 de diciembre, que establece el régimen general de prevención de la corrupción y delitos conexos. Bajo esta normativa, las empresas con 50 o más trabajadores están obligadas a adoptar un canal de denuncias, un plan de prevención de riesgos de corrupción y delitos conexos, un código de conducta y un plan de formación sobre la materia, y todo ello bajo la coordinación de un directivo responsable de cumplimiento normativo (compliance officer).

A continuación puede encontrar algunas de las publicaciones recientes de Uría Menéndez sobre la materia:

^ subir

4. Derecho digital y ciberseguridad

En 2022 se ha mantenido en las áreas de tecnología y digitalización la tendencia de años anteriores: una digitalización cada vez más intensiva de los negocios. En particular, más que la consolidación del teletrabajo y la implantación de los medios necesarios para ello, 2022 ha llevado a las empresas a implantar tecnologías de trabajo mixtas, que permiten a las personas realizar parte del trabajo presencial y parte en teletrabajo, de forma integrada y segura. Estas dos tendencias han seguido marcando las decisiones de tecnología de las empresas. Con ellas, se consolida la necesidad de asegurar que las herramientas y tecnología utilizadas por las organizaciones sean seguras, lo que ha provocado a su vez que las organizaciones dediquen cada vez más recursos a este fin.

En este contexto, los riesgos relacionados con la tecnología y, en particular, los derivados de los incidentes de ciberseguridad y las brechas de datos personales —ya sean brechas que afecten a la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los datos— siguen aumentando de año a año. Así se observa, por ejemplo, en los datos y estadísticas relativas a las notificaciones de brechas de seguridad que realizan las empresas y que publica mensualmente la Agencia Española de Protección de Datos.

En Portugal, 2022 estuvo también marcado por un aumento de las brechas de ciberseguridad en todos los sectores de actividad (grupos de medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones o empresas de aviación), lo que desencadenó un aumento de la actividad de inspección y, en consecuencia, de la aplicación de sanciones por parte de la Comisión Nacional de Protección de Datos portuguesa. Ejemplo de ello son las últimas sanciones aplicadas a entidades del sector público (en particular, en los Municipios de Lisboa y Setúbal y el Instituto Nacional de Estadística de Portugal), que muestran una creciente preocupación por el cumplimiento de las normas aplicables a la privacidad y los derechos de los ciudadanos.

Otra cuestión a destacar en el área digital es la numerosa normativa que en el año 2022 ha aprobado la Unión Europea o que está pendiente de aprobación en los próximos meses. La Unión Europea ha demostrado su intención de mantener el liderazgo mundial en materia de regulación digital. Así, a lo largo del año 2022 se han aprobado reglamentos muy relevantes para el mercado digital, como el Paquete de Servicios Digitales (que incluye el Reglamento de Servicios Digitales[1] y el Reglamento de Mercados Digitales[2]), o para generar un mercado europeo de datos, como la Ley de Gobernanza de Datos[3], entre otras. En el ámbito procesal, estas normas contribuirán a delimitar, incrementándolo, el nivel de diligencia exigible a las empresas en relación con las reclamaciones que tengan su origen en incidentes tecnológicos.

A continuación puede encontrar algunas de las publicaciones recientes de Uría Menéndez sobre la materia:

^ subir

5. Litigación medioambiental y en materia de cambio climático

En materia ambiental, 2022 ha continuado con la tendencia que ya se venía apreciando en ejercicios anteriores, esto es, un aumento en el número de litigios y una evolución en el tipo de pretensiones que se plantean ante los órganos administrativos y los tribunales. Los asuntos de ESG —sigla inglesa para temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (Environmental, Social and Governance)— han estado presentes en la agenda pública de los últimos años y han generado una litigación relevante a nivel internacional, especialmente en los Países Bajos, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos.

Diversos factores explican esta tendencia: una mayor concienciación social y empresarial, una creciente complejidad y exigencia en la normativa (impulsada fundamentalmente por la Unión Europea), y la existencia de asociaciones y entidades cada vez más activas y sofisticadas.

Son conocidas las resoluciones judiciales que han obligado a gobiernos de países como Holanda, Irlanda, Francia o Alemania a modificar sus normas para incluir objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero más estrictos. Además de litigios frente a disposiciones y actos de la Administración, se han producido pronunciamientos que afectan directamente a grandes emisores. En el conocido como “caso Shell” (todavía pendiente de recurso en segunda instancia), el Tribunal de Distrito de La Haya ordenó a todo el grupo empresarial la reducción en un 45 % de sus emisiones en toda su cadena de suministro para 2030.

En los ordenamientos español y portugués, en 2023 se espera que continúen creciendo los intentos por judicializar cada vez más la protección ambiental y el cumplimiento de los objetivos internacionales asumidos por España y Portugal en materia de cambio climático, lo que puede incluir en algunos casos la reclamación de los daños y perjuicios generados.

Entre las principales fuentes de litigios potenciales se encuentra, en primer lugar, el denominado greenwashing. Las obligaciones de transparencia ambiental —cada vez más exigentes— y la tendencia a presentar al público como “verdes” todas las actividades o productos de las compañías pueden derivar en litigios sobre publicidad engañosa y protección de los consumidores, entre otros (se prevé que en 2023 se apruebe una Directiva que tratará de definir y limitar esta práctica). En segundo lugar, ocasionarán nuevos litigios la actual crisis energética y las discusiones generadas en torno al programa en curso de transición energética de la Unión Europea y los acuerdos internacionales (p. ej., Acuerdo de París). Y, en tercer lugar, será también relevante la responsabilidad de las empresas por sus cadenas de suministro, con la expectativa de que la Unión Europea apruebe un reglamento que imponga a las empresas con actividad en el mercado interior europeo la obligación de supervisar, prevenir y corregir abusos en materia ambiental y de derechos humanos en toda su cadena de suministro, incluyendo sus proveedores y subcontratas.

En España, el Tribunal Supremo se deberá pronunciar en 2023 sobre el recurso contencioso-administrativo presentado por varias asociaciones ecologistas contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el que se solicita que se aumente la ambición frente al cambio climático, lo que, de prosperar, afectaría a múltiples sectores y actividades.

En Portugal, activistas ambientales ya han manifestado su intención de demandar judicialmente al Estado portugués por no haber adoptado supuestamente las normas necesarias para cumplir las metas de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero establecidas en el Acuerdo de París y, además, no haber actuado de acuerdo con la “Ley Europea del Clima” aprobada por el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática u otros instrumentos europeos. Además, existe una gran expectación en torno a la decisión de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el procedimiento entablado por un grupo de portugueses contra 33 países. Los demandantes alegan que los incendios forestales que se han venido produciendo en Portugal anualmente desde 2017 son el resultado directo del calentamiento global y que ponen en riesgo su salud; además de que la alteración del clima está provocando tormentas muy fuertes durante el invierno, lo que pone en peligro sus casas, situadas cerca del mar en Lisboa (caso Duarte Agostinho y otros contra Portugal y otros, proceso n.º 39371/20).

A continuación puede encontrar una publicación reciente de Uría Menéndez sobre la materia:

^ subir

6. Derecho concursal

2023 se presenta como un año muy relevante en materia concursal en España. La conjunción de diversos acontecimientos legislativos y la coyuntura económica nacional e internacional hacen presagiar un año difícil para las empresas españolas.

La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, ha transpuesto la Directiva (UE) 2019/1023, sobre reestructuración e insolvencia. Esa norma, además de introducir reformas esenciales en materia estrictamente concursal, potencia los instrumentos preconcursales para facilitar la reestructuración empresarial, dotando a las partes (en una posición de mayor equilibrio de intereses entre acreedores y deudores) de llaves mucho más flexibles para evitar que la declaración de insolvencia lleve a un deterioro de los activos.

Incluso si no puede evitarse el concurso, la Ley contempla mecanismos óptimos (por rapidez y seguridad jurídica para los adquirentes), de transmisión de empresas o de sus unidades productivas, que permiten preservar su valor y ayudar a que el tejido empresarial y el empleo permanezcan indemnes en lo posible.

Será tiempo también de comprobar si el deseado retorno de todas las competencias concursales a los jueces de lo mercantil no provoca una saturación de asuntos en esos juzgados.

Por último, será el momento de analizar el funcionamiento del mayor experimento concursal realizado hasta la fecha: el procedimiento especial para microempresas, que se aplicará con absoluta exclusión del concursal ordinario en su ámbito de aplicación. Debido al pequeño tamaño, en general, de las empresas españolas, es muy posible que tenga un protagonismo insospechado.

En Portugal, tras dos años consecutivos en caída, se estima que el número de empresas en concurso aumentará en 2023 entre un 16 % y un 20 %, debido al fin de la moratoria de la deuda bancaria y el alza de los tipos de interés, la inflación y la factura energética.

Por eso, 2023 va a ser el año de prueba de la nueva normativa en materia concursal y, sobre todo, preconcursal, que entró en vigor el 11 de abril de 2022 (tras la reforma de la ley concursal por la Lei n.º 9/2022, de 11 de enero —que transpuso la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019—, que contempla medidas de apoyo y agilización de los procedimientos de reestructuración de empresas y acuerdos de pago).

Se prevé, por primera vez, una cantidad relevante de procedimientos preconcursales de restructuración de deuda (processo especial de revitalização) sujetos al régimen de aprobación por clases de acreedores y una litigación relevante al respecto. Además, se espera una clarificación —si no legislativa, por lo menos jurisprudencial— sobre la retribución de los administradores concursales, que se ha incrementado de forma muy sustancial con la reforma legislativa de 2022 y que ahora puede alcanzar el 10 % del producto de la liquidación del activo, dependiendo de cómo se interprete la ley.

A continuación puede encontrar algunas de las publicaciones recientes de Uría Menéndez sobre la materia:

^ subir

7. Acciones colectivas

Es previsible que las pautas de la litigación colectiva que hemos observado en estos últimos años se mantengan en 2023. Las empresas proveedoras de bienes y servicios en masa vienen siendo destinatarias, por una parte, de acciones colectivas de cesación por prácticas pretendidamente abusivas, y, por otra, de reclamaciones multicaso tanto en formato de acumulación de acciones individuales en un solo procedimiento como mediante el ejercicio simultáneo de acciones individuales en diversos juzgados.

En este año cabe esperar la trasposición de la Directiva de Acciones de Representación recientemente aprobada, mediante la que la Unión Europea busca impulsar el recurso a las acciones colectivas de reclamación de daños o de restitución (que la Directiva denomina acciones resarcitorias). El Consejo de Ministros ha aprobado un Anteproyecto de Ley para la trasposición de la Directiva, que se tramitará por el cauce de urgencia. Este relevante texto normativo supondrá un cambio de paradigma en el funcionamiento y dinámica de este tipo de procedimientos.

En Portugal se prevé que las acciones colectivas sigan creciendo en número y relevancia a lo largo de 2023, debido a la creciente concienciación de los ciudadanos sobre la importancia de materias de interés común (normativa de consumo, ambiente, patrimonio cultural, valores mobiliarios e instrumentos financieros, etc.) y al incremento del número y sofisticación de las asociaciones y despachos de abogados especializados en estas cuestiones, además del interés de fondos internacionales en financiar los gastos de este tipo de litigios. Se espera que el Gobierno portugués transponga a inicios de 2023 la Directiva (UE) 2020/1828, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, lo que podrá suponer una reforma del régimen de la denominada acción popular, que es la acción colectiva prevista en el derecho portugués desde 1995.

A continuación puede encontrar una publicación reciente de Uría Menéndez sobre la materia:

^ subir

8. Condiciones generales y litigación en materia de consumo

En materia de consumo se espera que siga habiendo una intensa actividad litigiosa en España. Por un lado, las acciones de condiciones generales de la contratación seguirán presentes en el sector financiero y tendrán cada vez más protagonismo en otros ámbitos, como el de los seguros, la energía, las telecomunicaciones o el de la actividad inmobiliaria, singularmente los arrendamientos. Es importante tener en cuenta que, desde agosto de 2022, los Juzgados de lo Mercantil ya no son competentes para conocer de las acciones colectivas sobre condiciones generales de la contratación. La competencia se ha desplazado a los juzgados de primera instancia, lo que con seguridad introducirá relevantes cambios en la dinámica de este tipo de procedimientos.

Por otro lado, se esperan también avances en la jurisprudencia del TJUE, ante el que se están sustanciando todavía relevantes cuestiones prejudiciales, buena parte de ellas planteadas por el propio Tribunal Supremo español, en materias como el alcance del control de transparencia en acciones colectivas de cesación, cláusulas suelo, IRPH o día inicial del cómputo del plazo de prescripción de las acciones de restitución de cantidades abonadas en aplicación de las conocidas como cláusulas de gastos en préstamos hipotecarios.

Los pleitos sobre usura tendrán también un protagonismo importante, sobre todo a raíz de los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo relativos a las denominadas tarjetas o créditos revolving, que introducen matizaciones no menores en la jurisprudencia. De esos instrumentos se puede pasar a otros, como por ejemplo los relativos a contratos de financiación para la adquisición de bienes de consumo.

Finalmente, no es descartable que surjan conflictos derivados directamente de crisis como la energética o de suministro, sobre todo en relación con previsiones de alteración de condiciones contractuales (cláusulas de revisión de precios al alza, de modificación de plazos de entrega o de cancelación de servicios, por ejemplo) vinculadas a este tipo de acontecimientos.

En Portugal se prevé que el Gobierno transponga la Directiva (UE) 2020/1828, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, lo que podrá conducir a un incremento de la litigiosidad en esta materia.

Sin embargo, el grado de litigiosidad de los consumidores a lo largo de 2023 dependerá, en gran medida, de factores externos, sobre todo de la duración y el nivel de incremento de los tipos de interés, del coste de la energía y de la inflación, en general, así como de su repercusión en los consumidores.

^ subir

9. Daños por ilícitos concurrenciales

Todo apunta a que en 2023 continuará incrementándose la actividad de los operadores jurídicos en relación con las reclamaciones por daños y perjuicios derivados de la infracción de la normativa de defensa de la competencia. Si hace apenas unos años estábamos ante una posibilidad más teórica que real, hoy nuestros juzgados se encuentran poblados de miles de reclamaciones de este tipo. Y, ante cada nueva sanción o amenaza de posible sanción por parte de las autoridades, la mirada se centra de forma inmediata en las consecuencias resarcitorias que puede conllevar.

En España, la proliferación de este tipo de procedimientos está multiplicando la carga de trabajo de los Juzgados de lo Mercantil, con efectos perturbadores en muchos casos sobre el tiempo de duración de los procedimientos. Los pleitos relativos al llamado “cartel de camiones” están siendo ahora sustituidos en cuanto a protagonismo por los relativos a vehículos particulares, y todos estos procesos están dando lugar a relevantes pronunciamientos del TJUE (sentencia de 22 de junio de 2022 sobre la aplicación temporal del plazo de prescripción de cinco años fijado en la Directiva 2014/104 en el denominado “cartel de camiones”) y del Tribunal Supremo (auto de 13 de octubre de 2022 sobre el tipo de juicio y la competencia territorial). Durante 2023 se esperan otras relevantes decisiones del Tribunal Supremo español que pueden aclarar aspectos claves de este tipo de reclamaciones.

En Portugal se prevé que la Autoridad de la Competencia (Autoridade da Concorrência) se mantenga extremamente activa en la investigación y sanción de ilícitos concurrenciales en todos los sectores de la economía, además de divulgar públicamente —y de forma inmediata— las acusaciones y sanciones impuestas en el marco de los procedimientos sancionadores instados por esa autoridad portuguesa, lo que permitirá a los clientes de los mercados supuesta o potencialmente afectados conocer la existencia de esos procedimientos y, en su caso, la sanción aplicada.

Por eso, el 2023 estará marcado por una litigación considerable, tanto en la fase administrativa del procedimiento como en sede de impugnación judicial de las decisiones de la Autoridad de la Competencia que declaren la existencia de una infracción. En paralelo, se prevé un incremento sustancial de la litigiosidad por reclamaciones de daños (private enforcement), sobre todo a través de demandas colectivas, a medida que aparezcan asociaciones y despachos de abogados especializados en la materia, y fondos internacionales interesados en financiar los gastos de estos litigios.

A continuación puede encontrar algunas publicaciones recientes de Uría Menéndez sobre la materia:

^ subir

10. Conflictos en materia de seguros

En España, se espera que durante 2023 se siga produciendo una importante litigiosidad vinculada a la pandemia en lo que se refiere a la potencial cobertura de pérdidas por interrupción de negocio (bussiness interruption). A lo largo del año 2022 se han producidos diversos pronunciamientos de Juzgados y Audiencias Provinciales que, en función del tipo de seguro y del concreto clausulado de la póliza, han ido construyendo una determinada posición en torno a la cobertura. Habrá que prestar atención a lo que, en su caso, pueda resolver el Tribunal Supremo y cómo ello afectará a la litigiosidad.

Es previsible que el seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos (D&O) continúe siendo una fuente destacada de procedimientos judiciales. En primer lugar, por la normativa sectorial aplicable a estos colectivos. Por ejemplo, las cuestiones de ESG (enviromental, social and governance) o la normativa concursal (fin de la moratoria concursal o la reciente reforma de la Ley Concursal en lo que a la pieza de calificación se refiere). Igualmente, la situación macroeconómica, con efectos en la liquidez y rentabilidad de las empresas, podría generar un aumento de las reclamaciones contra administradores y directivos (derivaciones de responsabilidad tributaria, acciones individuales y sociales de responsabilidad, etc.) con impacto en la cobertura de las pólizas de D&O.

Al igual que sucedió el pasado año, se vienen detectando cada más ciberataques y amenazas cibernéticas, especialmente tras la guerra de Ucrania, que serán generadores de potenciales reclamaciones de daños en las pólizas de ciberriesgos —incluyendo también la cobertura de pérdidas por interrupción de negocio—, pero con potencial impacto también en el seguro de D&O por hipotéticos incumplimientos de administradores y directivos en esta materia.

En Portugal se espera un incremento paulatino del número de litigios en materia de seguros durante el 2023, como consecuencia del número y trascendencia de los fenómenos naturales extremos que han tenido lugar en el 2022 (incendios, olas de calor, sequía, inundaciones, vientos fuertes, etc.), en los que se discutirá particularmente el ámbito de las exclusiones contempladas en las pólizas de seguro.

En el caso de que surja alguna disputa entre beneficiarios y aseguradoras, es probable que muchos beneficiarios recurran al CIMPAS —Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros—, que es tribunal arbitral en materia de seguros, como ya ocurrió durante el 2022. La previsión es que esta tendencia se mantendrá durante los próximos años con motivo del cambio climático y la recurrencia de este tipo de fenómenos.

A continuación puede encontrar una publicación reciente de Uría Menéndez sobre la materia:

^ subir

11. Sanciones internacionales

La invasión de Ucrania ha provocado una reacción sin precedentes a nivel internacional, principalmente entre los Estados del G7, así como de la Unión Europea. Estas medidas se han materializado en un importante número de sanciones dirigidas contra intereses de la Federación Rusa, incluidas personas físicas y jurídicas. En el caso de la Unión Europea, las medidas restrictivas se han orientado hacia individuos cercanos al Gobierno ruso (diputados, empresarios, asesores del Gobierno, etc.), instituciones financieras vinculadas al Gobierno e incluso medios de comunicación (Russia Today, entre otras). Las medidas restrictivas también se han acordado respecto del Gobierno bielorruso, aunque con menor intensidad.

El resultado de estas medidas ha sido un incremento de la litigiosidad ante los tribunales de la Unión Europea, en particular el Tribunal General, jurisdicción competente para conocer de los recursos de anulación contra actos de las instituciones europeas. En 2023 es previsible que las personas físicas y jurídicas objeto de inclusión en listas de medidas restrictivas recurran estas decisiones, como lo han venido haciendo a lo largo de 2022. Además de los nuevos recursos interpuestos en el año 2023, es previsible que las resoluciones dictadas por el Tribunal General en el futuro año sean recurridas en casación ante el Tribunal de Justicia.

Si bien los tribunales españoles y portugueses no conocen de los recursos directos contra las medidas restrictivas de la Unión Europea, son las autoridades de esos países las responsables de aplicar el régimen de sanciones y, en particular, garantizar su recto cumplimiento y combatir los intentos de elusión de aquellas. Si se detectan conductas de esta naturaleza, las medidas adoptadas por las autoridades españolas o portuguesas serán susceptibles de recurso y litigación ante los tribunales de dichos países.

Estas sanciones pueden producir también efectos en el campo del arbitraje y la litigación, donde es probable que se produzcan conflictos por la imposibilidad de determinadas partes de cumplir con sus obligaciones contractuales a causa de las sanciones.

^ subir

________